Por: Pbro. Custodio Ballester Bielsa
La noticia publicada en este portal el 11 de agosto describe un proceso político y diplomático que, por su gravedad moral, exige ser confrontado con la doctrina clara, inequívoca y profética de la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium vitae (1995) y la Humanae Vitae de Pablo VI.
El contraste entre el documento periodístico citado y los dos magisteriales, revela una tensión profunda entre la enseñanza perenne de la Iglesia y la praxis diplomática que, en este caso, parece haber optado por la «discreción», la negociación y la renuncia silenciosa: allí donde los textos magisteriales exigen testimonio, claridad y resistencia.
El Gobierno de Andorra presentará en septiembre una reforma del Código Penal para despenalizar el aborto; y lo hará «con el conocimiento —y sin la oposición pública y explícita— de la Secretaría de Estado vaticana».
Esta frase, que el propio Gobierno andorrano agradece públicamente, constituye el núcleo del escándalo: la Santa Sede, garante del perenne magisterio católico, habría aceptado, o al menos tolerado, una práctica que elimina la protección penal del ser humano concebido, pero aún no nacido. Lo gravísimo y escandaloso de esta transacción tan «diplomática», es que se produce con respecto a uno de los últimos ordenamientos europeos que aún la mantenían.
La encíclica Evangelium vitae, por el contrario, afirma que ninguna autoridad (ni civil ¡ni eclesiástica!) puede legitimar la eliminación de un inocente, y que los responsables políticos (¡y religiosos!) tienen la obligación moral de oponerse públicamente a toda legislación que atente contra la vida humana.
Juan Pablo II, a una con la constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, declara en ella que el aborto es un «crimen abominable» y que la ley civil debe proteger siempre al más débil: al inocente todavía no nacido.
La despenalización, incluso parcial, es presentada en la encíclica como una forma de colaboración con el mal, incompatible con la responsabilidad moral de los gobernantes y, con mayor razón, de los pastores. La contradicción entre ambos planos —el doctrinal y el diplomático— es evidente: es chirriante.
Los responsables políticos subrayan que la reforma andorrana es «limitada»: no legaliza el aborto, sólo elimina las consecuencias penales para la mujer y los que colaboran en el aborto. Sin embargo, la Evangelium vitae advierte precisamente contra esta estrategia gradualista. Sí, estrategia. Juan Pablo II denuncia que la despenalización parcial es el primer paso hacia la normalización del aborto: porque la ley deja de reconocer que existe una víctima. La vida humana, privada de tutela jurídica, queda expuesta a la lógica del deseo, de la presión social, de la conveniencia política o del lucro. Es lo que tiene la gradualidad: al final llegamos al «aborto durante el nacimiento» porque en el mercado de órganos, éstos alcanzan tanto mayor precio cuanto más desarrollados estén. No es lo mismo ejecutar al nonato a los seis meses, que a los nueve. Es lo que tiene la gradualidad.
La encíclica Evangelium vitae insiste en que la ley tiene una función pedagógica: cuando deja de proteger al concebido, transmite a la sociedad que esa vida es prescindible y que la decisión de prescindir de esa vida está al alcance jurídico de cualquiera. Por eso, la despenalización no es un matiz técnico, sino una renuncia moral.
El artículo de Infovaticana coincide en este diagnóstico: recuerda que todos los países que iniciaron la liberalización del aborto, lo hicieron con el mismo argumento («sólo despenalizar»), que luego desembocó en la legalización plena, incluida la del aborto por nacimiento parcial (¡durante el parto!). La reforma andorrana, por tanto, no es un gesto aislado: es la primera grieta en un muro que hasta ahora había resistido. Y esa grieta se abre —según el artículo— con la colaboración activa del obispo de Urgel, copríncipe de Andorra, y con la aquiescencia silenciosa (pero inequívoca) de Roma.
El texto atribuye la negociación a la Secretaría de Estado, encabezada por el cardenal Pietro Parolin (ojo al dato, la moral católica convertida en «cuestión de Estado»: competencia, por tanto, del Secretario del Estado Vaticano), y destaca que el Gobierno andorrano agradeció «el clima de confianza y discreción» mantenido con la Santa Sede. La palabra «discreción» es aquí decisiva: significa que Roma ha preferido no pronunciarse «públicamente», no advertir, no corregir, no ejercer su autoridad moral en un asunto que afecta directamente a la vida humana. Evangelium vitae condena explícitamente esta actitud: San Juan Pablo II afirma que los pastores deben alzar la voz sin ambigüedades cuando la vida está amenazada, y que el silencio o la ambigüedad constituyen una forma de complicidad.
La encíclica exige que la Iglesia sea «signo de contradicción», no acompañante diplomático de procesos legislativos que erosionan la cultura de la vida, y sobre todo, la moral que la sostiene con toda su fuerza.
Se señala que Parolin, en 2023, afirmó que la defensa de la vida es «un principio irrenunciable». Tres años después, ese principio parece haber sido gestionado como una variable negociable a conveniencia, siempre que la operación se realice discretamente, sin ruido mediático. La diplomacia (oficio del Secretario de Estado), en este caso, estaría para sustituir al testimonio: al oficio y responsabilidad de toda la Iglesia, empezando obviamente por su cúpula.
