Hace ocho años que la Santa Sede reescribió el número 2267 del Catecismo, y ocho años después el problema que aquel rescripto creó sigue intacto, con un agravante: ya no es solo el problema de Francisco. León XIV ha hecho suya la fórmula esta misma primavera —en un vuelo de regreso de África, ante la Universidad DePaul, ante la OSCE—, y precisamente por eso este artículo se dirige a él. No para pedirle que rehabilite patíbulo alguno, que nadie añora, sino para pedirle lo que su predecesor nunca concedió: que diga qué significa la palabra sobre la que ha quedado hipotecado el crédito doctrinal de la Iglesia. Mientras «inadmisible» siga sin definir, la Iglesia entera queda a los pies de los caballos: de los ajenos y, lo que es peor, de los propios.
Los hechos son conocidos y conviene reponerlos con exactitud. El 2 de agosto de 2018 se publicó un rescripto, aprobado por Francisco en audiencia del 11 de mayo y firmado el 1 de agosto por el cardenal Ladaria, que sustituía el texto de 1997 —el de Juan Pablo II, que admitía la pena capital únicamente como último recurso defensivo frente al agresor injusto, en casos que juzgaba ya rarísimos, acaso inexistentes— por una enseñanza nueva: la pena de muerte «es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», con compromiso expreso de abolición universal. La única fuente citada era un discurso del propio Francisco, de octubre de 2017, donde había afirmado que la condena capital es «en sí misma contraria al Evangelio». Una carta adjunta de la Congregación para la Doctrina de la Fe certificaba que la nueva fórmula «no está en contradicción con las enseñanzas anteriores del Magisterio». La certificación era necesaria porque la apariencia decía otra cosa: de la profesión de fe impuesta a los valdenses en 1208 al Pío XII de 1952, pasando por el Catecismo Romano de Trento, la licitud de principio había sido enseñanza constante de papas, concilios y doctores.
La reacción no vino de la prensa hostil sino de la academia. El 15 de agosto de 2018, cuarenta y cinco teólogos, filósofos y clérigos publicaron en First Things un llamamiento a los cardenales pidiéndoles que aconsejaran al Papa la retirada de la revisión, porque su apariencia de contradicción con la Escritura y la enseñanza tradicional estaba causando escándalo; en días se sumó más de una treintena de firmas. Enfrente, monseñor Paglia, presidente de la Academia para la Vida, ofreció a la prensa la lectura maximalista: con el nuevo texto «ha quedado claro que no existen excepciones». Entre ambos polos floreció el equívoco: unos leyeron un juicio prudencial revisable, otros una declaración de malicia intrínseca, y los moralistas hicieron notar que «inadmisible» no es término definido en teología moral, de modo que cada cual entendió lo que quiso. Ocho años después, la dispersión persiste. Un catecismo existe para zanjar disputas; este número las funda.
El coste no es académico. En 2004, el cardenal Ratzinger había trazado para los obispos norteamericanos una frontera nítida: entre católicos cabe legítima diversidad de opiniones sobre la guerra y la pena capital; sobre el aborto y la eutanasia, ninguna. Esa frontera protegía lo esencial distinguiéndolo de lo opinable. El 2267 de 2018 la borró, y con ella borró algo más: quedó sentado el precedente de que una enseñanza multisecular puede invertirse mediante un discurso, un rescripto y un certificado de no contradicción. Quien pretenda aplicar mañana la misma plantilla a cualquier otro expediente ya conoce el camino. No hace falta añorar al verdugo —nadie aquí lo añora— para advertir que el crédito docente de la Iglesia no se pierde por parcelas: si el magisterio constante pudo errar en esto, la pregunta de por qué no habría errado en aquello queda servida, gratis, a todos sus adversarios, internos y externos.
¿Por qué León XIV? Primero, porque ha asumido la fórmula. El 23 de abril, de regreso de Guinea Ecuatorial, la equiparó por yuxtaposición: «Condeno el asesinato. Condeno la pena de muerte». Al día siguiente, en su videomensaje a DePaul por el decimoquinto aniversario de la abolición en Illinois, citó el 2267 vigente y reprodujo hasta su arquitectura: la dignidad que no se pierde ni tras los crímenes más graves, y también las cárceles eficaces que hacen innecesaria la pena; la misma mezcla de esencia y circunstancia en que consiste el problema. En mayo, ante la OSCE, excluyó la pena capital junto a la tortura y los tratos degradantes, mientras el Gobierno federal de su país anuncia que refuerza la pena de muerte federal. Segundo, porque él mismo ha formulado la distinción que el texto vigente difumina: en 2023, siendo obispo de Chiclayo, hizo suya la «ética coherente de la vida» de Bernardin, pero recogiendo con precisión la advertencia del cardenal de Chicago: cada cuestión de vida tiene su carácter moral propio, y fusionarlas sin atender a su importancia moral relativa se aparta de la enseñanza católica. Exactamente. Le pedimos que aplique su propia advertencia al número 2267. Y tercero, porque pocos papas han llegado mejor pertrechados para la tarea: doctor en derecho canónico, y portador por elección de un nombre que remite al autor de Aeterni Patris, la encíclica que hizo de santo Tomás el maestro común de la Iglesia; el mismo Tomás que enseñó la licitud de la pena capital en la Suma. Las herramientas están sobre su mesa.
Subsanar no exige, en su grado mínimo, restaurar el texto de 1997; exige responder una sola pregunta, y la Iglesia dispone de instrumentos ordinarios para ello: un responsum ad dubium del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El dubium es simple: ¿enuncia «inadmisible» una malicia intrínseca o un juicio prudencial sobre las circunstancias presentes? Si lo primero, que se explique cómo se concilia con la profesión valdense, con Trento y con Pío XII, o que se admita la ruptura y se carguen sus consecuencias. Si lo segundo, que el 2267 se reformule para decir lo que quiere decir: la Iglesia puede comprometerse con la abolición, con toda la fuerza prudencial del mundo, sin hipotecar su pasado ni fundar la petición en una dignidad que, de ser el fundamento, lo era también en 1208. Nada de esto es inaudito: el propio 2267 ya fue revisado en 1997 tras Evangelium vitae —los textos catequéticos son revisables por definición—, y si el obstáculo es que Fratelli tutti incorporó la fórmula en 2020, esa es precisamente la razón por la que solo un Papa puede hacerlo.
Ocho años, dos pontificados, una palabra sin definir. No le pedimos a León XIV que defienda el patíbulo. Le pedimos que defina un término. Para eso, exactamente, existe un Papa.