La Conferencia Episcopal de Hungría ha pedido perdón a las víctimas de los eclesiásticos que colaboraron con la policía secreta del régimen comunista, tras la apertura de los archivos de los servicios de seguridad del Estado. «En su nombre, pedimos perdón a las víctimas y a sus familiares», afirman los obispos en una declaración difundida el 4 de noviembre, el mismo día en que los expedientes se hicieron públicos. Entre los nombres que aparecen en los archivos figuran, según EWTN News, los del cardenal László Paskai y el arzobispo István Seregély.
Los archivos, que el primer ministro Péter Magyar calificó de revelación largamente demorada, contienen unos 60.000 nombres de informantes. Su publicación ha reabierto en Hungría el debate sobre el pasado de figuras públicas de distintos ámbitos, entre ellas varios eclesiásticos.
La declaración episcopal, recogida por el portal católico Vasárnap, arranca con la enseñanza de san Juan Pablo II sobre la purificación de la memoria y la curación de las heridas del pasado. Los obispos sostienen que dar a conocer los expedientes puede ser un paso en esa dirección, siempre que no conduzca a conclusiones simplistas ni se utilice para destruir a personas concretas.
El texto distingue entre los casos. Los obispos admiten que algunos de los eclesiásticos que figuran en las listas colaboraron efectivamente con el régimen y transmitieron información confidencial sobre otros miembros de la comunidad, y es en su nombre en el que piden perdón. Pero recuerdan que otros fueron torturados o chantajeados, que otros redactaron informes sin sustancia y que otros solo fueron objeto de intentos de captación, se negaron y aun así quedaron registrados. Añaden que parte de la documentación fue destruida, por lo que el material conservado no ofrece una imagen completa.
Los obispos subrayan además que los principales responsables fueron los oficiales de enlace, los dirigentes del partido-Estado y quienes sostuvieron activamente la dictadura, no las personas reclutadas. Y enmarcan la cuestión en la persecución que sufrió la Iglesia: según la declaración, más de un centenar de sacerdotes y religiosos murieron, unos 2.000 fueron encarcelados o confinados, la mayoría de las órdenes religiosas fueron prohibidas y unos 11.500 religiosos quedaron sin medios de vida; se disolvieron comunidades, movimientos juveniles y asociaciones, y se nacionalizaron casi todos los colegios de la Iglesia.
La conclusión es una llamada a no juzgar con prisas. La reconciliación social, dicen los obispos, debe basarse en la verdad, y no conviene condenar a nadie sin conocer toda su historia. La respuesta a las heridas del pasado, afirman, es el reconocimiento, el perdón y la misericordia, y no el desprecio, la venganza o el odio.
Como advierten los propios obispos, la aparición de un nombre en los archivos no prueba por sí sola la colaboración, y algunos casos ya se habían dirimido en los tribunales. La diócesis de Szeged-Csanád ha calificado de falsos, engañosos e ilegales los rumores sobre el supuesto reclutamiento de su obispo, László Kiss-Rigó, basados en una ficha de los servicios de seguridad, y ha recordado que en 2009 ganó un juicio por la protección de sus derechos de la personalidad en el que el tribunal no dio por acreditado que hubiera sido agente, según recoge el portal húngaro Portfolio.
El caso húngaro se suma a otros procesos similares en antiguos países comunistas, donde la apertura de los archivos de la policía política ha obligado a las Iglesias a revisar el comportamiento de parte de su jerarquía bajo la dictadura, setenta años después de que la revolución de 1956 fuera aplastada por los tanques soviéticos.
Los obispos húngaros piden perdón por los clérigos que delataron a otros, pero advierten contra los juicios precipitados.
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