El jesuita Francesc Peris, acusado de abusar sexualmente de menores durante décadas en España y Bolivia, ha sido expulsado del estado clerical y de la Compañía de Jesús tras ser declarado culpable en un proceso penal canónico. La resolución llega nueve meses después de que la justicia española cerrase la posibilidad de juzgarlo penalmente al considerar prescritos los delitos denunciados.
La decisión ha sido comunicada este lunes, 5 de octubre, por la propia Compañía de Jesús, que reconoce además «errores graves» en su respuesta a las víctimas y asume su «responsabilidad moral e institucional» por su actuación en el pasado.
Según ha informado El País, Peris, de 84 años, está acusado de haber abusado de al menos 22 niños y niñas entre 1974 y 2005. Los hechos se produjeron durante distintas etapas de su actividad en España y Bolivia.
Expulsado del estado clerical y de los jesuitas
El proceso penal canónico ha considerado probado que Peris cometió «diversos delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos con menores (en este caso, abuso sexual)» desde, al menos, la década de 1970.
La resolución establece su expulsión del estado clerical, definida por la Compañía como «la pena más grave y de carácter permanente prevista por el Derecho Canónico para este tipo de delitos».
Peris queda así definitivamente apartado del ejercicio del ministerio sacerdotal.
A esta sanción se suma una segunda decisión. El superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha firmado también el decreto de expulsión de Peris de la orden religiosa.
Son dos medidas canónicamente diferentes: una afecta a su condición de clérigo y otra a su pertenencia a la Compañía. No equivalen, por tanto, a una excomunión ni a una «expulsión de la Iglesia».
Los jesuitas explican que ambas resoluciones constituyen «las máximas consecuencias canónicas previstas en los dos ámbitos afectados: su condición de sacerdote y su pertenencia a la Compañía de Jesús».
Peris conserva el derecho a presentar los recursos previstos por el Derecho Canónico.
Más de veinte víctimas y tres décadas de abusos
Las acusaciones contra Peris abarcan más de treinta años.
Según la investigación de El País, los testimonios conocidos sitúan los abusos entre 1974 y 2005 y afectan al menos a 22 menores.
Parte de los hechos denunciados tuvieron lugar en Cataluña y otros durante su estancia en Bolivia, adonde fue trasladado en 1982. Una de las víctimas relató haber sufrido abusos cuando tenía 14 años y era interna en el colegio Juan XXIII de Cochabamba en 1983.
Peris regresó posteriormente a Barcelona y continuó vinculado al colegio Casp de los jesuitas.
Otra de las denuncias se refiere a hechos ocurridos en 2004, cuando una menor de 14 años participaba en una excursión de Semana Santa a Zuriza, en Huesca. La adolescente contó lo sucedido a sus padres, que trasladaron el caso a la dirección del colegio.
A mediados de 2005, Peris fue apartado por lo que entonces fueron descrito como «conductas inapropiadas» y destinado a actividades con adultos.
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Los jesuitas admiten «errores graves»
El comunicado difundido este lunes no se limita a anunciar las sanciones contra Peris. La Compañía de Jesús reconoce también fallos en la manera en que respondió a las denuncias.
«La Compañía lamenta profundamente el mal causado y asume su responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado», señala.
La orden reconoce y condena expresamente los «errores graves» cometidos a la hora de «escuchar, proteger y responder» a quienes denunciaron los abusos y agradece a las víctimas «la valentía y el coraje» de sus testimonios.
Los jesuitas admiten además que la conclusión del procedimiento canónico no basta para reparar lo sucedido.
«La conclusión de estos procesos no repara por sí misma el daño causado ni pone fin a la responsabilidad moral e institucional de la Compañía de Jesús hacia las personas que sufrieron abusos sexuales por parte de uno de sus miembros», reconoce el comunicado.
La orden ha reiterado su petición de perdón y su compromiso de continuar acompañando a las víctimas.
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Peris seguirá viviendo bajo supervisión de los jesuitas
La expulsión de la Compañía no supondrá, sin embargo, que Peris abandone inmediatamente la residencia jesuita en la que vive.
En virtud de un acuerdo alcanzado con la orden, permanecerá allí sometido a «seguimiento y supervisión constante» y sujeto a estrictas normas de conducta.
Entre las restricciones se encuentran la prohibición de mantener contacto con menores o adultos vulnerables, abandonar la residencia sin autorización expresa, ponerse en contacto con víctimas o recibir visitas sin permiso.
La decisión permite mantener bajo vigilancia a Peris, de 84 años, pese a que ya no pertenecerá a la Compañía ni podrá ejercer el sacerdocio.
El desenlace canónico llega después de años de denuncias y de una vía penal cerrada por prescripción. La propia Compañía reconoce ahora que la imposición de las máximas sanciones previstas no repara por sí sola el daño causado y que la responsabilidad hacia las víctimas continúa más allá de la resolución del proceso.