Proceso, la publicación mensual de análisis político, publicó en su edición de julio de 2026 un artículo, “El caso de malversación de limosnas que salpica al cardenal Aguiar Retes” sobre los escándalos financieros en Basílica de Guadalupe. Lo mismo hizo el programa “Sacro y Profano”, el pasado 1 de julio, al tratar el el tema con el rigor del análisis de especialistas convergiendo en un punto, la exigencia de transparencia e información de los resultados de las investigaciones.
Proceso informó de uno de los elementos medulares, la auditoría de Deloitte, la cual, asegura, es conocida por la Conferencia del Episcopado Mexicano conforme a las afirmaciones hechas a esa publicación por el director de comunicación y prensa, Óscar Cruz, ya que el “arzobispo nos ha mantenido informados de los resultados”, sin embargo, tampoco dio detalles sobre las indagatorias, según la misma publicación.
La auditoría externa encargada a la firma Deloitte forma parte central de la investigación canónica previa (IP 17/2025) abierta en octubre de 2025 tras las denuncias del cabildo guadalupano contra la gestión del rector, Efraín Hernández Díaz. Sin embargo, sus resultados completos no han sido hechos públicos hasta la fecha. Esto limita cualquier opinión detallada de hallazgos, dictamen o recomendaciones, pero permite un análisis riguroso del proceso, su contexto, implicaciones y las razones por las que la opacidad en torno a ella ha profundizado la crisis institucional.
Lo que se sabe con certeza de la auditoría son datos y afirmaciones a partir de los mismos responsables eclesiásticos. Carlos Aguiar Retes confirmó personalmente que Deloitte, una de las cuatro grandes empresas de auditoría a nivel mundial, realizó la revisión de las finanzas de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. El objetivo declarado era revisar la gestión administrativa, económica y patrimonial denunciada por los canónigos (problemas en contratos, extracción de documentación reservada, clima interno balances financieros y hasta cuestiones fiscales.
La declaración del arzobispo, al comunicar la restitución del rector, afirmó ante el cabildo que “habiendo concluido estos procesos de la auditoría realizada por la empresa Deloitte y por el tribunal eclesiástico de nuestra arquidiócesis, y no habiendo causa alguna que lo impida”, Hernández Díaz retomaría sus funciones. Esta fórmula es deliberadamente jurídica, pero parca: no afirma que el rector haya sido exonerado, ni resume conclusiones, ni detalla si se detectaron irregularidades o si se implementaron correcciones como consecuencia principal de una auditoría.
Dado el perfil de Deloitte y el tipo de entidad, un santuario con reconocimiento civil como asociación religiosa y alto flujo de recursos, la auditoría probablemente incluyó la revisión de estados financieros y los ingresos por donativos, ventas en tiendas y colecturías, de las principales fuentes de recursos de Basílica, rentas de locales y espacios de ventas a empresas de recuerdos o restaurantes, los fideicomisos como el que administra el Cerrito y espacios del complejo demás de los egresos como la titánica labor de mantenimiento, labores de pastoral, personal y operación, además del control de las propiedades de Basílica como las casas sacerdotales y otros predios de su propiedad.
La evaluación de controles internos, especialmente sobre recaudación de efectivo, las alcancías y sistemas de recolección de monedas y billetes generan volúmenes significativos diarios, su tratamiento, las cuentas y donativos en otras monedas, especialmente en dólares, y si su conversión ha sido a moneda mexicana.
El análisis de contratos y adquisiciones señalados como problemáticos por el cabildo. Revisión de cumplimiento normativo, del derecho canónico sobre bienes temporales y legislación mexicana aplicable a asociaciones religiosas por obligaciones fiscales ante el SAT y la debida transparencia conforme sea aplicable. Posible componente forense o de investigación de irregularidades si las denuncias iniciales lo justificaban por desvíos, malversación, debilidades de control o manejos irregulares y hasta ilícitos de los recursos de la entidad y cómo ha participado la economía del arzobispado de México.
