Las Hermanitas de los Pobres han advertido de que podrían verse obligadas a cerrar algunas de sus residencias en Francia si la futura ley sobre el final de la vida las obliga a permitir la eutanasia en sus establecimientos.
La advertencia llega después de que la Asamblea Nacional francesa rechazara incluir una cláusula de conciencia institucional que permitiera a los centros sanitarios y asistenciales, incluidos los de inspiración religiosa, negarse a practicar la llamada «ayuda a morir» en sus instalaciones.
Según recoge France-Soir, las religiosas atienden a unos 2.500 ancianos en una treintena de casas repartidas por Francia y rechazan de forma categórica «dar la muerte» en sus centros. Para la congregación, aceptar la eutanasia en sus residencias supondría traicionar su misión de acompañar a los ancianos hasta el final natural de la vida.
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Sin cláusula de conciencia para las instituciones
Durante la tramitación del texto, varios parlamentarios intentaron introducir una cláusula de conciencia colectiva para proteger a los establecimientos que, por razones éticas o religiosas, se oponen a la eutanasia. La propuesta no prosperó.
El texto sí prevé una cláusula de conciencia individual para los profesionales sanitarios, pero no reconoce ese mismo derecho a las instituciones. De este modo, los centros católicos podrían verse obligados a organizar la práctica de la eutanasia en sus instalaciones, aunque ello contradiga su ideario.
Las Hermanitas de los Pobres contemplan recurrir a la justicia para defender su libertad de conciencia. En último término, no descartan cerrar algunas casas si la aplicación de la ley compromete su identidad y su misión.
Una ley que reabre el debate sobre la libertad religiosa
Uno de los principales defensores del texto, el diputado Olivier Falorni, sostuvo durante el debate que «los muros no tienen conciencia», en referencia a la negativa a reconocer una objeción institucional para los centros asistenciales.
La afirmación ha sido recibida con preocupación al ser esta postura un riesgo para la libertad religiosa y para la continuidad de obras que, desde hace décadas, atienden a personas vulnerables precisamente desde el compromiso de no provocar nunca la muerte.
La posición de las Hermanitas de los Pobres plantea así una cuestión de fondo: si el Estado puede obligar a instituciones nacidas para cuidar hasta el final natural de la vida a colaborar en una práctica que consideran incompatible con la dignidad humana y con la enseñanza de la Iglesia.