A lo largo de la historia, la Iglesia ha afrontado persecuciones, guerras, revoluciones, cismas y graves crisis internas en las que algunos han invocado el llamado «estado de necesidad» para justificar decisiones extraordinarias. Sin embargo, para el magisterio pontificio la existencia de una situación excepcional nunca ha supuesto, por sí sola, una razón suficiente para quebrar la comunión eclesial o alterar la constitución jerárquica de la Iglesia. La preservación de la unidad con la Sede de Pedro ha sido considerada un principio esencial incluso en los momentos más difíciles.
Uno de estos precedentes históricos se produjo durante la Revolución Francesa. Mientras el nuevo régimen defendía que las circunstancias excepcionales del país hacían necesaria una profunda reorganización de la Iglesia en Francia, el papa Pío VI respondió con la encíclica Charitas, publicada el 13 de abril de 1791. En ella rechazó que la emergencia pudiera legitimar cambios impuestos por el poder civil en la estructura de la Iglesia y advirtió de que ese camino desembocaba en el cisma.
La Revolución quiso reorganizar la Iglesia desde el Estado
La crisis comenzó con la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de la Constitución Civil del Clero en julio de 1790. Aquella legislación no pretendía únicamente reformar algunos aspectos administrativos de la Iglesia francesa. Reconfiguraba completamente su organización, reducía el número de diócesis, sometía el nombramiento de los obispos a elecciones organizadas por el Estado y exigía que todo el clero jurase fidelidad a la nueva Constitución.
En la práctica, el poder revolucionario asumía competencias que hasta entonces habían pertenecido exclusivamente a la autoridad eclesiástica. La elección de los obispos dejaba de depender de la Iglesia y podía recaer incluso en votaciones en las que participaban no católicos. Al mismo tiempo, muchos prelados y sacerdotes que se negaban a aceptar el nuevo sistema eran privados de sus cargos y sustituidos por otros elegidos conforme a la legislación revolucionaria.
Para los promotores de la reforma, aquellas medidas respondían a una situación excepcional. Francia atravesaba una transformación política sin precedentes y, según la Asamblea Nacional, la Iglesia debía adaptarse a la nueva organización del Estado. La necesidad política era presentada como justificación suficiente para introducir una nueva estructura eclesiástica.
Pío VI intentó evitar la ruptura
La respuesta de Roma no fue inmediata ni precipitada. Pío VI explica en Charitas que, antes de emitir una condena, intentó impedir el enfrentamiento. Escribió al rey Luis XVI para exhortarle a no sancionar la Constitución Civil del Clero y envió instrucciones a varios obispos para que aconsejaran al monarca no prestar su autoridad a una legislación que, advertía, conduciría al error y al cisma.
El Papa también consultó al Colegio Cardenalicio y solicitó el parecer del episcopado francés. La respuesta fue ampliamente coincidente. Según recuerda la propia encíclica, la inmensa mayoría de los obispos rechazó la nueva legislación por considerarla incompatible con la constitución de la Iglesia y con la tradición canónica. De los 131 obispos franceses, únicamente cuatro se apartaron de esa posición común.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional endurecía su postura. El juramento a la Constitución se convirtió en obligatorio para el clero. Quienes se negaban eran expulsados de sus diócesis y parroquias, mientras el Estado procedía a organizar nuevas elecciones episcopales y parroquiales.
El juramento no era un simple trámite administrativo
Uno de los aspectos centrales de la encíclica consiste en explicar por qué Pío VI consideró inaceptable aquel juramento. A juicio del Pontífice, no se trataba de una mera declaración de obediencia civil, sino de la aceptación de un sistema que subordinaba la Iglesia al poder político y rompía la comunión con la Sede Apostólica.
Por ese motivo, el Papa decretó la suspensión de quienes hubieran prestado «pura y simplemente» el juramento, concediéndoles un plazo para retractarse. En un pasaje especialmente significativo calificó ese juramento como «la fuente envenenada y el origen de todos los errores» que estaban desgarrando a la Iglesia francesa.
Las consagraciones episcopales sin mandato de Roma
La ruptura alcanzó su punto culminante cuando comenzaron las consagraciones de obispos elegidos conforme a la Constitución Civil del Clero.
Pío VI dedica una parte sustancial de Charitas a relatar estos acontecimientos. Denuncia que varios obispos participaron en consagraciones realizadas sin mandato pontificio y destinadas, en algunos casos, a ocupar sedes cuyos legítimos titulares seguían vivos y continuaban siendo los verdaderos obispos de esas diócesis. Para el Papa, aquellas ceremonias constituían actos «ilícitos», «sacrílegos» y carentes de toda legitimidad canónica.
Como consecuencia, declaró nulas las elecciones de los llamados obispos constitucionales, afirmó que carecían de jurisdicción espiritual para gobernar las diócesis que pretendían ocupar y suspendió también del ejercicio de su ministerio a los obispos que habían participado en aquellas consagraciones.
La necesidad no podía sustituir la autoridad de la Iglesia
El razonamiento de Pío VI no descansaba únicamente en normas disciplinarias. Su argumento era más profundo. La constitución jerárquica de la Iglesia no podía ser modificada por una autoridad civil, por muy extraordinarias que fueran las circunstancias históricas.
En Charitas, el Pontífice recuerda que la confirmación de los obispos pertenece a la Sede Apostólica y que ninguna autoridad política puede apropiarse de esa competencia. Del mismo modo, insiste en que la expulsión de un obispo por decisión del Estado no lo priva de su misión eclesiástica. Los verdaderos pastores seguían siendo aquellos que habían recibido legítimamente su jurisdicción, aunque hubieran sido desterrados o perseguidos por el poder revolucionario.
Por ello, exhortó a los obispos a permanecer fieles a sus diócesis, a los sacerdotes a mantenerse unidos a sus legítimos pastores y a los fieles a no reconocer a quienes habían sido introducidos por el nuevo régimen en sustitución de los obispos y párrocos legítimos.
Permanecer unidos a la Sede de Pedro
La encíclica concluye con una llamada directa a los católicos franceses para que no abandonen la comunión con Roma.
Pío VI recuerda que la unidad con el sucesor de Pedro no constituye un elemento accesorio de la vida de la Iglesia, sino una condición esencial de su misma identidad. Por ello exhorta a los fieles a mantenerse alejados de los «intrusos» nombrados por el poder revolucionario y resume toda su exhortación en una frase de especial fuerza: permanecer unidos a la Sede de Pedro, porque «nadie puede estar en la Iglesia de Cristo sin estar en unidad con su cabeza visible».