Es imposible continuar sosteniendo, ante las dudas que persisten y se acumulan, que la eventual designación de un próximo rector en la Basílica de Guadalupe, sucesor del canónigo Efraín Hernández, pueda tratarse como un asunto de trámite eclesiástico más. Quien sea, constituye un motivo ineludible para realizar un análisis profundo de la situación que atraviesa el principal santuario mariano de México y de América. Las circunstancias que rodean al recinto exigen mirar más allá de los nombres y examinar las estructuras, las responsabilidades y las cuentas pendientes que han erosionado su credibilidad ante los fieles y ante la opinión pública.
A diferencia de lo que podría haber ocurrido con una designación unilateral por parte del arzobispo de México, el proceso parece orientarse hacia la propuesta de un canónigo del propio cabildo guadalupano. Esta circunstancia tiene un peso específico, el cuerpo colegial estaría imponiendo su criterio sobre posibles decisiones externas, reafirmando así su papel en el santuario. No se trata de un detalle menor en un momento en que la confianza en las instituciones eclesiales atraviesa momentos delicados.
El cabildo guadalupano, cuerpo colegial compuesto por trece sacerdotes, tiene la responsabilidad principal, de acuerdo con lo establecido por el breve apostólico Praestatem Pietatem de san Juan Pablo II, de mantener el ministerio cultual, litúrgico y sacramental del santuario. Además, bajo la coordinación de un rector, los canónigos ejercen de forma colegiada el ministerio sacerdotal.
Las líneas de su organización lo colocan directamente bajo la tutela del arzobispo de México. De los catorce miembros efectivos, siete han sido designados por el actual arzobispo y, según sus disposiciones, permanecerán en el cargo por un período determinado, habitualmente de seis años. Los otros fueron nombrados por el arzobispo predecesor y conservan su ejercicio hasta la edad de retiro establecida por el derecho canónico o unos años más. Esta composición genera un escenario en el que la continuidad y la renovación coexisten, pero también pueden generar tensiones que el nuevo rector deberá gestionar.
El perfil que se requiere para el cargo trasciende la capacidad de gestión administrativa. Es importante destacar que nadie lo fiscaliza, salvo su superior inmediato. El nuevo rector necesita una personalidad que logre amalgamar los esfuerzos de todos los colaboradores de la Basílica, desde los canónigos hasta el personal laico y los grupos de servicio. Al mismo tiempo, deberá afrontar sin evasivas la crisis que ya se encuentra en el ojo público.
Su designación no representa un borrón y cuenta nueva. Tampoco puede servir como cortina de humo para afirmar que las cosas están bien, que todo se ha reparado y que no existen deudas ni preguntas pendientes. La realidad es más compleja y exige reconocer que persisten problemas estructurales que no se resuelven con un simple cambio de nombre en el organigrama.
Lo fundamental será verificar si el designado demuestra una autosuficiencia real, es decir, que no está dispuesto a refugiarse en el gatopardismo que, cambiando las formas, mantiene el fondo para complacer al arzobispo de México y beneficiarse así mismo del arca abierta. Su liderazgo no debe orientarse a encabezar vendettas o revanchas que dividirían aún más el ya fracturado ambiente interno. Por el contrario, actuando siempre en clave de colegialidad auténtica, el nuevo rector tiene la oportunidad —y obligación— de impulsar una reforma profunda del santuario, similar en profundidad a la que se produjo cuando finalizó la era de los abades mitrados. Esa reforma histórica demostró que es posible transformar estructuras anquilosadas cuando existe claridad de visión y determinación.
Sin embargo, más allá de las buenas aspiraciones y de los deseos sinceros de que este nombramiento marque un punto de inflexión, es necesario afirmar con rigor que queda mucho por responder. No, la crisis no está resuelta. No se puede ver solamente a la marioneta cuando no se dirige la mirada hacia arriba, hacia quien o quienes mueven los hilos. Esos actores tienen todavía mucho que decir y que aclarar. Porque el problema no se circunscribe a un nombramiento aislado. Se trata de la progresiva corrosión que ha configurado una estructura institucional de la que unos pocos se han beneficiado, no en el ámbito espiritual ni en el servicio generoso a los peregrinos, sino en las cosas de este mundo. Mientras esa dimensión no sea abordada con transparencia y rendición de cuentas, cualquier cambio en la rectoría seguirá siendo insuficiente para recuperar la confianza que la Iglesia de México espera y merece en la “Casita” de Nuestra Señora de Guadalupe.