El recorte del diez por ciento en el estipendio mensual de los cardenales que León XIV derogó el 14 de septiembre ahorraba a la Santa Sede unos 8.000 euros al año por cada cardenal residente en Roma. La cifra la publica Ed Condon en el portal The Pillar, en un análisis fechado el 14 de septiembre, y sitúa la medida aprobada por Francisco en 2021 en su dimensión real: un gesto de austeridad de escaso peso contable y alta visibilidad, cuya derogación tiene exactamente las mismas dos propiedades, invertidas.
La aritmética es sencilla. Si el ahorro por cardenal se mide en miles de euros y el desfase estructural de la Curia se mide en decenas de millones, la medida de 2021 nunca pudo ser un instrumento de saneamiento. Tampoco su derogación empeora las cuentas de forma apreciable. Lo que cambia es el mensaje.
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Un déficit estructural que sigue en decenas de millones
El déficit estructural de la Santa Sede bajó de 83,5 millones de euros en 2023 a 44,4 millones en 2024. La mejora es real, aunque no vino acompañada de una reducción del gasto: los costes operativos pasaron de 1.235,6 millones a unos 1.275 millones, cerca de 40 millones más.
La Secretaría para la Economía atribuyó la reducción del déficit a un incremento de casi 79 millones de euros en los ingresos, impulsado por el crecimiento de las donaciones, la actividad hospitalaria y la gestión inmobiliaria y comercial. El ejercicio terminó además con un superávit de 1,6 millones gracias a los rendimientos financieros, las ventas puntuales de activos y el aumento de las donaciones.
APSA: más patrimonio, menos resultado de explotación
Lo que también está publicado y consta es el informe anual de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica correspondiente a 2025. El patrimonio neto pasó de 2.597 millones de euros a 2.686 millones: 89 millones más. El desglose explica de dónde salen: 40,8 millones por la revalorización del oro físico de la cartera, 39,2 millones por el aumento del valor de los inmuebles y 16,3 millones por la valoración positiva de los activos financieros. El oro no se vendió y los edificios siguen donde estaban. Lo que cambió fue el precio al que se anotan en el balance.
El dato decisivo está en la otra columna. El resultado de explotación de APSA fue de 22,8 millones de euros en 2025, frente a 62,2 millones en 2024. El organismo transfirió íntegros los 22,7 millones que se le habían solicitado para el funcionamiento de la Curia Romana y cerró el ejercicio con un superávit de 155.000 euros. Es decir: el valor nominal de la cartera subió en 89 millones mientras la capacidad de generar ingresos ordinarios caía a poco más de un tercio de la del año anterior.
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El presidente de APSA, el arzobispo Giordano Piccinotti, explicó en la presentación del informe que 2025 refleja el retorno a una gestión ordinaria después de un 2024 condicionado por operaciones extraordinarias ligadas a la reorganización de la cartera financiera, y que por eso los dos ejercicios no son directamente comparables. La advertencia es pertinente y conviene retenerla: la caída del resultado no indica por sí sola un deterioro de la gestión. Indica que el resultado del año anterior no era repetible.
El problema estructural sigue ahí
Ahí está el problema de fondo, y no es contable sino estructural. Un patrimonio que se revaloriza y rinde menos no resuelve un déficit estructural: lo aplaza. Las revalorizaciones del oro y del ladrillo engordan el balance sin aportar un euro al pago de las nóminas de la Curia, que es lo que el déficit mide. Mientras el precio del oro acompañe, el patrimonio neto seguirá creciendo en el papel; el día que deje de acompañar, el desfase entre ingresos recurrentes y gasto corriente aparecerá sin el maquillaje.
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Queda por saber si el motu proprio publicado el 14 de septiembre es solo la restitución de unos emolumentos o el primer movimiento de un cambio de política económica. León XIV lo firmó el 1 de septiembre y estableció que la derogación surtiera efectos desde ese mismo día. El texto deja además definitivamente a salvo los efectos producidos durante la vigencia de la normativa anterior, incluida la suspensión de los aumentos bienales por antigüedad. La Secretaría para la Economía no ha publicado una proyección del impacto que tendrá la restitución de las remuneraciones sobre los próximos ejercicios. Hasta que pueda medirse ese efecto, la variación más visible es de relato.