El Estado reclama terrenos vinculados al monasterio cristiano habitado más antiguo del mundo, mientras los monjes defienden derechos históricos sobre ellos. Con dos recursos pendientes ante el Tribunal de Casación, las partes negocian una fórmula que garantizaría la «posesión religiosa» perpetua del complejo, pero no necesariamente su plena propiedad.
El monasterio de Santa Catalina del Sinaí, en Egipto, y las autoridades del país negocian una salida al conflicto judicial que desde 2015 enfrenta a la comunidad monástica con el Estado por la propiedad de decenas de terrenos y bienes vinculados al histórico complejo cristiano. Mientras el Tribunal de Casación estudia los recursos presentados por ambas partes, las conversaciones avanzan hacia una fórmula por la que las instalaciones serían consideradas sitios arqueológicos, pero permanecerían bajo «posesión religiosa» perpetua del monasterio. Las negociaciones todavía no han concluido y quedan por resolver especialmente los derechos sobre capillas, ermitas, jardines y otras propiedades próximas.
La disputa afecta a una comunidad establecida a los pies del monte Sinaí desde hace casi 1.500 años. Santa Catalina fue construido entre los años 548 y 565 por orden del emperador bizantino Justiniano I y es considerado el monasterio cristiano habitado de manera ininterrumpida más antiguo del mundo. El litigio no plantea actualmente la desaparición del culto, sino una cuestión jurídica de importantes consecuencias para la supervivencia de la comunidad: quién es propietario de los terrenos y edificios que los monjes han poseído o utilizado históricamente y bajo qué título podrán seguir haciéndolo.
Un litigio que comenzó en 2015 por 71 parcelas
El origen del actual procedimiento se remonta a 2015, cuando las autoridades egipcias presentaron la demanda civil nº 24 ante el Tribunal de Primera Instancia del Sinaí del Sur.
El Estado reclamó entonces la recuperación de 71 parcelas que se encontraban en posesión del monasterio y exigió además compensaciones económicas por su utilización. La posición gubernamental sostenía que parte de esos terrenos pertenecían al Estado y que la comunidad carecía de título jurídico suficiente para poseerlos.
El monasterio defendió, por el contrario, que su posesión era histórica, que numerosos terrenos estaban inseparablemente vinculados a su función religiosa y a su patrimonio y que disponía de contratos y documentos que respaldaban sus derechos sobre distintas propiedades. Durante el procedimiento, expertos designados judicialmente examinaron individualmente las parcelas y su relación con los lugares religiosos, arqueológicos y protegidos.
El 30 de mayo de 2022, el tribunal de primera instancia ordenó desalojar 29 parcelas y devolverlas al Estado. Ninguna de las partes quedó satisfecha y ambas recurrieron.
Tres años después, el 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Apelación de Ismailía dictó una resolución que distinguió entre diferentes tipos de propiedades: algunas, por estar vinculadas a la función religiosa o histórica del monasterio, podían permanecer en posesión de la comunidad; otras quedaban sometidas a un régimen diferente por su consideración arqueológica o por encontrarse dentro de espacios protegidos.
El conflicto llegó entonces al Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial egipcia.
Egipto y el monasterio recurren la misma sentencia
Las dos partes han recurrido la sentencia de apelación, pero persiguen objetivos distintos.
El Estado egipcio pretende revertir aquellos aspectos de la resolución que impidieron recuperar determinadas propiedades. El Gobierno sostiene que existen terrenos estatales cuya posesión por parte del monasterio carece de fundamento jurídico suficiente.
Santa Catalina, por su parte, busca un reconocimiento más amplio de sus derechos de propiedad y posesión sobre los bienes históricamente vinculados a la comunidad.
El recurso gubernamental fue registrado el 23 de julio de 2025 con el número 24838/95, mientras que el del monasterio figura con el número 24962/95.
La Fiscalía de Casación se inclina parcialmente hacia el Estado
Antes de que el Tribunal de Casación dicte sentencia, la Fiscalía adscrita a esta instancia ha emitido dos dictámenes jurídicos sobre los recursos.
Su posición no constituye una sentencia y no obliga al tribunal, que puede seguirla o apartarse de ella. Sin embargo, permite conocer la valoración jurídica previa del caso.
La Fiscalía recomendó rechazar el recurso presentado por el monasterio y aceptar parcialmente el del Estado, aunque no respaldó todas las pretensiones gubernamentales ni propuso entregar automáticamente las 71 parcelas a las autoridades.
En concreto, consideró necesario volver a examinar determinados aspectos de la sentencia de apelación y algunas parcelas cuya situación jurídica o evaluación pericial presentaba deficiencias.
La Fiscalía tampoco aceptó íntegramente la tesis gubernamental respecto de 28 lugares considerados religiosos. Según la información publicada por el medio egipcio Ghad News, sostuvo que la ausencia de elementos eclesiales convencionales en un determinado lugar no basta necesariamente para negar su carácter religioso.
La recomendación deja así abierta una situación compleja: ni reconoce todas las pretensiones del monasterio ni concede al Estado la recuperación completa de los terrenos reclamados.
