La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) ha vuelto a defender las consagraciones episcopales celebradas el pasado 1 de julio en Écône y ha cuestionado que las excomuniones declaradas por Roma puedan considerarse una respuesta definitiva a una situación que, según sostiene, exige examinar las circunstancias extraordinarias en las que fueron realizadas. James Vogel, director de comunicación de la Fraternidad, ha recordado que una excomunión, por grave que sea, no constituye una decisión infalible y puede ser revisada si existen motivos para cuestionar su justicia o validez.
En una entrevista concedida a LifeSiteNews, publicada este jueves, Vogel abordó las acusaciones de cisma dirigidas contra la Fraternidad después de que sus obispos consagraran a cuatro nuevos prelados sin mandato pontificio. Las declaraciones tuvieron lugar durante la Catholic Identity Conference, celebrada en Pittsburgh, Estados Unidos, donde el portavoz también expuso algunos precedentes históricos de consagraciones episcopales realizadas en circunstancias excepcionales.
«Todo católico debe sentir horror ante las excomuniones y ante el cisma», reconoció Vogel. Sin embargo, añadió que «las excomuniones son graves en sí mismas, pero no son infalibles», recordando que la historia de la Iglesia conoce sanciones que posteriormente fueron consideradas injustas o inválidas.
La Fraternidad mantiene además un recurso canónico contra el decreto publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el pasado 2 de julio. Según explicó Vogel, todavía no habían recibido una respuesta definitiva.
Una excomunión no es una definición infalible
El argumento de Vogel incide en una distinción que ha ocupado buena parte del debate canónico posterior a las consagraciones: las decisiones disciplinares de la autoridad eclesiástica, incluso cuando imponen las sanciones más graves, no poseen por ello el carácter de definiciones dogmáticas irreformables.
El Vaticano declaró que los seis obispos participantes en las consagraciones de Écône habían incurrido en excomunión automática por proceder sin mandato pontificio y contra la voluntad expresa de León XIV. Una nota explicativa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe calificó además los hechos como cismáticos y extendió sus consecuencias canónicas al conjunto de la Fraternidad y a quienes se adhieran formalmente al cisma.
La amplitud de estas medidas provocó una nueva controversia sobre su fundamento jurídico y sobre las circunstancias que deben concurrir para que exista responsabilidad penal canónica.
La FSSPX presentó el pasado 11 de julio un recurso contra el decreto del Dicasterio, amparándose en las disposiciones del Código de Derecho Canónico relativas a la impugnación de actos administrativos y a los efectos suspensivos de determinados recursos.
La Fraternidad sostiene que su actuación estuvo motivada por un estado de grave necesidad y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta para determinar tanto la responsabilidad de los implicados como la aplicación de las penas.
Vogel insistió en que reconocer la gravedad de las excomuniones no obliga a renunciar a su examen jurídico. A su juicio, la legislación canónica contempla circunstancias como la necesidad y la actuación de buena fe, que pueden resultar determinantes a la hora de valorar una conducta.
El portavoz no pidió, por tanto, que las sanciones fueran ignoradas, sino que se examinase si su aplicación resulta justificada en este caso.
El precedente de los obispos ucranianos consagrados bajo el comunismo
Durante su intervención en Pittsburgh, Vogel recordó un episodio de la historia reciente de la Iglesia que considera especialmente significativo: las consagraciones episcopales realizadas clandestinamente por el cardenal Josyf Slipyj en la década de 1970.
El purpurado ucraniano había pasado dieciocho años encarcelado por las autoridades soviéticas por negarse a abandonar su fidelidad a Roma y someterse a la Iglesia ortodoxa rusa.
Preocupado por la supervivencia de la Iglesia greco-católica ucraniana, perseguida por el régimen comunista, Slipyj consagró a tres obispos sin haber solicitado previamente la autorización de Pablo VI.
Según explicó Vogel, el cardenal temía que la petición fuera rechazada y consideraba necesario asegurar la existencia de obispos capaces de ordenar sacerdotes y garantizar la administración de los sacramentos.
Aquellas consagraciones terminaron siendo reconocidas por la Santa Sede. Uno de los prelados consagrados, Lubomyr Husar, llegaría incluso a ser creado cardenal por Juan Pablo II.
Vogel presentó este antecedente para recordar que, en determinados momentos de la historia, la necesidad de preservar la vida sacramental de los fieles ha llevado a algunos obispos a adoptar decisiones extraordinarias sin contar previamente con un mandato pontificio.
