La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) recibió una adjudicación federal de cerca de 141 millones de dólares dentro del programa Preferred Communities, destinado al reasentamiento y asistencia de refugiados especialmente vulnerables. Una investigación publicada por Effort pone el foco en el fuerte crecimiento de este programa durante la Administración Biden y en el peso que la financiación pública ha alcanzado en varias organizaciones religiosas dedicadas a servicios migratorios.
Los datos recopilados muestran que la USCCB no fue un caso aislado. Entre los grandes beneficiarios aparecen Church World Service, Lutheran Immigration and Refugee Service —actualmente Global Refuge—, Episcopal Migration Ministries, HIAS y otras organizaciones que desarrollan programas de acogida y reasentamiento en Estados Unidos.
Cerca de 141 millones para la USCCB
La adjudicación correspondiente a la Conferencia Episcopal estadounidense comenzó en septiembre de 2021 y ascendió a 140.937.398 dólares. Según los registros recogidos por Effort, hasta la finalización del periodo de la subvención se habían contabilizado algo más de 80 millones de dólares en desembolsos.
El programa Preferred Communities depende de la Office of Refugee Resettlement, integrada en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS). Su objetivo es facilitar el reasentamiento de refugiados especialmente vulnerables en comunidades preparadas para atender sus necesidades.
El volumen del programa creció considerablemente a partir de 2021. El análisis calcula que las obligaciones acumuladas de estas subvenciones terminaron superando los 1.000 millones de dólares, después de sucesivas ampliaciones durante los años siguientes.
Entre las adjudicaciones recogidas por la investigación figuran aproximadamente 162 millones de dólares para Church World Service, 159 millones para Global Refuge, 139 millones para HIAS y cerca de 80 millones para Episcopal Migration Ministries.
El peso de los fondos públicos en las cuentas de la USCCB
La cuestión adquiere mayor relevancia al observar las cuentas generales de la Conferencia Episcopal.
Según el informe financiero auditado de la USCCB correspondiente al ejercicio 2024, citado en la investigación, la Conferencia registró 180,4 millones de dólares procedentes de contratos y subvenciones gubernamentales. Esa cantidad representó el 81,8% de sus ingresos durante el ejercicio.
No todos esos fondos procedían de Preferred Communities. La USCCB participa en distintos programas gubernamentales relacionados con refugiados, menores extranjeros no acompañados y otras modalidades de asistencia migratoria.
Dentro de la estructura episcopal, Migration and Refugee Services (MRS) concentra buena parte de esta actividad. La investigación señala que este departamento representa una parte sustancial de los gastos operativos de la USCCB y que asumió aproximadamente 13,4 millones de los 36,6 millones de dólares destinados por la Conferencia a salarios, impuestos y prestaciones durante 2024.
Organizaciones religiosas dependientes de contratos migratorios
Effort extiende su análisis a otras organizaciones vinculadas a distintas confesiones cristianas y sostiene que algunas dependen de manera muy significativa del dinero público destinado a programas migratorios.
En el ejercicio 2024, Global Refuge declaró unos ingresos totales de 303,6 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 291,9 millones procedían del Gobierno. Church World Service registró cerca de 282,9 millones de ingresos, con unos 251,4 millones procedentes de fondos gubernamentales.
A partir de estas cifras, Effort utiliza una formulación especialmente crítica y describe financieramente a algunas de estas organizaciones como «contratistas migratorios con una participación menor en las iglesias».
Los datos, muestran por sí mismos el elevado peso adquirido por los programas públicos de inmigración y refugiados dentro de las finanzas de varias de estas entidades.
Financiación pública y oposición a las políticas migratorias de Trump
La investigación señala además una circunstancia políticamente relevante: varias de las organizaciones beneficiarias de estos fondos se han convertido en críticas públicas de las políticas migratorias de Donald Trump.
La USCCB y otras organizaciones religiosas han cuestionado medidas relacionadas con deportaciones, seguridad fronteriza, restricciones al reasentamiento de refugiados y reducción de ayudas destinadas a extranjeros.
Effort contrapone esa actividad pública con la dependencia económica que estas organizaciones desarrollaron respecto de los programas federales durante los años anteriores.
En el caso concreto de la USCCB, los datos plantean así una cuestión que excede la subvención de Preferred Communities: hasta qué punto la importante presencia de fondos gubernamentales destinados a inmigración y refugiados condiciona la estructura económica de la Conferencia Episcopal estadounidense.
Buena parte de las adjudicaciones analizadas llegan además a su término durante 2026. Según Effort, aproximadamente 1.020 millones de dólares en subvenciones de Preferred Communities tienen prevista su expiración este año, mientras permanece abierta la cuestión de qué programas mantendrá o renovará la Administración Trump.