Una maniobra turbia, desleal y nada sinodal. Así lo estimaron quienes la mañana, previo a la celebración de Pentecostés, no cabrían en la sorpresa de ver reivindicado al canónigo Efraín Hernández Díaz. Este domingo 24 de mayo, en la misa de mediodía celebrada en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, se consumó uno de los giros más controvertidos en la reciente historia del principal santuario mariano de México. Removido de su cargo de rector en septiembre de 2025 tras graves señalamientos del cabildo guadalupano, regresó a la rectoría sin mayor explicación pública convincente ni documentación que avalara el cierre limpio de la investigación canónica abierta en su contra.
Pero el tristísimo panorama ofrecido en la celebración principal de la festividad, era consecuencia de una reunión previa que en 15 minutos, consumó lo que se preveía. El cabildo guadalupano fue convocado con apenas unas horas de antelación para anunciar el regreso del defenestrado y aparentemente rehabilitado canónigo. La premura del llamado no solo generó desconcierto, sino que subrayó el estilo de la pastoral de la opacidad con el que la arquidiócesis de México ha manejado este caso desde el principio.
Lo que en septiembre de 2025 se presentó como una decisión para salvaguardar la administración del santuario, se convirtió en una reversión repentina que deja más interrogantes que respuestas. Los hechos que llevaron a la remoción de Hernández Díaz están ampliamente documentados. El cabildo guadalupano, en un acto de responsabilidad pastoral, remitió una carta formal al arzobispo Aguiar Retes en la que consignaba irregularidades graves en la gestión pastoral y administrativa del rector con posibles casos de corrupción que rayaban lo inaudito. La misiva se entregó en el domicilio privado del arzobispo, advirtiendo de la urgencia de destituir a Hernández Díaz y abrir una investigación previa canónica inmediata.
Aguiar Retes, quien hasta ese momento había puesto a Efraín Hernández como hombre de su confianza y solapado de su administración, aceptó en su momento el grado de veracidad de los señalamientos. El 20 de septiembre de 2025 comunicó la decisión de retirarlo mediante el decreto protocolizado con número 817/2025, suscrito por el propio arzobispo y pasado por la fe de la canciller María Magdalena Ibarrola y Sánchez. El decreto lo separó de la rectoría y dispuso que “dejara de pertenecer al cabildo de Guadalupe”, aunque conservaba las licencias para ejercer el ministerio sacerdotal.
Paralelamente, por decreto protocolizado 890/2025, Aguiar designó como rector interino (al que llamó “suplente”) al vicerrector y arcipreste de Guadalupe. La medida parecía responder a la gravedad de los hechos denunciados: presuntas irregularidades administrativas, riesgos a la seguridad de empleados y canónigos y la existencia de una red de “asesores” con conductas cuestionables, entre otras cuestiones, que el cabildo consideró un escándalo tanto ad intra como ad extra de la Iglesia. Todo escaló hasta la Conferencia del Episcopado Mexicano y a la nunciatura apostólica. No sólo eso, consta igualmente que el Papa León tendría en sus manos un expediente de documentos en el que constaban cómo la Basílica estaba siendo botín de unos cuantos.
Aunque se conocía que una próxima sentencia canónica estaba por resolver el caso, el madruguete de Aguiar reviró todo lo actuado. En esa reunión matutina con el pleno de canónigos Aguiar justificó la reinstalación de Efraín Hernández sin presentar documento alguno que avalara que cada uno de los argumentos expuestos en la carta del cabildo hubieran sido desestimado en la investigación. El único argumento esgrimido fue que el arzobispo “ya habría informado al nuncio apostólico” de los resultados, es decir, no se encontró nada grave. No hubo sentencia formal que respondiera punto por punto a la extensa carta enviada al arzobispo y al vicario judicial. Hasta donde se conoce públicamente, no hay evidencia judicial objetiva y contundente que declare la inexistencia de los hechos que motivaron la separación inicial del canónigo y anularan el decreto reivindicando al cuestionado clérigo.
Peor aún, el decreto de remoción (817/2025) existe y fue protocolizado. No consta, sin embargo, otro que Aguiar haya entregado esta mañana de domingo al cabildo y que dejara sin efecto aquella disposición que ordenaba que Efraín Hernández dejara de pertenecer al mismo. La reinstalación, por tanto, se produce en un limbo que genera más dudas que certezas.
