Roma abre una nueva fase en la intervención del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM), que incluirá una «relectura del carisma» y la «revisión, renovación y purificación» de su espiritualidad, formación y apostolado. El proceso se plantea después de que dos tribunales penales especiales de la Santa Sede, en primera instancia y en apelación, declararan culpable al padre Carlos Miguel Buela, fundador de ambos institutos, de «un delito contra el sexto Mandamiento cometido con violencia contra varias personas».
El resultado de los procesos y la nueva etapa que se abre para los dos institutos han sido comunicados oficialmente a sus superiores. El documento está firmado por José Antonio Satué, delegado pontificio para el IVE; Clara Echarte, delegada pontificia para las Servidoras; y Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Culpable en primera instancia y en apelación
Según el comunicado, los delegados pontificios mantuvieron esta semana en Roma una reunión con los superiores y superioras provinciales de las dos ramas de la familia religiosa, en presencia también de responsables del Dicasterio para la Vida Consagrada.
Durante el encuentro se informó de las decisiones adoptadas por los dos tribunales penales especiales competentes en el proceso canónico seguido contra Buela. «En ambos grados de juicio, fue declarado culpable de un delito contra el sexto Mandamiento cometido con violencia contra varias personas», señala el documento, que remite al canon 1395 §2.
La primera de esas decisiones ya constaba en el decreto con el que Roma intervino el IVE. El cardenal Santos Abril y Castelló había constituido en mayo de 2020 un tribunal penal especial que, el 20 de julio de 2021, concluyó que Buela había cometido ese delito contra cinco miembros y exmiembros del Instituto. Francisco permitió posteriormente el recurso solicitado por la defensa y autorizó la constitución de un tribunal especial de apelación. Buela falleció el 23 de abril de 2023 antes de que ese segundo tribunal concluyera su trabajo.
La información conocida ahora completa, por tanto, un punto que permanecía pendiente: el procedimiento de apelación continuó y el segundo tribunal confirmó la culpabilidad del fundador.
Los delegados presentan la comunicación pública del resultado como un acto destinado a «restablecer la verdad» y hacer justicia a las personas perjudicadas por el comportamiento de Buela.
De la condena del fundador a la «relectura del carisma»
La cuestión ya no queda limitada al comportamiento personal del fundador. El mismo comunicado vincula el resultado de los procesos con «el camino de relectura del carisma» y con la «revisión, renovación y purificación» de la espiritualidad, la formación y el apostolado de los dos institutos.
La precisión introducida inmediatamente después resulta especialmente significativa: el proceso deberá realizarse «distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o actuaciones personales del Fundador».
El comunicado deja abierta la tarea de discernir qué pertenece al patrimonio espiritual de los institutos y qué elementos deben ser revisados por su vinculación con Buela.
El IVE define su carisma como la búsqueda de «prolongar la Encarnación en todas las cosas», con especial atención a la evangelización de la cultura. El Instituto, fundado en Argentina en 1984, mantiene una amplia presencia misionera internacional. Su propia información institucional presenta su actividad pastoral en 93 jurisdicciones eclesiásticas de 44 países.
Una intervención cada vez más profunda
La nueva fase se suma a las medidas adoptadas por la Santa Sede durante los últimos años sobre el IVE.
En enero de 2025, Roma nombró a José Antonio Satué delegado pontificio con plenos poderes de gobierno sobre el Instituto. Entre las medidas entonces conocidas figuraban la constitución de un grupo de religiosos, canonistas y teólogos para realizar una «profunda revisión del derecho propio» y la prohibición durante tres años de admitir nuevos candidatos y permitir ingresos en el noviciado.
El decreto reconocía al mismo tiempo el «gran empuje misionero» del IVE, pero señalaba una «gran debilidad» en el proceso formativo, un elevado número de abandonos y una colaboración insuficiente de superiores y miembros del Instituto con el anterior comisario pontificio para esclarecer las denuncias contra Buela.
La intervención avanzó de nuevo el pasado agosto, cuando Satué reorganizó el gobierno general mediante un equipo compuesto mayoritariamente por personas ajenas al Instituto. Seis de los ocho integrantes de la nueva estructura proceden de fuera del IVE y ejercen sus funciones bajo la autoridad del delegado pontificio, que mantiene sus poderes de gobierno.
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Entre los responsables incorporados a esa estructura se encuentra el capuchino Giampiero Gambaro, al frente de la Procuraduría General. El canonista había intervenido previamente en el expediente del sacerdote Eleuterio Vásquez Gonzales en Chiclayo y su llegada al gobierno del IVE volvió a plantear preguntas sobre su actuación en ese caso.
El futuro del IVE, pendiente de revisión
Por ahora, el documento firmado por Satué, Echarte y Brambilla no anuncia una supresión ni anticipa el resultado de la revisión. Su lenguaje apunta expresamente a distinguir el «don del Espíritu» de las actuaciones personales de Buela, al tiempo que extiende el examen a la espiritualidad, la formación y el apostolado de las dos instituciones.
La confirmación de la condena en apelación modifica, sin embargo, un elemento central del expediente. La culpabilidad canónica de Buela ya no aparece únicamente como la conclusión de un tribunal cuya decisión había sido recurrida: dos instancias canónicas han llegado a la misma conclusión sobre el fundador, mientras el Instituto que creó permanece bajo tutela pontificia y afronta ahora una revisión que alcanza también al modo en que su legado ha configurado la vida de la familia religiosa.