El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado esta semana el informe más demoledor hasta la fecha sobre el memorando anticatólico del FBI de Richmond. El documento, elaborado por el Weaponization Working Group creado por la Administración Trump, confirma con más de 1.800 páginas de registros internos lo que muchos católicos denunciaron desde el primer día y la Administración Biden se empeñó en minimizar: el FBI trató la fe católica tradicional como una ideología sospechosa, espió a sacerdotes inocentes y, cuando el escándalo salió a la luz, protegió, consoló y hasta premió a los responsables.
Sacerdotes vigilados como si fueran terroristas
El informe revela por primera vez el alcance real de la operación. Bajo la dirección de Christopher Wray, el FBI abrió expedientes sobre dos sacerdotes católicos vinculados a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y su entorno. A uno de ellos le rastrearon los vuelos y los movimientos de su tarjeta de crédito en enero de 2023. La oficina de Boston llegó a vigilarlo físicamente en el aeropuerto, y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza lo interrogaron dos veces y registraron su teléfono.
¿El resultado de todo este despliegue? Ninguno. Días después de que el memorando se filtrara a la prensa en febrero de 2023, el FBI cerró discretamente ambas investigaciones al no encontrar «ninguna amenaza identificada para la seguridad nacional» ni «ninguna alegación de violación federal». Dos sacerdotes tratados como sospechosos de terrorismo por el delito de vestir sotana y celebrar la Misa de siempre.
Una teoría fabricada sobre la nada
El origen de todo fue un caso que nada tenía que ver con la Iglesia: un individuo violento investigado desde 2020 por sus publicaciones racistas, en cuya casa se hallaron cócteles molotov y armas. El hombre había asistido a algunas clases de catecismo en una capilla de la FSSPX en Richmond, cuyo párroco —el mismo al que después investigarían— dijo al propio FBI que aquel sujeto no era católico, no era miembro de la parroquia y jamás se había confesado, y que sus «ideas disparatadas sobre la raza» tendrían que cambiar antes de poder siquiera plantearse entrar en la Iglesia.
Con ese único caso, los analistas de Richmond se lanzaron a construir una teoría sobre la «creciente intersección» entre los católicos tradicionales y el extremismo violento. Rastrearon las bases de datos del FBI en busca de más ejemplos y solo encontraron dos: uno de ellos, un sujeto ya fallecido cuya supuesta vinculación con el tradicionalismo procedía de un dosier de la Liga Antidifamación. El propio informe del Departamento de Justicia lo dice sin rodeos: la investigación no halló «nada que vinculara a los católicos, ni a los grupos que no están en plena comunión con la Iglesia católica, con el extremismo doméstico».
No importó. Una presentación interna titulada «Panorama del catolicismo tradicionalista» llegó a señalar como elementos de una supuesta ideología peligrosa el apego a la Misa tradicional en latín, los «valores familiares conservadores», la oposición al aborto, a la inmigración masiva y a la agenda LGTB, y comparó el catolicismo tradicionalista con «la ideología islamista». Todo ello apoyado acríticamente en las listas negras del Southern Poverty Law Center, la organización progresista que cataloga como «grupos de odio» a asociaciones católicas y provida.
Sacerdotes como confidentes y parroquias como objetivos
El memorando final, emitido internamente el 23 de enero de 2023, contenía la propuesta quizá más escalofriante: desarrollar «acercamientos» a parroquias católicas tradicionales para convertir a los líderes eclesiales en «tripwires», es decir, en confidentes que informaran de actividades sospechosas de sus propios fieles. Debajo de ese pasaje figuraban cuatro iglesias concretas como posibles objetivos. El abogado jefe de la oficina de Richmond revisó el documento y no vio problema alguno «mientras el producto permaneciera interno». Nadie, en toda la cadena de revisión, planteó una sola objeción constitucional.
El encubrimiento: elogios, abrazos y evaluaciones «ejemplares»
Si la elaboración del memorando fue un escándalo, la reacción de la cúpula del FBI de Biden tras su filtración lo fue aún más. Mientras Wray declaraba ante el Congreso estar «horrorizado» y aseguraba que se trataba de «un solo producto de una sola oficina» —algo que las investigaciones posteriores desmintieron, al documentar la implicación de varias oficinas—, puertas adentro ocurría exactamente lo contrario:
- Un analista siguió «retocando» el memorando más de un mes después de que la central ordenara borrarlo de los sistemas. «He pasado el día jugueteando con el Domain Perspective», escribió el 17 de marzo de 2023, adjuntando una lista de «cambios importantes» y «áreas donde podríamos retocar más».
- Aunque la División de Inspección del FBI concluyó que los autores habían incumplido los estándares del FBI y mostrado un pobre juicio profesional, y ordenó amonestarlos, la dirección de Richmond los defendió abiertamente. En una reunión de julio de 2023, el jefe adjunto de la oficina proclamó: «En esta sala no hay empleados de bajo rendimiento».
- El jefe de la oficina llegó a pedir disculpas… a los autores del memorando. Cuando una analista escribió que sentía «muchísimo» lo que sus colegas estaban pasando, el responsable respondió: «No hay nada que disculpar». En otra reunión general se dijo de ellos que «no se merecían esto», y la oficina organizó asistencia psicológica para los implicados y sus familias por la atención del Congreso.
- Al cierre del ejercicio 2023, los empleados que redactaron, revisaron y aprobaron el memorando recibieron evaluaciones de desempeño positivas, desde «Consistente» hasta «Ejemplar».
Este es el retrato de la «rendición de cuentas» bajo la Administración Biden: la burocracia que espió a sacerdotes inocentes fue mimada, protegida y premiada. Cabe recordar que el inspector general del Departamento de Justicia de Biden concluyó en 2024 que no había «evidencia» de sesgo religioso en los autores del memorando, una conclusión que el nuevo informe deja en evidencia.
Ahora sí: despidos y documentos a la luz
El contraste con la actual Administración es total. En cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14147, firmada por el presidente Trump el 20 de enero de 2025 para desmantelar la instrumentalización política de las agencias federales, los responsables del memorando han sido despedidos del FBI. El fiscal general Todd Blanche ha levantado además parcialmente el privilegio sobre los documentos internos para que cualquier ciudadano pueda comprobar por sí mismo lo que se hizo.
«Este Departamento de Justicia no tolerará una burocracia instrumentalizada que coarte la actividad protegida por la Primera Enmienda. Las personas que elaboraron el Richmond Domain Perspective ya no están en el Departamento, y los esfuerzos de nuestro Grupo de Trabajo para investigar la weaponization bajo la anterior Administración continuarán», declaró Blanche.
«La instrumentalización jamás será tolerada en este FBI», añadió el director de la agencia, Kash Patel. «Aunque quienes elaboraron el inaceptable memorando católico de Richmond bajo la anterior administración han rendido cuentas, hacer pública la información sobre lo ocurrido bajo el régimen anterior es una parte importante del proceso».
El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward, Jr. resumió el fondo del asunto: el memorando de Richmond fue «un claro abuso de poder, dirigido contra creencias conservadoras y religiosas que desagradaban a agentes del Gobierno carentes de la supervisión necesaria».
El propio informe lo sentencia con una frase que merece pasar a la historia: «La historia juzgará con razón el memorando católico de Richmond como un grave fracaso de la oficina del FBI en Richmond en su deber de proteger los derechos de la Primera Enmienda de todos los americanos». Un fracaso, cabría añadir, que no fue un accidente aislado, sino el síntoma de una Administración que consideraba a los católicos fieles a la Tradición como enemigos internos a vigilar.