El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado una recomendación que insta a los Estados miembros a garantizar una educación sexual integral desde edades tempranas, tanto en centros educativos públicos como privados y en espacios de educación no formal. La iniciativa, presentada como una medida de protección de los menores frente a la violencia sexual, ha provocado objeciones de organizaciones defensoras de los derechos de las familias, que advierten de una posible reducción de la capacidad de los padres para decidir sobre la formación moral y sexual de sus hijos.
El documento, identificado como CM/Rec(2026)14, fue adoptado el 14 de octubre y lleva por título Protección de los niños frente a la violencia mediante una educación sexual integral adecuada a su edad. Aunque no tiene carácter jurídicamente vinculante, propone a los gobiernos europeos un marco común para desarrollar estos programas y evaluar su aplicación.
El Instituto Ordo Iuris, organización jurídica polaca especializada en derechos fundamentales y protección de la familia, publicó el 30 de octubre un análisis crítico del texto. Su autora, Julia Książek, sostiene que la recomendación reconoce formalmente a los padres como primeros responsables de la educación, pero no les garantiza una participación efectiva en las decisiones sobre los contenidos.
El consentimiento de los padres, en el centro de las críticas
Uno de los aspectos más cuestionados es el papel que la recomendación reserva a las familias.
Según el análisis de Ordo Iuris, el documento contempla que los progenitores reciban información sobre los programas de educación sexual y sobre las entidades encargadas de impartirlos. Sin embargo, no establece expresamente que deban autorizar la participación de sus hijos ni que puedan intervenir en la elaboración de los contenidos.
Książek considera que este planteamiento sustituye la cooperación entre las familias y las instituciones educativas por una relación en la que los padres quedan limitados a ser informados.
La preocupación se concentra especialmente en el apartado 8.2, que presenta las exenciones de estos programas, incluidas aquellas reconocidas por la legislación nacional, como un elemento que puede debilitar la protección de los menores frente a la violencia.
Para Ordo Iuris, esta orientación plantea dificultades desde la perspectiva del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
La organización recuerda que el artículo 2 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga a los Estados a respetar esas convicciones en el ejercicio de sus funciones educativas.
El instituto también considera que la recomendación podría entrar en tensión con determinadas garantías reconocidas por la Constitución polaca.
Ordo Iuris advierte de una ampliación del Convenio de Lanzarote
La recomendación se apoya en el Convenio de Lanzarote, tratado del Consejo de Europa destinado a proteger a los menores frente a la explotación y los abusos sexuales.
Sin embargo, Książek sostiene que el nuevo documento va más allá de las obligaciones establecidas en aquel convenio.
El artículo 6 del Convenio de Lanzarote prevé que los niños reciban información sobre los riesgos de explotación y abuso sexual, así como sobre los medios para protegerse, durante la educación primaria y secundaria y en colaboración con los padres.
La nueva recomendación, según el análisis jurídico, amplía ese planteamiento al proponer el inicio de la educación sexual desde una «edad temprana», sin establecer una edad concreta, y al extender los contenidos a cuestiones relacionadas con las relaciones personales, la sexualidad y el sexo.
También contempla la aplicación de estos programas fuera de la enseñanza reglada, incluidos espacios de educación no formal en los que pueden intervenir entidades privadas.
Ordo Iuris cuestiona además las referencias a la salud sexual y reproductiva, la identidad y la expresión de género y el Convenio de Estambul, por considerar que introducen cuestiones controvertidas en un instrumento destinado a prevenir la violencia contra los menores.
No obstante, el instituto reconoce algunos elementos positivos del documento, entre ellos la afirmación de que los padres tienen la responsabilidad primordial en la educación de sus hijos, el rechazo de cualquier justificación de los abusos cometidos por adultos en posiciones de autoridad y la identificación de la pornografía como un factor de riesgo.
¿Qué eficacia tienen estos programas para prevenir los abusos?
El análisis también cuestiona que exista evidencia suficiente para respaldar todas las expectativas asociadas a la educación sexual integral.
Książek cita una revisión Cochrane de 2016, basada en ocho ensayos aleatorizados con más de 55.000 adolescentes, que no encontró pruebas de que los programas escolares examinados redujeran los embarazos adolescentes o las infecciones de transmisión sexual.
El instituto menciona asimismo un estudio publicado en Health Economics en 2020 que encontró una asociación entre determinados programas obligatorios de educación sexual y un aumento de la fertilidad adolescente.
Estos resultados, sin embargo, no permiten establecer por sí solos que todos los programas de educación sexual tengan los mismos efectos, ya que su contenido, metodología y contexto pueden variar considerablemente.
En relación con la prevención del abuso sexual infantil, Ordo Iuris reconoce que otra revisión Cochrane, publicada en 2015, encontró mejoras en el conocimiento de los menores y en la comunicación de situaciones de abuso tras participar en programas educativos. No obstante, aquella revisión no estableció de forma concluyente que estos programas redujeran la incidencia de los abusos.
La discusión, por tanto, no se limita a la conveniencia de proporcionar información preventiva a los menores, sino que incluye qué contenidos deben impartirse, a qué edades y con qué participación de las familias.
Las asociaciones familiares católicas piden que se respete la libertad educativa
La Federación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (FAFCE) también se pronunció sobre la recomendación.
En un comunicado publicado el 19 de octubre, la federación valoró que el Consejo de Europa reconozca a los padres como primeros educadores, pero advirtió de que ese reconocimiento debe traducirse en garantías concretas.
FAFCE pidió que las familias puedan supervisar los materiales utilizados, que los programas no sean obligatorios y que tanto la edad de inicio como los contenidos cuenten con la aprobación de los progenitores.
La organización defiende que la prevención de los abusos sexuales es una responsabilidad fundamental de las instituciones, pero considera que no debe utilizarse para desplazar a los padres de las decisiones educativas.
Una recomendación sin fuerza de ley, pero con mecanismos de seguimiento
La recomendación aprobada por el Comité de Ministros no constituye un tratado internacional y, por tanto, no impone directamente nuevas obligaciones jurídicas a los Estados miembros.
Tampoco utiliza expresamente el término «obligatoria» para referirse a la educación sexual integral, pese a que una comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había defendido en junio esa posibilidad.
Sin embargo, el documento contempla mecanismos de seguimiento mediante los cuales los Estados deberán informar sobre las medidas adoptadas y las dificultades pendientes.
Ordo Iuris advierte de que este procedimiento podría generar presión institucional sobre los gobiernos que mantengan sistemas de participación voluntaria o permitan a los padres solicitar exenciones.