La situación de Andorra es singular: uno de sus jefes de Estado es el obispo de Urgel. Esto significa que la reforma de la legislación andorrana no es sólo un asunto político, sino también eclesial. El obispo Josep-Lluís Serrano Pentinat, como copríncipe, tiene responsabilidad directa irrenunciable en la promulgación de la ley. Su silencio, por tanto, no es solo pastoral: es institucional. Es la Iglesia la que calla con él, la que «matiza» lo que, en recta y valiente doctrina, no tiene matices.
Aunque, bien mirado, siempre le queda el recurso de Balduino de Bélgica, que ante la presión institucional que le imponía como rey el deber de avalar y ratificar con su firma la ley del aborto, abdicó de su cargo el día en que le tocaba firmar, sólo ese día, porque en su conciencia, la ley del aborto no podía ir avalada con la firma de un rey católico. ¿Abdicará también de su nobilísimo cargo de copríncipe de Andorra el obispo Pentinat? Aunque sea sólo por un día. ¡Uy!, ¿Podría perder por el camino su estatus de Copríncipe?
La información disponible indica que Mons. Serrano Pentinat ha hablado de «diálogo» y «acompañamiento a las mujeres en situaciones difíciles», expresiones que, aunque comprensibles pastoralmente (en la modernísima pastoral que lo acompaña todo, todo, todo), resultan jurídicamente irrelevantes y moralmente insuficientes. La encíclica exige que un pastor —y más aún si es además jefe de Estado— se oponga frontalmente a cualquier legislación que retire la protección al concebido aún no nacido. No basta con acompañar al agresor: hay que defender al agredido. La pregunta que plantea el artículo es legítima y grave: ¿Puede un obispo católico permitir la promulgación de una ley que desprotege al no nacido, si está en su mano evitarlo?
Según Evangelium vitae, la respuesta es no. La encíclica afirma que ningún cristiano puede cooperar formalmente con leyes abortistas, y que los gobernantes católicos deben resistir incluso a costa de su carrera política. Si esto es exigible a un legislador, con mayor razón a un obispo que es, además, jefe de Estado.
La actitud de Serrano Pentinat, tal como la describe el artículo, parece optar por la neutralidad institucional (olvidando, claro está, que la «institución» es el obispo: ¿el obispo, «neutral» respecto al aborto?) y la prudencia diplomática. Pero la neutralidad, en este caso, sólo puede calificarse de abandono. Una tremendísima imprudencia, irresponsabilidad y abdicación moral. En efecto, no abandono del cargo político por un día, como Balduino, sino abandono de la responsabilidad moral como obispo (¡y no sólo por un día!).
El artículo añade un elemento geopolítico: la presión del presidente francés Emmanuel Macron, que ha convertido el aborto en un «derecho constitucional» en Francia. Macron habría insistido en la cuestión durante su visita a Andorra, y la reforma parece avanzar en la dirección que él desea.
Pero he aquí que la encíclica de referencia, advierte contra la influencia de poderes políticos que promueven la «cultura de la muerte». Juan Pablo II denuncia que los Estados poderosos imponen modelos antropológicos que erosionan la dignidad humana. En este caso, la presión francesa parece haber encontrado poca resistencia tanto en Andorra como en Roma, que habría optado por una discretísima negociación en lugar de una defensa pública del actual ordenamiento andorrano. Alineado de momento con la moral católica.
El artículo señala que la llegada del Papa León XIV complicó las conversaciones y redujo el alcance del proyecto. Pero la prueba decisiva será septiembre: si la reforma prospera sin una palabra de Roma, el corpus doctrinal quedaría en entredicho.
Andorra era uno de los últimos territorios europeos donde la vida del concebido aún no nacido, gozaba de protección plena. No era un anacronismo: era un testimonio. Por eso, su caída no sería una derrota inevitable, sino el resultado de una lamentable «negociación» en la que la Santa Sede habría aceptado participar. Sí, es eso, la Iglesia «negociando», y no en plano de igualdad, sino de inferioridad manifiesta; negociando la moral con el Estado, con el mundo.
Evangelium vitae enseña que la Iglesia debe ser «la casa de la vida», un refugio para el débil, un faro moral en medio de la confusión. Cuando la diplomacia sustituye al testimonio, la Iglesia pierde su voz profética y se convierte en un actor más del juego político.
El artículo concluye que «lo irrenunciable acaba teniendo precio». La encíclica, en cambio, afirma que la vida humana no lo tiene, ya que es infinito (¿para la política? No, para la Iglesia). La contradicción entre ambos mensajes es el núcleo de esta crisis.
La actualidad de Evangelium vitae revela una fractura preocupante entre doctrina y praxis. Mientras la encíclica exige claridad, resistencia y testimonio, la actuación descrita del Vaticano y del obispo Serrano Pentinat parece optar por la discreción, la negociación y el silencio. La despenalización del aborto en Andorra no es sólo un cambio legislativo: es un síntoma de una Iglesia que, en este caso, habría renunciado a su papel profético.
Sin embargo, la encíclica de Juan Pablo II sigue siendo un faro moral. El proceso andorrano, tal como se presenta, es una sombra que lo contradice.
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