El Papa nombra siete nuevos miembros del Supremo Tribunal, con dos canonistas españoles del Opus Dei y un perfil marcadamente técnico. La incorporación del arzobispo de San Francisco, apenas tres semanas después de sus declaraciones sobre la Misa tradicional y la FSSPX, es el dato más elocuente de la tanda. Concluye, por su parte, el quinquenio del cardenal Müller.
La Sala Stampa de la Santa Sede anunció este sábado 25 de julio el nombramiento de siete nuevos miembros del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el máximo órgano judicial de la Iglesia, presidido por el cardenal Dominique Mamberti. León XIV ha designado a los arzobispos y obispos Salvatore Joseph Cordileone (San Francisco), Krzysztof Nitkiewicz (Sandomierz, Polonia), Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos hasta el pasado junio) y Edward M. Lohse (Kalamazoo, Estados Unidos), junto a los sacerdotes Eduardo Baura de la Peña (Pontificia Universidad de la Santa Cruz), Gianpaolo Montini y el jesuita Ulrich Rhode (ambos de la Gregoriana).
La renovación llega al expirar el quinquenio de los miembros nombrados por Francisco en junio de 2021: los cardenales Müller, Tobin, Grech y Harvey concluyen así su mandato en el tribunal, en un relevo ordinario que da paso a una nueva generación de canonistas.
Cordileone, un canonista que vuelve a casa
El nombramiento del arzobispo de San Francisco es, con diferencia, el de mayor lectura eclesial. Cordileone no es un recién llegado al palazzo della Cancelleria: canonista de formación, trabajó como oficial de la propia Signatura Apostólica en los años noventa, antes de su episcopado, por lo que conoce desde dentro la maquinaria del tribunal al que ahora regresa como juez.
Pero es el contexto lo que convierte la designación en un gesto. Cordileone es uno de los pocos ordinarios diocesanos del mundo que pontifica con regularidad en el rito romano tradicional. El pasado 2 de julio confirió el subdiaconado y el diaconado a catorce seminaristas del Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote en Gricigliano, en unas ceremonias que culminó al día siguiente el cardenal Burke —antiguo prefecto de la misma Signatura— con la ordenación de cuatro nuevos sacerdotes.
Apenas unos días después, el arzobispo reaccionaba públicamente a las consagraciones episcopales de la Fraternidad San Pío X en Écône afirmando que reflejan «una creciente falta de confianza que lleva mucho tiempo gestándose», pidiendo un diálogo «sincero y honesto» entre Roma y la Fraternidad y reclamando que se facilite el acceso a la Misa tradicional «para que nuestros fieles no sientan que están obligados a buscar alimento espiritual fuera de la familia en comunión con Roma».
Que León XIV lo incorpore al tribunal supremo de la Iglesia tres semanas después de esas declaraciones admite pocas lecturas equívocas: lejos de situarlo fuera del perímetro de confianza pontificia, ese discurso no ha sido obstáculo para confiarle una función de garantía jurídica en el corazón de la Curia. En el momento más delicado de la relación entre Roma y el mundo tradicional desde 1988, el Papa sienta en la Signatura a un arzobispo que celebra el rito antiguo, ordena para un instituto ex Ecclesia Dei y pide revisar el statu quo litúrgico.
Qué es la Signatura y qué podrá votar Cordileone
La Signatura Apostólica opera en tres ámbitos, conforme a su Lex Propria. Como tribunal judicial supremo, juzga las querellas de nulidad contra sentencias de la Rota Romana y los conflictos de competencia entre tribunales. Como tribunal contencioso-administrativo —su función más sensible—, resuelve los recursos contra actos administrativos singulares de los dicasterios de la Curia por violación de ley en el procedimiento o en la decisión: por esta vía pasan supresiones de parroquias, expulsiones de institutos religiosos, decretos penales contra clérigos y, potencialmente, los decretos dicasteriales que afectan a comunidades ligadas a la liturgia tradicional. Ejerce, además, la vigilancia sobre la recta administración de justicia en todos los tribunales de la Iglesia.
Los miembros no residen en Roma ni gobiernan el dicasterio —eso corresponde al cardenal prefecto—, pero juzgan en los colegios de cinco que deciden definitivamente los recursos contenciosos y en la plenaria que resuelve los conflictos entre dicasterios. Es decir: Cordileone votará, caso por caso, sobre la legalidad de actos de la Curia romana, incluidos los del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el del Culto Divino cuando lleguen por vía de recurso. Un control de legalidad, no de mérito, y del que quedan excluidos los actos aprobados por el Papa en forma específica; pero una pieza de garantía nada menor en el ordenamiento canónico.
Una tanda de juristas, no de ideólogos
El resto de nombramientos confirma la impronta: técnica antes que política. Juan Ignacio Arrieta, sacerdote del Opus Dei y doctor por Navarra, ha sido durante casi veinte años secretario de Textos Legislativos y artífice principal de la reforma del derecho penal canónico de 2021; su paso a la Signatura es casi un movimiento natural de carrera. Eduardo Baura, también del Opus Dei y catedrático de la Santa Cruz, es uno de los grandes especialistas en derecho administrativo canónico —precisamente la materia de la sección segunda del tribunal— y firmó en su día análisis muy críticos con la técnica legislativa de Traditionis custodes.
Gianpaolo Montini, profesor de la Gregoriana y durante años promotor de justicia de la propia Signatura, es probablemente el mayor conocedor vivo del proceso contencioso-administrativo del tribunal. Completan la lista el jesuita alemán Ulrich Rhode, catedrático de la Gregoriana; el obispo polaco Krzysztof Nitkiewicz, canonista y antiguo subsecretario de la entonces Congregación para las Iglesias Orientales; y Edward Lohse, obispo de Kalamazoo y administrador apostólico de Steubenville, doctor por la Gregoriana con años de servicio en la Congregación para el Clero.
No hay en la lista un solo nombre identificable con el ala progresista del Colegio. Dos sacerdotes del Opus Dei, un arzobispo tradicional, tres canonistas de escuela y un obispo de la línea del episcopado polaco: la fotografía es la de un tribunal reforzado con juristas de oficio y sensibilidad clásica.
El relevo de Müller, un cambio ordinario
Entre quienes concluyen su servicio en el tribunal figura el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito de la Doctrina de la Fe y miembro desde 2021. Su salida no debe leerse en clave política: los mandatos de aquella tanda expiraban por ley este año y el purpurado alemán, que ha rebasado los 78 años, deja el tribunal junto a los cardenales Tobin, Grech y Harvey, de sensibilidades bien distintas entre sí. Se trata de un relevo generacional ordinario, que en nada afecta al peso doctrinal de Müller, cuya voz —como demostró hace un mes en el consistorio extraordinario— sigue siendo de las más escuchadas del Colegio cardenalicio.
Con Mamberti al frente y esta nueva composición, la Signatura queda configurada para un pontificado en el que el contencioso-administrativo canónico —desde los recursos de comunidades tradicionales hasta los procesos penales contra clérigos— promete ser cualquier cosa menos irrelevante.