Por Alden Abbott
Los obispos católicos de Arlington y Richmond, Michael Burbidge y Barry Knestout, instaron a los habitantes de Virginia a rechazar el mes próximo la Pregunta 1 de la boleta electoral, una enmienda constitucional propuesta que ampliaría el acceso legal al aborto. Los obispos advirtieron que la medida establecería un supuesto derecho fundamental al aborto «hasta el momento mismo del nacimiento y para toda persona», incluidos los menores; pondría en peligro la salud y la seguridad de las mujeres; excluiría a los padres de las decisiones que afecten a sus hijas menores de edad; y protegería de las consecuencias legales a quienes colaboran en los abortos. Su conclusión fue tajante: la propuesta es «extrema, peligrosa, radical y horrenda».
Esa declaración es un recordatorio muy necesario de que la cultura de la muerte no es una abstracción. Aparece cada vez que la ley trata la destrucción deliberada de una vida humana inocente como un derecho, un servicio o una forma de compasión. Aparece en la normalización del aborto y en la creciente aceptación de la eutanasia y del suicidio asistido. Aparece también cuando se presenta la discapacidad, la dependencia, la edad y la enfermedad como razones por las que una vida humana se habría vuelto menos digna de protección. La intervención de los obispos plantea, por lo tanto, una pregunta que va mucho más allá de Virginia: ¿ha llegado el momento de que el Vaticano renueve la proclamación pública de la cultura de la vida por parte de la Iglesia?
San Juan Pablo II respondió a esa pregunta en 1995 con extraordinaria claridad en Evangelium vitae. La vida humana, enseñó, es un don de Dios y posee una dignidad sagrada e inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. El Evangelio de la Vida no es un programa político limitado. Forma parte del Evangelio mismo, porque toda persona está hecha a imagen de Dios y llamada a la comunión con Él. El aborto y la eutanasia no son simplemente opciones sociales desafortunadas ni cuestiones sobre las que la Iglesia tenga casualmente una preferencia particular. Son violaciones graves de la ley moral, porque atentan directamente contra la vida inocente. Ningún gobierno puede transformar semejante atentado en un auténtico derecho humano.
Evangelium vitae insistía además en que defender la vida exige algo más que condenar actos concretos. Una cultura de la vida debe proteger a las madres, a los niños, a las personas con discapacidad, a los ancianos y a los moribundos; sostener a las familias que atraviesan dificultades; brindar un verdadero cuidado en lugar del abandono; y resistir la tentación de medir el valor humano por la productividad, la independencia o la salud. La autoridad pública tiene el deber de defender el bien común, y el derecho a la vida es el fundamento sobre el que descansan todos los demás derechos. Así, la encíclica unía la verdad moral con la misericordia, y la protección legal con una civilización de la solidaridad.
Casi tres décadas después, la necesidad de esa enseñanza se ha vuelto más urgente. En muchas jurisdicciones, el aborto pasó de ser tolerado en circunstancias limitadas a ser descrito como un derecho constitucional fundamental. El aborto químico y el turismo abortivo han facilitado ocultar la destrucción de la vida no nacida. En el otro extremo de la vida, la eutanasia y el suicidio asistido pasaron de ser propuestas excepcionales a rasgos aceptados de las políticas públicas. (El cinco por ciento de los canadienses ya muere mediante la MAID —la «Asistencia Médica para Morir»—, una cifra que no hará más que aumentar). En algunos lugares, se pide cada vez más a las familias que consideren la muerte como una solución al sufrimiento, al costo, a la dependencia o a la incomodidad social. El lenguaje de la autonomía puede ocultar la realidad de que las personas vulnerables pueden sentirse presionadas a elegir la muerte para no ser una carga para los demás.