Naturalmente, las circunstancias de la persecución comunista en Ucrania no son idénticas a las de Écône. Sin embargo, el precedente permite plantear una cuestión que la Fraternidad considera esencial: si toda consagración realizada sin autorización del Papa constituye necesariamente un acto de cisma o si deben examinarse también la intención de los consagrantes, las circunstancias y la finalidad perseguida.
«No tenemos intención de crear una Iglesia paralela»
Vogel rechazó especialmente que las consagraciones episcopales de julio supongan la voluntad de constituir una jerarquía independiente de Roma.
El portavoz recordó que las sanciones contra las consagraciones sin mandato pontificio están estrechamente relacionadas con la necesidad de impedir la aparición de estructuras eclesiásticas paralelas, como sucedió con las intervenciones del régimen comunista chino en la organización de una jerarquía sometida al poder político.
A su juicio, la situación de la FSSPX es sustancialmente diferente.
«No existe intención de crear una Iglesia paralela», aseguró, subrayando además que los obispos de la Fraternidad no reclaman jurisdicción ordinaria sobre diócesis ni territorios.
Esta distinción ha formado parte de la argumentación de la FSSPX desde las consagraciones realizadas por monseñor Marcel Lefebvre en 1988. Sus obispos ejercen funciones sacramentales, particularmente la ordenación de sacerdotes y la administración de la confirmación, sin atribuirse el gobierno ordinario de una Iglesia particular.
Vogel considera que la actuación de la Fraternidad durante las últimas décadas demuestra que no ha pretendido establecer una Iglesia separada de la católica.
La cuestión de fondo continúa siendo si una consagración episcopal realizada contra la voluntad pontificia constituye por sí misma un acto cismático o si, para establecer esa calificación, resulta necesario examinar también la voluntad efectiva de romper la comunión con el Romano Pontífice.
La crisis de la Iglesia y el estado de necesidad
El portavoz de la FSSPX también defendió que las consagraciones deben entenderse dentro de la crisis doctrinal y sacramental que, a juicio de la Fraternidad, atraviesa la Iglesia desde hace décadas.
Durante su conferencia presentó diversos datos sobre el retroceso de la práctica religiosa en Occidente. Entre ellos citó un estudio del Pew Research Center de 2025 según el cual solo el 28 % de los católicos estadounidenses declara asistir semanalmente a misa y el 23 % acudir al sacramento de la confesión al menos una vez al año.
Para Vogel, estas cifras reflejan una situación que exige garantizar la continuidad de una formación sacerdotal arraigada en la doctrina católica tradicional y la disponibilidad de los sacramentos para los fieles vinculados a la Fraternidad.
El estado de necesidad constituye, de hecho, el argumento central de la FSSPX para justificar su decisión de consagrar cuatro nuevos obispos.
El pasado mes de septiembre, la Fraternidad explicó por qué considera que esa necesidad persiste pese a la existencia de otros institutos tradicionales reconocidos por Roma. Su argumentación sostiene que la amplitud de la crisis eclesial y las limitaciones que afectan al apostolado tradicional impiden considerar resuelto el problema.
Una cuestión que sigue pendiente de resolución
Tres meses después de las consagraciones, la situación entre Roma y la Fraternidad continúa sin encontrar una salida satisfactoria para ambas partes.
La Santa Sede mantiene su valoración de los hechos y las sanciones declaradas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La FSSPX, por su parte, sostiene que actuó para preservar la continuidad de su apostolado y ha recurrido a los procedimientos previstos por el propio Derecho Canónico para impugnar las medidas.
Las declaraciones de Vogel vuelven a situar el debate en un terreno que va más allá de la mera desobediencia disciplinaria: la relación entre la autoridad pontificia, la conservación de la Tradición, el estado de necesidad y los límites de la aplicación de las penas canónicas.
La Fraternidad insiste en que reconoce la autoridad del Romano Pontífice y que no pretende constituir una jerarquía independiente. Roma, sin embargo, considera que las consagraciones realizadas contra la voluntad expresa de León XIV lesionan gravemente la comunión eclesial.
La cuestión permanece así abierta mientras se espera una respuesta al recurso presentado por la FSSPX, que continúa defendiendo que las circunstancias extraordinarias de su actuación deben ser examinadas antes de dar por definitivamente resuelta una controversia que afecta tanto a la disciplina de la Iglesia como a la atención pastoral de numerosos fieles vinculados a la Tradición.