En la misma reunión, Aguiar reconoció que la Basílica estuvo bajo auditoría de la empresa Deloitte. No obstante, los resultados de esa auditoría y los detalles de los aspectos revisados, entre los que se encontraban señalamientos precisos sobre la malversación de fondos, se desconocen. Según información de Deloitte, cualquier auditoría que se le encarga tiene por objetivo una opinión sobre los estados financieros de Basílica y si ofrecen una imagen justa en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los marcos de información financiera identificados. Todas esas auditorías llevan un rigor que aporta datos sobre cumplimiento hasta de las obligaciones fiscales y no se dicen sólo de palabra, se reportan en un informe pormenorizado que tiene precios a pagar; Aguiar, no presentó ningún resultado.
Si, como afirma Aguiar, tanto el nuncio apostólico como el Papa están enterados de los resultados de la investigación canónica y de la auditoría realizada por Deloitte, no existe razón alguna para no dar a conocer al cabildo y al clero arquidiocesano los argumentos concretos por los cuales la carta del cabildo, las pruebas recabadas y las declaraciones de los testigos “no tuvieron sustento”. Tampoco se entiende por qué no se hace público lo que la empresa privada examinó y que, supuestamente, exoneró de irregularidades al rector.
Más sospechosas se levantan, por otro lado, cuando la reunión de este domingo de Pentecostés se realizó sin la presencia de otros interlocutores relevantes que habían participado en encuentros anteriores, como el nuncio apostólico Joseph Spiteri —quien, hasta esta fecha, se encuentra en Malta— ni el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien ahora atiende situaciones pastorales particulares tras la Caminata por la Paz del 16 de mayo, una mañosa movida de Aguiar para aprovechar esa coyuntura e imponer su decisión sin mayores contrapesos.
Demostrar con hechos y documentos que no existe sospecha alguna de malversación de fondos y que Efraín Hernández Díaz no es un parapeto útil para mantener la Basílica bajo opacidad absoluta es una exigencia mínima de honestidad y responsabilidad episcopal. En todo este gobierno arzobispal, Aguiar Retes no ha rendido cuentas claras a nadie. Ha devastado los colegios de consultores, nadie sabe el control real de colectas y, peor aún, no hay certeza del patrimonio del arzobispado de México y tampoco evidencia alguna de informes económicos. Esto convertiría a Aguiar en un infractor de los cánones de la Iglesia y su pretendida sinodalidad se ha convertido en un cliché repetido hasta el cansancio, mientras la muletilla del “ya informé” sirve para evadir responsabilidades y mantener bajo control sospechoso el manejo de uno de los recintos religiosos más importantes del mundo.
Si Aguiar no rinde cuentas de la administración del rector Hernández, no solo levanta legítimas preguntas sobre sus propios intereses en Basílica, sino que comete un error de consecuencias que aún falta por descubrir. Apostar por la opacidad y por lealtades personales, en lugar de la verdad y la transparencia podría llevarlo a pasar a la historia no como el pastor sinodal que dice ser, sino como el arzobispo de México que jugó a la ruleta rusa contra sí mismo.
Por si esto fuera poco, Aguiar también destapó sus ambiciones sobre Basílica, el control absoluto del cabildo. Su intención de reconfigurar el cuerpo colegial hasta alcanzar 18 canónigos, quiere abrir la puerta a miembros de otras diócesis. Al mismo tiempo, comenzaría a separar inmediatamente a aquellos que ya alcanzan la edad canónica de jubilación. Esta movida busca colocar en posiciones clave a canónigos leales al arzobispo, incluso provenientes de diócesis donde todavía conserva incondicionales.
Y esto bajo la afirmación de que Aguiar dijo al propio Papa Francisco que “el cabildo quería” que él estuviera los domingos en la celebración principal, pero no consta documento ni testimonio alguno que confirme que tal petición haya sido hecha al llegar como arzobispo primado de México.
La restitución de este 24 de mayo no cierra un capítulo. Lo abre. Y nada más elocuente que la diezmada y triste imagen de la festividad de Pentecostés. El binomio de un amo y su vasallo. El arzobispo solo y un manipulable canónigo empecinado en que su patrón sólo le puede salvar. Ellos entonando el canto más profundo de esta festividad. Y quizá, de entre todos sus versos, uno en particular resonó hasta la médula, en su psiqué y ánima: “… El pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias y cura nuestras heridas”.