A la luz de todo esto, el Papa León XIV debería publicar una encíclica dedicada específicamente a renovar Evangelium vitae para la época actual. Existe un precedente venerable. La Centesimus annus de Juan Pablo II retomó y actualizó la Rerum novarum de León XIII un siglo después de su publicación, aplicando principios perennes a circunstancias económicas y políticas cambiantes. Una nueva encíclica podría hacer lo mismo con el Evangelio de la Vida. Podría reafirmar las enseñanzas centrales de Evangelium vitae y, a la vez, abordar las nuevas tecnologías, los reclamos constitucionales, las presiones médicas, el declive demográfico y el movimiento internacional que busca redefinir el aborto y la muerte asistida como derechos humanos.
Una encíclica así sería también una prolongación natural de la enseñanza pública de León. Su primera encíclica, Magnifica humanitas, ya afirma que el derecho a la vida se extiende desde la concepción hasta la muerte natural, y señala el aborto provocado, la muerte de inocentes y la eutanasia como males graves. Una encíclica dedicada a la vida podría dar a esas afirmaciones un marco teológico, moral y pastoral sostenido. Podría indicar a los obispos católicos de todo el mundo —incluidos los obispos de las Iglesias católicas orientales— que hagan de la oposición a las políticas gubernamentales que promueven el aborto y la eutanasia una prioridad pastoral.
El documento debería ser firme en los principios sin volverse partidista. La Iglesia debe distinguir la certeza de la enseñanza moral de la prudencia que exige el tratamiento de leyes y políticas concretas. Pero la prudencia no puede significar silencio cuando los gobiernos redefinen el matar como un «derecho» o la «compasión» como el abandono de los vulnerables. Los obispos deberían alentar a los católicos a defender la vida en la plaza pública y, al mismo tiempo, exigir ayuda concreta para las mujeres con embarazos en crisis, un apoyo generoso a las familias, la reforma de la adopción, la inclusión de las personas con discapacidad y cuidados paliativos de alta calidad. La cultura de la vida no resultará convincente si se presenta solo como prohibición. Debe encarnarse en hábitos de acompañamiento y de amor sacrificado.
El momento actual puede contener también motivos inesperados de esperanza. Las noticias sobre un renovado interés por el catolicismo entre algunos jóvenes, el aumento de los bautismos de adultos en Francia y el hambre de tradición y de trascendencia en los Estados Unidos y en otros lugares sugieren que la resignación ante los avances seculares no es el único futuro posible. Estos signos deben describirse con mesura; no borran los desafíos demográficos y culturales de la Iglesia. Sin embargo, muestran por qué importa la claridad. Una generación que busca una explicación coherente de la dignidad humana merece oír que la vida no es descartable, que el sufrimiento no anula el valor y que la libertad está ordenada al amor y no a la autodestrucción.
El mundo ha pasado demasiado tiempo acomodándose a la degradación de la vida humana por medio de leyes y políticas. La Pregunta 1 de la boleta electoral de Virginia es una advertencia entre muchas. La Iglesia debería responder a ella, y a la crisis más amplia que representa, con la confianza y la compasión del Evangelio. Los tiempos están maduros para que el Papa León XIV reafirme la cultura de la vida, y el momento de actuar es ahora.
Sobre el autor
Alden Abbott es investigador principal del Mercatus Center de la Universidad George Mason, donde se dedica a cuestiones de defensa de la competencia. Antes de incorporarse a Mercatus, el señor Abbott fue consejero general de la Comisión Federal de Comercio (FTC) desde 2018 hasta comienzos de 2021, cargo en el que representó a la Comisión ante los tribunales y brindó asesoramiento jurídico a sus representantes. Antes de trabajar en la FTC, el señor Abbott trabajó en la Heritage Foundation y en BlackBerry Ltd. También fue profesor adjunto en la Antonin Scalia Law School de la Universidad George Mason entre 1991 y 2018. El señor Abbott es doctor en Derecho (J.D.) por la Harvard Law School y tiene una maestría en Economía por la Universidad de Georgetown.