El Papa ha aprobado mediante Quirógrafo, fechado el 25 de junio y publicado este 30 de junio, el nuevo Estatuto de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), el organismo antiblanqueo de la Santa Sede. La reforma suprime de un plumazo la Presidencia y el Consejo Directivo creados en 2020, deja al frente del organismo a un único Director de nombramiento pontificio y traslada toda la rendición de cuentas al Consejo de Economía.
La Secretaría de Estado, hasta ahora presente en la arquitectura del organismo, prácticamente desaparece del texto. Fuentes conocedoras de los entresijos económicos vaticanos advierten a InfoVaticana de que el nuevo diseño plantea serios interrogantes sobre la independencia real del supervisor.
Un organismo decapitado: sin Presidente y sin Consejo Directivo
El cambio más llamativo del nuevo Estatuto es estructural. El texto aprobado por Francisco en diciembre de 2020 articulaba la ASIF sobre tres órganos: un Presidente, un Consejo Directivo de nombramiento pontificio —que aprobaba las líneas estratégicas, los reglamentos y los presupuestos— y una Dirección ejecutiva. Ese esquema, heredado en lo esencial de la antigua AIF creada por Benedicto XVI en 2010, garantizaba una instancia colegiada entre el Director y el poder político.
El nuevo Estatuto elimina ambas figuras. El artículo 5 establece que la Autoridad «es regida y representada por un Director», nombrado por el Sumo Pontífice ad quinquennium, asistido por un Vicedirector propuesto por el propio Director (art. 6). No hay Presidente, no hay órgano colegiado de gobierno, no hay contrapeso interno de rango equivalente. Toda la responsabilidad institucional se concentra en una sola persona designada directamente desde arriba.
La Secretaría de Estado, borrada del mapa
Igual de significativo es lo que el texto calla. Las referencias a la Secretaría de Estado, presentes en la arquitectura anterior del organismo, han sido eliminadas casi por completo. El único vestigio que queda es de puro trámite: los consultores de la Autoridad son nombrados por el Papa a propuesta del Director «por el trámite de la Secretaría de Estado» (art. 10.2). Nada más.
En su lugar, el Consejo de Economía emerge como el gran referente institucional de la ASIF. Según el artículo 3, la Autoridad remite su informe anual de actividades al Consejo de Economía —con copia al Presidente del Comité de Seguridad Financiera—, y el Consejo puede exigirle «relaciones periódicas» sobre su actividad. El presupuesto y las cuentas de la ASIF se someten «directamente a la aprobación del Consejo de Economía» (art. 3.3), y es también el Consejo quien determina cuánto aportan a su financiación la APSA, el Governatorato y los propios entes vigilados (art. 4.2).
«Siempre estamos en lo mismo»: las dudas sobre la independencia
Fuentes con profundo conocimiento del funcionamiento económico de la Santa Sede consultadas por InfoVaticana no ocultan su escepticismo ante el nuevo diseño. «Siempre estamos en lo mismo: han quitado toda referencia a la Secretaría de Estado y ahora parece que quieren que dependa del Consejo de Economía», señalan.
El problema, apuntan estas fuentes, es que el Consejo de Economía —órgano de quince miembros entre cardenales, obispos y laicos, concebido para fijar políticas y ejercer vigilancia sobre las estructuras económicas de la Curia— «no tiene una estructura que permita controlar lo más mínimo» la actividad técnica de un supervisor financiero y una unidad de inteligencia financiera. La supervisión antiblanqueo y el análisis de operaciones sospechosas exigen aparato técnico, personal especializado y procedimientos de confidencialidad que el Consejo, sencillamente, no posee.
La consecuencia previsible, advierten, es que el control efectivo acabe descansando en personas y no en instituciones: «Querrán poner de secretario del Consejo a alguien controlable, y nada más». Y concluyen con la clave de bóveda de todo el asunto: «El tema de la independencia es fundamental».
Independencia proclamada, independencia por demostrar
Es cierto que el nuevo Estatuto proclama solemnemente que a la Autoridad «se le asegura plena autonomía e independencia para el cumplimiento de sus funciones institucionales» (art. 2.1), y que incluso las peticiones de informes del Consejo de Economía deben hacerse «en el respeto de su autonomía operativa y de los parámetros internacionales sobre la reserva en el ámbito de la vigilancia y de la información financiera» (art. 3.2). Sobre el papel, las cautelas están.
Pero la independencia de un supervisor no se mide por las declaraciones de principios, sino por su arquitectura institucional: quién nombra, quién cesa, quién aprueba el presupuesto y quién puede pedir cuentas. Y en el nuevo esquema todas esas palancas convergen en dos puntos: el nombramiento pontificio directo del Director y el control presupuestario y de rendición de cuentas del Consejo de Economía. Desaparecido el Consejo Directivo, no queda ningún órgano colegiado propio que amortigüe presiones externas.
La cuestión no es menor. La credibilidad internacional de la Santa Sede en materia financiera —laboriosamente construida ante Moneyval y el Grupo Egmont durante más de una década, y no sin sobresaltos, como recordará quien tenga memoria del cese fulminante del director de la AIF en 2019 tras los registros de la Secretaría de Estado— depende precisamente de que su unidad de inteligencia financiera sea percibida como operativamente independiente. Los estándares internacionales en la materia son inequívocos: la autonomía de la UIF no puede quedar al albur de quien ocupe en cada momento una secretaría.
Habrá que ver, como todo en Roma, cómo evoluciona la aplicación práctica del nuevo Estatuto y, sobre todo, qué nombres se sientan en las sillas que ahora quedan por cubrir. Ahí, y no en el Bollettino, se jugará la verdadera independencia de la ASIF.
Texto íntegro del Quirógrafo y del nuevo Estatuto en el boletín de la Sala Stampa (30.06.2026).