El sacerdote Francisco José Delgado ha publicado en InfoCatólica un artículo que recomendamos leer despacio, «¿Dinero de la Iglesia para el anticatolicismo?», y que no dice, en el fondo, nada que no supiéramos ya, pero lo dice con la fuerza de lo concreto: nombres, banners, tarifas y un inventario de instituciones eclesiales —EDIBESA, UMAS, la Escuela de Teología de los Dominicos, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Católica de Valencia, Comillas, Deusto, Loyola, La Salle, las Paulinas, Edelvives, la Fundación Pablo VI, Mensajeros de la Paz, los Camilos— cuya publicidad aparece intercalada, párrafo a párrafo, en un artículo que llama a la Iglesia intransigente y enemiga del Evangelio y de la ciencia por sostener su doctrina sobre la homosexualidad. El autor remata la faena, como no podía ser de otra manera, citando a Juan José Tamayo. Es decir: dinero que procede, directa o indirectamente, del esfuerzo de los fieles, sirviendo de soporte económico a un medio cuya línea editorial no es que sea crítica con la Iglesia, sino que es abiertamente contraria a su doctrina y, en no pocas ocasiones, vehículo de posiciones sencillamente heréticas, revestidas de ese progresismo rancio, desactualizado, de cura de los años setenta, que ya no convence ni a los suyos pero que sigue cobrando puntualmente.
Un fenómeno atípico que ya nadie puede fingir no ver
Hay algo profundamente atípico en todo esto. No es normal que un portal con una audiencia que, según los datos acumulados de SimilarWeb para 2025, ronda los 6,5 millones de visitas anuales —frente a los más de 18,5 millones de InfoVaticana, los 16,5 de InfoCatólica o los más de 12 de Religión en Libertad— concentre semejante densidad de publicidad institucional eclesial. No es normal que un medio leído varias veces menos que los grandes portales católicos españoles sea, sin embargo, el escaparate preferido de la publicidad de universidades pontificias, editoriales religiosas y mutuas fundadas por la propia Conferencia Episcopal. Y no es normal, tampoco, que obispos y funcionarios vaticanos —ahí están las entrevistas complacientes a quienes parecen proponerse a sí mismos para puestos mayores, o el uso reiterado del portal como altavoz por parte de oficiales de la Curia como monseñor Jordi Bertomeu— utilicen ese mismo medio como foro de autopromoción, como si aparecer en él sumara puntos en el escalafón de la carrera eclesiástica.
Cuando la publicidad no sigue a la audiencia y la jerarquía no sigue a los fieles, sino que ambas convergen sistemáticamente en el medio minoritario que las desprecia, la pregunta ya no es periodística: es administrativa, y en su caso, jurídica.
Lo que ya explicamos: la publicidad no se paga como se quiere
En enero de este año publicamos «Dinero de la Iglesia y publicidad digital: la línea roja de la administración desleal», donde recordábamos algo elemental que el clericalismo acomodado prefiere no oír: la publicidad digital ha objetivado lo que antes era artesanal. Hoy los impactos se cuentan, las audiencias se auditan y los costes por mil impresiones —los CPM— se comparan con facilidad contra referencias de mercado. Quien administra dinero propio puede tirarlo como quiera; quien administra dinero ajeno —el de una diócesis, el de una mutua eclesial, el de una empresa propiedad de la Iglesia, es decir, en última instancia, el de los fieles— está sujeto a un deber estricto de diligencia y lealtad, y no puede contratar publicidad a precios desvinculados del valor real de mercado sin justificación técnica seria y documentable. La administración desleal no exige sobres ni comisiones ocultas: basta con gestionar bienes ajenos de forma contraria a su interés causando un daño patrimonial evaluable. Pagar sobreprecios persistentes por publicidad en un medio de audiencia marginal, existiendo alternativas objetivamente mayores y más eficaces, deja de ser una mala decisión comunicativa para convertirse en algo que exige explicaciones; y si detrás de esa compra fuera de mercado hubiera algún intento de comprar voluntades o algún arreglo que desconocemos, sería aún más grave. ¿Hasta dónde van a agotar la paciencia de los fieles antes de que se activen legalmente?
En marzo lo bajamos al detalle con el caso UMAS: mutualistas que pidieron conocer los importes pagados, las visitas reales generadas y el CPM efectivo resultante, y que a día de hoy siguen sin respuesta. La opacidad, en una entidad que gestiona recursos de instituciones de la Iglesia, no es un detalle menor: es una anomalía que pudiera ser indiciaria de acuerdos desajustados al valor real de mercado. Y UMAS, como entonces advertimos, es solo el principio.
El precio de señalarlo
Sabemos también lo que viene ahora, porque el mecanismo es tan previsible como viejo. Quien señala la incongruencia —hoy el padre Delgado— activa de inmediato los resortes de la represión ambiental: empiezan – oh casualidad- los artículos en su contra, las compilaciones sensacionalistas de declaraciones sacadas de contexto, el señalamiento personal, el intento de convertir al denunciante en el problema para no tener que responder a la denuncia. Es la reacción de un ecosistema clientelar que no puede discutir los datos —las tarifas están publicadas, los banners a la vista, las cifras de audiencia auditables— y que por eso ataca a las personas. Nosotros mismos conocemos ese trato, y lo conocen también nuestros accionistas, cuyos nombres e imágenes se utilizan para señalarles en frecuentes campañas absurdas. Que sepan quienes lo hacen que no solo sabíamos a lo que veníamos, sino que viene en adelante una actividad muchísimo más intensa.
Nuestra libertad y a quién se la debemos
InfoVaticana no recibe publicidad de ninguna institución oficial. No la pedimos ni la esperamos. La última vez que se nos ofreció financiación institucional fue a condición de retirar determinados contenidos sobre la campaña de la X, y fue rechazada; aquella experiencia, que ya contamos en su día, nos enseñó que el dinero no compró nuestro silencio, pero nos obligó a mirar con más atención hacia dónde sí circula ese dinero con aparente normalidad. Nos sostienen los donantes y los accionistas que creen en este proyecto, y precisamente por eso somos libres: profesionales con la vida hecha fuera de las redes clientelares que aquí describimos, sin obispo que nos pueda cesar, sin universidad jesuita ni dominica que nos pueda retirar el banner, sin diócesis que nos pueda cerrar el grifo. Esa libertad ni nos la pueden dar ni nos la pueden quitar, y si Dios nos da salud, a este equipo le quedan décadas para seguir destapando incongruencias, herejías y corruptelas; para seguir denunciando gestiones negligentes en casos de abusos, sea quien sea el responsable; y para defender, con toda humildad pero con toda determinación, algo tan sencillo y tan profundo a la vez como la fe católica de siempre. No su deformación modernista: no la de quienes adoran a la Pachamama, ni la de quienes quieren «deconstruir» la familia para abrir paso a la agenda LGTB, ni la de quienes promueven el sacerdocio femenino y las obispesas, ni la de quienes ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Y una palabra final de gratitud, la más importante. A los sacerdotes valientes que, como el padre Delgado, sí dependen de una diócesis, de una estructura, de un superior; que viven dentro de instituciones donde estas incongruencias se financian a sobreprecio y donde levantar la voz tiene un coste personal que nosotros no pagamos. Ellos están en la primera línea de un combate en el que nosotros tenemos el privilegio —la bendición— de pelear sin ataduras y con la conciencia tranquila. Que Dios les sostenga.
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