Aborto y política
La cuestión del aborto continúa siendo un objeto privilegiado de discusión en muchos países. La ola mundial de aprobación del “crimen abominable”, como lo llamó el Concilio Vaticano II, es impulsada por los movimientos feministas, los sectores progresistas, y la izquierda en los Estados; y los grupos “católicos”, que se someten a la concepción neopagana de la vida, apoyada en presuntos “derechos” antihumanos, y contrarios a la Ley de Dios.
Recientemente, en Francia, el Senado votó a favor de la enmienda que “garantiza la libertad de acceso al aborto” en la Constitución. El miércoles 28 de febrero, 267 senadores sobre un total de 317 votaron por el proyecto de reforma constitucional, en los mismos términos ya expresados en la Asamblea Nacional. Solo 50 senadores se opusieron al texto, que fue adoptado el lunes 4 de marzo, durante un Congreso convocado en Versalles. Ese texto propone añadir el párrafo número 17 al artículo 34 de la Constitución, promulgada el 4 de octubre de 1958, que dispondrá: “La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”. Notemos el eufemismo con que se designa la eliminación del niño por nacer, y la concepción perversa de la libertad, condenada por la doctrina de la Iglesia, como enseñó con elocuencia San Juan Pablo II. Cualesquiera sean las dificultades que puede llegar a afrontar una mujer embarazada, el aborto que sigue siendo un ataque a la vida en sus orígenes, no puede ser visto desde el punto de vista de los “derechos humanos de las mujeres”, como predica el feminismo. La situación de Francia es contradictoria: salen a luz numerosas formas de violencia contra las mujeres y los niños; la Constitución debería asumir la protección de unas, y otros. En el otro extremo, promueve el “suicidio asistido” de los enfermos terminales. El gobierno del masón Emmanuel Macrón asume el costado siniestro de la cultura francesa, que no reconoce el valor de la vida humana, y el auténtico sentido de la libertad.
Muy distinta es la situación de los Estados Unidos, un país seriamente federal. Aunque el presidente Joe Biden es un “católico” abortista, en varios Estados se aprueba una legislación respetuosa de la vida del niño por nacer. En algún caso se reflotan antiguas leyes antiaborto. Esta es la situación, por ejemplo, de Arizona: la Corte Suprema de esa jurisdicción dictaminó recientemente que el Estado puede implementar su ley de 1864, que penaliza todos los tipos de abortos, con la única excepción de cuando la vida de la madre está en riesgo. La posición política desempeña un papel fundamental; los demócratas, en general, son abortistas, mientras los republicanos están a favor de custodiar la vida del niño por nacer. En el caso de Arizona, protestó la fiscal general, la demócrata Kris Mayes, en abierta discrepancia con su antecesor, el republicano Mark Brnovich, quien apenas la Corte Suprema federal anuló, en 2022, el fallo “Roe contra Wade”, que garantizaba el derecho constitucional al aborto, persuadió a un magistrado estatal de Tucson, para que reflotara la vieja ley, que entraría en vigor en catorce días, y fue calificada de “cruel” por el presidente Biden. La mayoría de los Estados, gobernados por republicanos, empezaron a aplicar nuevas prohibiciones, o restricciones (en 14 Estados está vedado el aborto en todas las etapas del embarazo, con limitadas excepciones), mientras que en muchos de los liderados por sus adversarios políticos han tratado de proteger el acceso al aborto. El presidente Biden ha reprochado lo decidido en Arizona, calificándolo de “prohibición extrema y peligrosa”. Los partidarios del “derecho” al aborto suelen apelar a los trágicos casos de violación, o incesto.
Un tema de discusión en Estados Unidos es la penalización de las mujeres que abortan. Líderes católicos provida dicen que no deben ser castigadas. Más de 70 líderes provida, incluido el Arzobispo William Lori, quien dirige el Comité Provida de los Obispos de Estados Unidos, exigen que los legisladores estatales se nieguen a criminalizar a las mujeres que abortan: “Declaramos inequívocamente que cualquier medida que busque criminalizar, o castigar a las mujeres no es provida, y nos oponemos firmemente a tales esfuerzos”. La iniciativa se encuentra en una Carta del 12 de mayo de 2021, dirigida a los legisladores estatales, y llega cuando en Estados como Louisiana consideraban una legislación que podría someter a las mujeres que obtienen abortos a enjuiciamiento penal, y prisión. La Carta se cuida de decir que en cada aborto hay dos víctimas: tanto la madre, como el hijo por nacer; “convertir en criminales a las mujeres que abortan no es el camino”. Esta posición debería ser discutida; se juega en ella la seriedad de la legislación antiabortista. Si el aborto es considerado un crimen, no se ve por qué las mujeres que incurren en él no deben ser penalizadas. Es verdad que muchas situaciones son difíciles, y dolorosas; éstas deben ser tenidas en cuenta para evaluar la responsabilidad. Varias organizaciones, muchas de ellas dirigidas por católicos, ofrecen curación y esperanza a las mujeres dañadas por el aborto que han cometido. Así como la Iglesia Católica condena el aborto, también enfatiza la importancia del perdón, y la misericordia para las mujeres que han abortado. Los sacerdotes que tenemos experiencia del confesionario conocemos muy bien el dolor de muchas mujeres, que es difícil de consolar. Causa pena que tantas jóvenes se plieguen a los argumentos abortistas, en un alarde de superficialidad ante lo que significa un verdadero drama: el daño irreparable causado al inocente, que es condenado a muerte, así como a los padres, y a toda la sociedad. Éste es el lugar de enaltecer la libertad de elección de los padres que deciden, incluso en situaciones difíciles, quedarse con su hijo.
Volviendo a la situación de Francia, es necesario destacar el caso de varios obispos que se han pronunciado públicamente sobre el resultado de la votación sobre el aborto, el arzobispo de Lyon, monseñor Olivier de Germay, destacó la dificultad de expresarse sobre ese tema, sin correr el riesgo de convertirse en blanco de los medios de comunicación. Monseñor Pascal Wintzer, arzobispo de Poitiers, lamentó en el diario “La Croix” que “la muerte parece más protegida de lo que se fomenta la vida”. Los obispos de Francia ya habían expresado su oposición al texto de la enmienda constitucional, en su asamblea de noviembre de 2023, en una declaración titulada “Toda vida es un don”.
¿Y la Argentina? El régimen kirchnerista cedió a la avanzada del feminismo ultra, y promulgó la ley N° 27.610, del 30 de diciembre de 2020, que establece que el aborto inducido es legal y gratuito, en los casos habilitados desde 1921 (aborto terapéutico, y en caso de violación), o en todos los demás casos cuando la gestación no supere la semana 14, incluida. ¿Cuántos niños por nacer habrán sido eliminados desde entonces, con el beneplácito político? Los abortistas siempre exageran las cifras para hacer creer que se trata de algo normal, y necesario pero, de cualquier manera, la autorización legal es una incitación, y un medio de presión sobre la cultura y la mentalidad común de la sociedad.
El actual gobierno debería animarse a extender su carácter liberal, y libertario, al caso del aborto, y derogar la siniestra ley 27.610. El Episcopado argentino tan preocupado por el problema de la pobreza, tendría que solicitarlo, y extender su inquietud a los más pobres entre los pobres, los niños por nacer.
+ Héctor Aguer
Arzobispo Emérito de La Plata.
Buenos Aires, miércoles 17 de abril de 2024. –
