Después de que la Santa Sede desmintiera oficialmente las informaciones sobre una supuesta absolución de Marko Ivan Rupnik y confirmara que el proceso canónico sigue en curso, la abogada Laura Sgrò hizo públicas sus críticas al desarrollo del procedimiento, denunciando la falta de información facilitada a las mujeres a las que representa y reclamando que se aclare si podrán intervenir como partes perjudicadas en el juicio.
En declaraciones a La Nuova Bussola Quotidiana y Crux, así como en una carta dirigida al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, la letrada italiana insiste en que no pretende un juicio público ni cuestionar el ordenamiento canónico, sino conocer «las informaciones mínimas que garanticen el derecho de defensa y el derecho de contradicción».
«Sin ellas no puede haber justicia», afirma.
Cinco preguntas que siguen sin respuesta
Según reveló OSV News, Sgrò remitió el pasado 21 de julio una carta al cardenal Fernández planteando cinco cuestiones concretas: si el juicio había comenzado realmente, cuál era su estado actual, quiénes integran el tribunal, qué ocurrió con la solicitud presentada por sus clientas para ser admitidas como partes perjudicadas y por qué las denunciantes todavía no habían sido llamadas a declarar.
Al día siguiente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó oficialmente que el proceso judicial está en marcha y desmintió las informaciones sobre una supuesta absolución de Rupnik. El director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, explicó además que, «durante el juicio, como en cualquier procedimiento judicial, no se puede compartir información sobre las actividades en curso por respeto al propio juicio» y también para evitar perjudicar a las personas implicadas. Añadió que, si el tribunal considera necesario recabar más información, «será su responsabilidad proceder de forma independiente para obtenerla».
Sin embargo, el comunicado no respondió a una de las cuestiones centrales planteadas por la abogada: qué ha ocurrido con la petición para que las denunciantes sean admitidas como partes perjudicadas en el procedimiento.
La cuestión de las víctimas en el proceso
Es precisamente ahí donde Sgrò sitúa el núcleo de su crítica.
La abogada denuncia que sus representadas «no solo no han sido convocadas», sino que la solicitud presentada para intervenir como representantes de la parte perjudicada «ni siquiera ha recibido respuesta». También asegura haber intentado contactar en repetidas ocasiones con el cardenal Fernández y con el secretario de la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el arzobispo John Joseph Kennedy, sin obtener contestación.
«Siempre me han ido dando largas; nadie quiere hablar conmigo», afirma.
La cuestión no es menor desde el punto de vista jurídico. El canon 1729 del Código de Derecho Canónico prevé que la parte perjudicada pueda ejercitar, dentro del propio proceso penal, una acción para reclamar la reparación de los daños sufridos por el delito. Precisamente esa posibilidad es la que Sgrò solicitó para sus representadas y sobre la que, hasta ahora, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no ha dado respuesta pública.
La letrada sostiene además que sus clientas desconocen la identidad de los jueces encargados del caso y que ni siquiera han sido escuchadas como testigos.
«¿Cómo puede ser creíble un juicio cuando las víctimas ni siquiera conocen los nombres de los jueces? Es otra violencia que se comete contra estas mujeres», sostiene.
Un debate que va más allá del caso Rupnik
Las críticas de Sgrò no se limitan al caso del antiguo jesuita esloveno, sino que reabren un debate más amplio sobre la participación de las víctimas en determinados procedimientos penales canónicos.
La abogada denuncia que las presuntas víctimas permanecen al margen del proceso, sin información suficiente sobre su evolución y sin respuesta a las solicitudes formuladas por su representación legal. Una crítica semejante ya fue planteada por las víctimas del sacerdote peruano Eleuterio «Lute» Vásquez, cuya investigación canónica también estuvo rodeada de denuncias por la escasa comunicación mantenida con las denunciantes durante la tramitación del expediente.
En la carta remitida al cardenal Fernández, Sgrò asegura que sus clientas «se sienten abandonadas y traicionadas, víctimas una vez más de un sistema que nunca las acogió, protegió ni consoló». A su juicio, la falta de comunicación constituye «una violencia adicional» contra unas mujeres cuyas heridas «siguen abiertas».
Transparencia y credibilidad
La abogada concluye su escrito apelando a la credibilidad de la propia Iglesia.
«La Iglesia, igual que las víctimas, necesita transparencia, justicia y verdad», escribe, al tiempo que pide ser mantenida informada «en la medida de lo posible» sobre la evolución del procedimiento y recuerda que sus representadas «deben ser consideradas un recurso y no un obstáculo en el camino hacia la verdad».
El juicio canónico contra Rupnik continúa mientras el tribunal examina la abundante documentación reunida durante la investigación. Por el momento, la Santa Sede mantiene la reserva sobre el desarrollo de las actuaciones, alegando la necesidad de preservar la integridad del proceso, mientras las denunciantes reclaman conocer cuál será su papel en un procedimiento cuyo resultado podría convertirse en una referencia para futuros casos de abusos juzgados por la justicia canónica.