El caso Rangel Mendoza apunta a ser otro de impunidad donde todos son inocentes, menos la víctima. Aunque hay cabos sueltos, el derrotero ya machacó moralmente a la persona del obispo quien, en redes sociales, ha sido crucificado colgándole mil indecencias y delitos sin siquiera haber llegado al fondo de los hechos; cierto, cabos sueltos como su mismo hallazgo, su entrevista con un sujeto en una pizzería, las compras hechas con sus tarjetas, su rescate y traslado hasta donde fue internado.
Nadie, al momento, ha logrado una declaración consistente de los hechos a una semana, el enfrentamiento entre el gobierno fallido de Morelos y una fiscalía que da tumbos y golpes ciegos, no han dado a la opinión pública una relatoría de hechos producto de indagatorias imparciales y profesionales; una pieza clave será la declaración del mismo obispo, pero, de haber sido drogado, ¿qué tanto podrá recordar?
Lo cierto es que el caso Rangel Mendoza, como el de otros clérigos, está envuelta en la niebla de lo más fácil: el desprestigio y descrédito moral. A lo largo de más de una década, el Centro Católico Multimedial ha documentado los casos donde, las sacerdotes agraviados y asesinados, pasaron por la guillotina de los señalamientos de inmoralidad, vidas dobles o de delitos que jamás se cometieron.
Uno de ellos, tristemente célebre, ocurrió el septiembre de 2016. El padre José Alfredo López Guillén, también fue secuestrado y fue difamado hasta al punto de que se le acusó de que, antes de su muerte, habría ingresado a un hotel junto con un menor. Gracias a la difusión de esta infamia, la madre del niño desmintió el hecho aclarando que era su esposo y no el clérigo cuyo cuerpo fue hallado sin vida una semana después de su desaparición.
Otros casos también apuntaron hacia la difamación antes que a las indagatorias objetivas e imparciales. Los padres Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, fueron asesinados en febrero de 2018 por su presunta asociación con grupos criminales de esa parte de Guerrero y Morelos.
Pero la difamación de Salvador Rangel no sería la primera vez en su trayectoria eclesiástica. Y la amenaza de un levantón para propósitos de “reeducación”, tampoco. Una delicada situación enfrentó en diciembre de 2018 cuando fue amenazado por guardias y policías comunitarios por ser “parcial” en sus acercamientos con presuntos líderes del crimen y cárteles del Estado de Guerrero.
Según los comunitarios, en declaraciones al periódico “El Sur”, Rangel Mendoza habría recibido dinero y prebendas del Cártel del Sur. Ante esto, autodefensas afirmaron que podrían privar de la libertad al prelado para someterlo a un proceso de reeducación a fin de acabar con las supuestas preferencias y acercamientos del obispo. El 11 de diciembre, la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero advirtió de la posibilidad real de agresión al obispo por lo que urgió a la Secretaría de Gobernación federal sobre la adopción de medidas al respecto. El obispo, en entrevista del 6 de diciembre, defendió su pastoral para llegar a todos y procurar la paz y la reconciliación. Ante las amenazas de las autodefensas afirmó: “Ellos pueden decir lo que gusten, lo que quieran… ¿Bajo qué pretexto me pueden detener? ¿Cuál es la acusación o tienen el derecho a detenerme? La suya sería una detención arbitraria y los penalizados serian ellos, no yo… ¿Cómo me van a detener? ¿Me van a secuestrar? Y luego, ¿A dónde me van a llevar? Yo creo que son palabras demás”.
Ya en el retiro, Rangel Mendoza enfrenta una grave situación que hace pensar que “esas palabras de más” no lo fueron tanto. Pero en México, el debilitamiento del Estado de derecho y el encumbramiento de la impunidad están por encima de la justicia. El daño está hecho y ahora, como en los casos de López Guillén, Añorve Jaimes y Muñiz García, el prelado emérito enfrenta una durisíma situación de infamia que no debió llegar a las redes sociales debido a la irresponsabilidad de las autoridades.
Como afirma el secretario general de la CEM, el obispo de Cuernavaca Ramón Castr Castro en un mensaje difundido este domingo 5 de mayo, este caso “tomó un giro de instrumentación política”. Efectivamente, en medio de las polarizaciones y donde la mejor arma es la difamación para que otros salven su pellejo, el caso Rangel Mendoza apunta a un choque entre la Iglesia católica y el gobierno estatal y de instancias superiores y, en medio, una víctima, el obispo Rangel quien, aún en el retiro, es amenazado con ser devorado por lobos dispuestos a despedazar todo lo que sea.
