Por Matthew Hanley
Si lo has escuchado una vez, lo has escuchado un millón de veces: la vida no puede volver a la normalidad hasta que una vacuna esté lista para detener el COVID-19. Debido al miedo, al pánico agresivo y a la confianza ciega en lo que se nos dice deshonestamente que es «ciencia», este punto de vista ha tomado tal impulso que desafiarlo parece impensable, posiblemente incluso una ofensa punible.
Por un lado, escuchamos que el ingenio y las libertades estadounidenses (que por supuesto deben ser apreciadas) ya nos han permitido estar a punto de producir dicha vacuna en un tiempo récord. Por otro lado, varias voces católicas se han centrado en cuestiones sobre una vacuna que, en algún momento de su desarrollo, podría hacer uso de líneas celulares derivadas de fetos abortados.
Esa objeción es importante, así como nuestra responsabilidad de estar atentos para exigir alternativas no contaminadas (aunque esas vacunas pueden, en determinadas circunstancias, utilizarse lícitamente ya que la cooperación material es suficientemente remota). Sin embargo, hay una cuestión más amplia que requiere mucha más atención de la que ha recibido.
Me refiero a toda la premisa de que una vacuna es necesaria para que las personas reanuden sus vidas, lo cual, desde el punto de vista de la salud pública, es absurdo. Se habla incluso de que puede llegar a ser obligatoria – que la reanudación de las actividades básicas como el trabajo, la escuela, los viajes, el comercio, etc. dependerá de la obtención de la vacuna. Eso sería una maniobra extrema y abiertamente totalitaria, no una medida de salud pública sincera y bien fundamentada.
Un par de consideraciones pertinentes deberían ser suficientes para plantear serias dudas sobre la mentalidad, en la que nos encontramos inmersos hoy en día, de la vacuna como única solución.
Es probable que la tasa de supervivencia general de las personas expuestas al coronavirus se sitúe por encima del 99,6%. La mortalidad por COVID-19 ha seguido su curso en muchos lugares (como tienden a hacer los virus). Y nunca se ha desarrollado con éxito una vacuna para ningún virus de la familia corona.
¿Debería esto llevarnos a la conclusión de que la normalidad no debería volver «hasta que tengamos una vacuna que hayamos distribuido básicamente a todo el mundo», como insiste Bill Gates?
Apoyo el uso médico adecuado de las vacunas, por supuesto. ¿Y quién no? Pero la declaración de Gates es ridícula a primera vista – e inevitablemente provoca la pregunta de qué podría motivarla. Su misantrópica manía de control de la población no es un secreto; tampoco lo es la sospecha de que le gusta utilizar las vacunas – entre otras tecnologías – para alcanzar ese fin.
Su esposa, Melinda Gates (nominalmente católica), ha saltado a las páginas de Foreign Affairs para preocuparse por el impacto que COVID-19 tendrá en las cadenas de suministro de anticonceptivos. Mientras tanto, las masas han estado soportando encierros surrealistas y un desempleo masivo, que hacen que las oscuras sospechas sobre agendas no tan ocultas sean difíciles de descartar.
El número real de personas que han muerto como resultado de COVID-19 ha sido difícil de determinar, en parte porque las autoridades y los medios de comunicación complacientes han mezclado deliberadamente posibles casos de COVID-19 con muertes por afecciones subyacentes. Después de meses de incesantes informes de los medios de comunicación, la CDC acaba de informar que en realidad sólo el 6% de las muertes atribuidas a COVID-19 – menos de 10.000 personas – no coinciden con afecciones letales subyacentes.
Cerca de la mitad de las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos han ocurrido en hogares de ancianos – una acusación por parte de las autoridades que descuidadamente expusieron a este grupo vulnerable a portadores conocidos. ¿Qué tan segura y efectiva será la vacuna para la población anciana y vulnerable que el COVID-19 mata principalmente y para las masas presionadas para someterse a la dosis?
En realidad se puede desencadenar una reacción perjudicial, si es que no inmediatamente (como lo atestiguan los eventos adversos de los ensayos en curso) y luego posteriormente, al momento de la eventual exposición al patógeno.
El hecho de que los fabricantes no sean legalmente responsables de lo que ocurra en estas circunstancias de «emergencia» no inspira confianza. Y los esfuerzos por estudiar la mejor manera de convencer a la gente para que se vacune – Yale está probando qué tipo de discurso de venta (por ejemplo, la culpa y otras formas de manipulación emocional) sería más persuasivo – tampoco inspira precisamente confianza.
Inyectar a personas sanas con una vacuna que no es necesaria y que puede causar algún daño no es parte del tradicional juego ético. Y es, pura y simplemente, falso pensar que es una necesidad urgente sobre la que todo lo demás debe girar. Es la demanda de «seguridad» enloquecida.
Oh, ¿y mencioné que la próxima vacuna probablemente empleará técnicas de ingeniería genética por primera vez en la historia? La metodología de ARNm usada por al menos uno de los principales candidatos a la vacuna nunca ha sido probada previamente, y mucho menos clínicamente. Cruzar ese puente podría tener profundos efectos de onda expansiva que apenas hemos considerado, y seguramente parece contradecir el supuesto espíritu de «la seguridad ante todo» que ha dominado la toma de decisiones de COVID-19.
Insistir en este enfoque es aún más exasperante cuando han surgido tratamientos seguros y eficaces -que también resultan ser muy baratos-, sólo para ser difamados y ocultados de los que podrían beneficiarse. Se ha demostrado más que adecuadamente que la hidroxicloroquina (en particular como tratamiento temprano para pacientes ambulatorios en combinación con zinc y/o antibióticos) es bastante útil en la práctica en tiempo real (comparando los resultados de los países que la utilizaron -y cuando lo hicieron- con los que no lo hicieron). Pero esto es de alguna manera una noticia rotundamente inoportuna.
Prohibir su uso no tiene sentido, especialmente porque todas las drásticas obligaciones impuestas al público se referían supuestamente a «salvar vidas».
Se nos ha dicho repetidamente que «estamos todos juntos en esto», por lo que nos cuesta ver que tanto el bienestar individual como el bien común han estado en la mira durante meses, sin un final a la vista. Suponemos que una vacuna es realmente el boleto de salida de este lío fabricado.
No hemos hecho la obvia pregunta cui bono (¿quién se beneficia de estas restricciones sin precedentes, irrazonables e inhumanas?), que tiene una respuesta bastante obvia: aquellos con ciertas agendas financieras, políticas e ideológicas.
Hemos sido manipulados, condicionados – y lamentablemente complacientes. Y eso, no la falta de una vacuna, es el problema urgente.
Acerca del autor:
El nuevo libro de Matthew Hanley, Determining Death by Neurological Criteria: Current Practice and Ethics, es una publicación conjunta del National Catholic Bioethics Center y Catholic University of America Press.
No se puede poner a la venta una vacuna casi sin testar en animales y humanos; sin saber sus consecuencias a mediano y largo plazo. De hecho las Farmacéuticas han dicho que no se responsabilizan de sus efectos… ¿Quien se atreve a ponerse una vacuna en estas circunstancias? Si lo normal, en las vacunas fiables, son diez o quince años de estudio… Cuanto más en una vacuna que modifica el ADN y el ARN y sus efectos son irreversibles, si los tuviere.