Una negociación paralela a los tribunales
Mientras continúa el procedimiento judicial, el monasterio y las autoridades egipcias buscan una solución negociada.
Fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por eKathimerini sostienen que las partes ya habrían alcanzado un entendimiento sobre un marco general, aunque todavía deben acordar detalles técnicos antes de poder hablar de un pacto definitivo.
La solución estudiada distinguiría entre la titularidad jurídica de los bienes y el derecho de los monjes a utilizarlos permanentemente.
Según la propuesta, todas las instalaciones del monasterio serían consideradas sitios arqueológicos y permanecerían bajo su «posesión religiosa» perpetua.
Las conversaciones buscan extender una protección semejante a pequeñas capillas y ermitas vinculadas históricamente a Santa Catalina.
Más delicada es la situación de otros terrenos y de los jardines próximos al monasterio, considerados esenciales para mantener la vida de la comunidad en el entorno desértico del Sinaí. Para determinados bienes, la opción preferida sería un arrendamiento de larga duración por un precio simbólico.
Esta fórmula permitiría garantizar a los monjes el uso estable de las propiedades, pero no equivaldría necesariamente al reconocimiento de la plena propiedad que reclaman ante los tribunales.
Denuncias de presiones sobre los monjes
La negociación no está exenta de críticas.
La Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) denunció este mes que las autoridades estarían presionando a la comunidad para aceptar un acuerdo que sustituiría sus derechos de propiedad por una forma de tenencia religiosa.
Según informó el medio independiente egipcio Al Manassa, la organización sostiene que el Gobierno pretende limitar jurídicamente los derechos históricos de los monjes sobre los terrenos y denuncia que la aprobación oficial del nuevo arzobispo del Sinaí habría sido utilizada como instrumento de presión durante las conversaciones.
Se trata de acusaciones de EIPR que no han sido establecidas judicialmente. La organización afirma que la Presidencia egipcia habría condicionado el decreto de reconocimiento del nuevo arzobispo a la firma del acuerdo sobre las tierras y cuestiona también la posibilidad de sustituir el régimen tradicional del prelado por un permiso de residencia renovable.
Estas denuncias contrastan con las garantías públicas ofrecidas anteriormente por las autoridades egipcias sobre la continuidad del monasterio y de su carácter religioso.
El proyecto turístico que preocupa a los defensores del monasterio
A la disputa patrimonial se suma la transformación que está experimentando el entorno de Santa Catalina.
Egipto desarrolla en la zona el proyecto turístico conocido como «Gran Transfiguración», concebido para ampliar la infraestructura turística y de peregrinación alrededor del monte Sinaí.
EIPR sostiene que las obras amenazan la integridad del entorno histórico y natural del monasterio. Según Al Manassa, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO adoptó en julio una decisión que reclamaba detener las obras hasta realizar una evaluación técnica de su impacto. La organización citó además un informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que advertía de daños graves y permanentes sobre la integridad, autenticidad y entorno natural del lugar.
La organización egipcia recuerda asimismo que, cuando Egipto presentó Santa Catalina para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial a comienzos de este siglo, la documentación oficial reconocía derechos del monasterio y del arzobispo del Sinaí sobre terrenos, jardines y edificios de su entorno.
Casi quince siglos de presencia cristiana
El monasterio se levanta en la península del Sinaí, en Egipto, a los pies del monte que la tradición identifica con el lugar donde Moisés recibió las Tablas de la Ley.
El emperador Justiniano I ordenó construirlo en el siglo VI alrededor de un lugar de culto cristiano anterior. Desde entonces, la presencia monástica se ha mantenido ininterrumpidamente.
Santa Catalina está administrado por la Iglesia autónoma ortodoxa del Sinaí, de tradición griega, y conserva un patrimonio religioso, artístico y documental excepcional.
El monasterio y su entorno fueron inscritos en 2002 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que reconoce tanto su importancia para el cristianismo como su relación con las tradiciones vinculadas al judaísmo y al islam.
Grecia sigue de cerca el desenlace
La situación del monasterio ha trascendido desde hace tiempo el ámbito estrictamente judicial egipcio.
Grecia sigue estrechamente las negociaciones por los vínculos históricos y eclesiales de Santa Catalina con el mundo helénico. Atenas, según eKathimerini, considera que los detalles jurídicos finales deberán ser resueltos directamente entre la comunidad monástica y las autoridades de Egipto.
Estados Unidos también ha mostrado interés. Massad Boulos, asesor del presidente Donald Trump, reafirmó recientemente el respaldo del mandatario estadounidense a la preservación del statu quo histórico del monasterio.
Las conversaciones se desarrollan así mientras permanece pendiente la decisión del Tribunal de Casación. Las fuentes citadas por eKathimerini no descartan que la resolución judicial se retrase, lo que concedería a las partes un margen adicional para cerrar un acuerdo.
Después de más de una década de litigio, el desenlace determinará no solo quién ostenta jurídicamente los derechos sobre decenas de terrenos, sino las condiciones en las que la comunidad de Santa Catalina podrá mantener una presencia monástica que se remonta al siglo VI.