La publicación de una extensa investigación elaborada durante dos años por un grupo de fieles de la diócesis de Estocolmo, sostiene que existe un patrón de decisiones arbitrarias, falta de transparencia y represalias internas que justificaría una visita apostólica de la Santa Sede. La diócesis rechaza las acusaciones y considera que el documento «no es serio».
La investigación, publicada originalmente en sueco bajo el seudónimo colectivo «Thomas More» y recientemente traducida al inglés, ha sido objeto de un amplio reportaje de la periodista Diane Montagna. Según explica, el trabajo se apoya exclusivamente en testimonios de primera mano, documentación y declaraciones recopiladas durante dos años entre centenares de sacerdotes, religiosos y fieles de la diócesis. Diversas fuentes consultadas por la periodista describen el retrato de la situación como «muy preciso», mientras que la curia diocesana niega la validez del informe.
La petición de una visita apostólica llega además en un momento especialmente delicado. El cardenal Anders Arborelius, de 76 años, se acerca a la edad habitual de jubilación y la Iglesia en Suecia espera el nombramiento de su sucesor. Para los autores del informe, una investigación ordenada por Roma permitiría esclarecer el funcionamiento interno de la diócesis antes del relevo episcopal.
Un supuesto «vacío de poder» en la curia
El informe sostiene que en la administración diocesana se habría creado un «vacío de poder» que permitió la consolidación de un reducido grupo de responsables con una influencia determinante sobre las decisiones de gobierno. Según sus autores, este núcleo habría actuado contra sacerdotes o fieles considerados incómodos o desleales, generando un clima de temor especialmente entre parte del clero diocesano.
«Estamos desesperados», afirma uno de los sacerdotes citados por la investigación, que describe una atmósfera de miedo en la que muchos presbíteros evitarían expresar críticas por temor a represalias. Los autores aseguran haber trasladado reiteradamente sus preocupaciones tanto a la diócesis como al propio cardenal Arborelius, sin obtener respuesta.
El caso que centra el primer volumen de la investigación es el del padre Tobias Unnerstål, cuya trayectoria se presenta como el ejemplo más significativo de las irregularidades denunciadas.
El sacerdote destituido sin conocer formalmente la denuncia
El padre Tobias Unnerstål fue párroco de Cristo Rey, en Gotemburgo, entre 2007 y 2022. Durante esos quince años la parroquia experimentó un notable crecimiento de fieles, vocaciones y conversiones. La celebración habitual de la Misa tradicional atrajo a numerosas familias jóvenes y el sacerdote impulsó además un proyecto para erigir un Oratorio siguiendo el modelo de san Felipe Neri, iniciativa que había recibido el respaldo escrito del cardenal Arborelius y del vicario general en 2020 y que volvió a ser confirmada pocos días antes de su destitución.
La situación cambió en febrero de 2021, cuando un seminarista —hoy sacerdote de la diócesis— presentó contra él una denuncia por supuestos abusos emocionales, psicológicos y espirituales.
Según el informe, el procedimiento seguido por la diócesis vulneró desde el principio las garantías previstas por el derecho canónico. Aunque la denuncia debía notificarse al sacerdote para que pudiera responder, el documento nunca le fue entregado. En abril de 2021 fue convocado a una reunión con el vicario general, donde únicamente se le leyeron algunos fragmentos de la acusación. Hasta hoy, sostiene la investigación, nunca ha podido acceder al texto completo ni conocer formalmente las pruebas utilizadas en su contra.
Las acusaciones se referían principalmente a tres episodios: la organización del servicio de altar cuando el denunciante era monaguillo, una ayuda económica entregada a petición del propio seminarista y una fotografía tomada durante una peregrinación años antes. El propio vicario general reconoció durante la reunión que no existía ninguna acusación de conducta sexual inapropiada entre ambos.
Aun así, el sacerdote asegura que se le planteó una alternativa: admitir las acusaciones o afrontar una suspensión ministerial. Aceptó inicialmente esa interpretación, aunque posteriormente retiró íntegramente aquella admisión alegando que había actuado bajo presión y que las conclusiones extraídas de cada hecho eran erróneas.
Una campaña para impedir el Oratorio
La investigación presta especial atención al papel desempeñado por Birgitta Gelotte, antigua colaboradora parroquial y amiga del denunciante.
Según el informe, años antes de la denuncia ya había difundido entre distintos sacerdotes acusaciones contra el padre Tobias, calificándolo de alcohólico y homosexual, afirmaciones que diversos testigos consideran falsas. En una carta privada redactada en julio de 2021, la propia Gelotte reconocería que decidió intervenir cuando supo que el sacerdote pretendía fundar un Oratorio en Gotemburgo.
«Sabía que debía hacer todo lo posible para impedirlo», escribió, según reproduce el informe.