Basílica recibe decenas de millones de peregrinos al año. Aunque no publica cifras oficiales detalladas de sus ingresos directos, estimaciones indirectas y reportes periodísticos hablan de flujos de cientos de millones de pesos anuales solo en ofrendas y donativos, además de la derrama económica turística mucho mayor, que en periodos pico como diciembre supera los 20 mil millones de pesos. Esto hace que una auditoría externa sea especialmente relevante por el volumen de transacciones en efectivo y la sensibilidad del patrimonio espiritual y material. Quizá una de las principales fuentes, de las más confiables, para conocer los estimados financieros sea el del período del anterior rector, el padre Salvador Martínez Ávila, quien afrontó circunstancia verdaderamente extraordinarias como las del covid-19 que puso al recinto en complicaciones financieras por la caída que representó la pandemia.
La decisión de no hacer públicos los resultados, ni siquiera un resumen ejecutivo o el dictamen con salvedades es el aspecto más criticado y tiene consecuencias directas como la erosión de confianza, fieles, donantes, canónigos y observadores externos no pueden verificar si las prácticas denunciadas de irregularidades de gestión económica o de falta de control fueron corregidas. La restitución del rector sin explicación pública generó la percepción de que la auditoría sirvió más como trámite que como instrumento de rendición de cuentas.
No menor es la legitimidad institucional. En el derecho canónico, las decisiones sobre remoción o restitución de oficios deben fundarse en pruebas. La fórmula usada por arzobispo, “no habiendo causa alguna que lo impida” fue más débil que una declaración de inocencia o de que “no se acreditaron irregularidades”. La ausencia de transparencia debilita la autoridad moral de la decisión.
Hay un riesgo en la credibilidad de la Iglesia. La Basílica es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo. La opacidad azuzada por Aguiar Retes alimentó especulaciones y rumores, algunos de ellos graves y no verificados en fuentes serias, pero sí en el sensacionalismo de los likes y suscripciones en redes sociales. Esto contrasta con los estándares de transparencia que la Iglesia ha promovido en los últimos años a nivel universal.
Hay también consecuencias en las dimensiones canónicas y civiles. Mientras los procesos internos pueden tener reservas de confidencialidad, la gestión de bienes temporales de la Iglesia debe ser prudente, transparente y ordenada a la misión conforme a los cánones1254-1310 del Código de Derecho Canónico. En el ámbito legal, las asociaciones religiosas tienen obligaciones de rendición de cuentas ante autoridades civiles.
Dado que el informe no es público, no se puede responder con certeza a cuestiones esenciales y necesarias. ¿El dictamen de Deloitte fue limpio, con salvedades, adverso o con abstenciones de opinión? ¿Se identificaron debilidades materiales en controles internos, irregularidades en contratos o en el manejo de recursos? ¿Qué recomendaciones se emitieron y cuál es su grado de implementación? ¿Existen hallazgos que justifiquen medidas adicionales de supervisión o reformas estructurales en la gobernanza del santuario?
Aunque la auditoría de Deloitte fue un paso positivo en intención de poner orden y de afirmar o descartar las acusaciones del cabildo, incorporar una firma internacional de prestigio para dotar de rigor técnico e imparcialidad a la investigación canónica debería refrendar un aspecto positivo en el gobierno de Carlos Aguiar, pero no es así. La falta de publicación de sus resultados ha transformado la auditoría en un nuevo elemento de la crisis en lugar de un mecanismo de resolución. Mientras los resultados sigan reservados, la crisis de la Basílica de Guadalupe difícilmente podrá considerarse superada, independientemente de la restitución administrativa del rector o el planteamiento de que, en próximos días, ya habrá la designación de un nuevo rector con la venia de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Si en el futuro se publican resúmenes, dictámenes o comunicados oficiales, será posible realizar un análisis más técnico y preciso. Pero ahora, el principal hallazgo público es la ausencia de transparencia en torno a una auditoría que, paradójicamente, fue solicitada precisamente para generar claridad, certidumbre y, sobre todo, como afirma el Evangelio, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz. (Lc 8, 17)