En ese mismo documento afirma además que durante años trabajó para convencer al seminarista de reinterpretar su relación con el sacerdote hasta lograr que compartiera su visión de los hechos. Para los autores del informe, estas afirmaciones cuestionan seriamente el origen de la denuncia y la forma en que fue construida.
Destitución, restricciones y victoria en los tribunales
En enero de 2022 el cardenal Arborelius comunicó al sacerdote su salida de la parroquia de Cristo Rey. El anuncio se presentó públicamente como un nuevo nombramiento para coordinar la pastoral vinculada a la Misa tradicional en toda la diócesis, aunque pocos días después comenzaron a imponérsele restricciones progresivas.
Primero se le prohibió trabajar con menores y jóvenes; posteriormente fue apartado del ministerio pastoral ordinario, aunque continuó celebrando la liturgia tradicional y atendiendo algunas comunidades religiosas. Sus antiguos feligreses reaccionaron con una campaña de apoyo que reunió cientos de firmas y testimonios describiéndolo como un sacerdote cercano, entregado y responsable del renacimiento espiritual de la parroquia.
En noviembre de 2024 la situación dio un nuevo giro cuando el cardenal decretó su suspensión y revocó todas sus facultades ministeriales. El sacerdote recurrió la decisión tanto por la vía canónica como por la civil.
La demanda presentada ante los tribunales suecos concluyó en junio de 2025 con una resolución favorable al sacerdote. La diócesis aceptó las pretensiones formuladas en la demanda, lo que llevó al tribunal a anular el despido y condenarla al pago de aproximadamente 240.000 coronas suecas en concepto de indemnización y costas procesales.
El informe critica que el comunicado oficial emitido por la diócesis tras la sentencia omitiera que había perdido el procedimiento judicial y presentara el desenlace como una simple finalización de la relación laboral conforme a la legislación sueca.
El Dicasterio declaró inválida la suspensión
El caso llegó posteriormente al Dicasterio para el Clero.
El 5 de mayo de 2026 el organismo romano concluyó que la suspensión impuesta en noviembre de 2024 había sido adoptada sin seguir el procedimiento canónico adecuado y la declaró inválida.
No obstante, el Dicasterio mantuvo durante tres años diversas restricciones al ministerio del sacerdote, apoyándose en documentación que, según la investigación, nunca ha sido facilitada al propio interesado. El decreto le impide celebrar públicamente la Misa —salvo junto al ordinario del lugar—, predicar y confesar, aunque también establece que la diócesis sigue obligada a garantizar su sustento económico con independencia de la indemnización civil ya percibida.
Los autores del informe consideran especialmente grave que las limitaciones continúen basándose en documentos que el sacerdote nunca ha podido conocer ni rebatir.
El contraste con su sucesor
La investigación contrapone el tratamiento recibido por el padre Tobias con el de quien fue designado para sustituirlo en Cristo Rey, el padre Pär-Anders Feltenheim.
Según el informe, este sacerdote acumulaba desde hacía décadas numerosas quejas relacionadas con su comportamiento hacia jóvenes y con su forma de ejercer el ministerio. Los autores sostienen que varias de esas denuncias habían sido investigadas anteriormente por responsables de la diócesis y habían motivado restricciones pastorales.
Pese a ello, fue nombrado párroco de una de las comunidades más importantes de Suecia. Solo en 2025 fue apartado discretamente de sus funciones tras nuevas acusaciones relacionadas con su actividad en internet. La diócesis presentó públicamente su salida como un año sabático motivado por el agotamiento, sin hacer referencia a las investigaciones internas que, según diversas fuentes citadas por el informe, habrían provocado realmente su relevo.
La diócesis rechaza las acusaciones
Consultado por Diane Montagna, monseñor Jorge de Salas, vicario episcopal para asuntos jurídicos de la diócesis de Estocolmo, rechazó de plano las conclusiones del informe.
Afirmó que la investigación era «anónima», fruto «de mucho enfado» y «no seria», insistiendo en varias ocasiones en esa calificación durante la conversación telefónica. Respecto al caso del padre Tobias, sostuvo que la diócesis había realizado «una investigación adecuada», aunque añadió que su contenido corresponde exclusivamente a la diócesis y al Vaticano.
Una crisis que Roma deberá valorar
El caso del padre Tobias no constituye un episodio aislado, sino la manifestación de un modo de gobierno que habría permitido apartar a un sacerdote sin garantizar plenamente su derecho de defensa mientras otros clérigos con un historial problemático continuaban ocupando responsabilidades pastorales.
La Santa Sede no ha anunciado hasta el momento la apertura de ninguna visita apostólica. Sin embargo, la difusión internacional de la investigación y la proximidad del relevo del cardenal Arborelius sitúan a la diócesis de Estocolmo bajo un creciente escrutinio. Si Roma decide intervenir, el caso podría convertirse en una de las investigaciones sobre gobierno episcopal más relevantes de los últimos años en el norte de Europa.