Dos de las principales organizaciones provida de Estados Unidos se enfrentan a un proceso judicial que podría comprometer su continuidad. El fiscal general de California, Rob Bonta, reclama más de 20 millones de dólares en sanciones contra Heartbeat International y RealOptions por ofrecer información y apoyo a mujeres que, tras iniciar un aborto químico, deciden intentar continuar con su embarazo mediante un tratamiento de reversión. Sus defensores sostienen que el caso trasciende a estas dos entidades y puede sentar un precedente para todas las organizaciones provida y de inspiración religiosa del país.
Más de 20 millones de dólares en multas
El juicio comenzó esta semana ante el Tribunal Superior del condado de Alameda, casi tres años después de que el fiscal presentara la demanda, en septiembre de 2023.
Bonta solicita una sanción de 19,86 millones de dólares contra Heartbeat International y otra de 640.000 dólares contra RealOptions. Ambas organizaciones son entidades sin ánimo de lucro que viven de donaciones privadas y ofrecen asistencia a mujeres embarazadas, incluyendo apoyo material, asesoramiento y alternativas al aborto.
La Thomas More Society, encargada de su defensa, sostiene que unas multas de esta magnitud podrían provocar el cierre de ambas organizaciones.
Ayudan a mujeres que se arrepienten de abortar
El centro del litigio es el denominado tratamiento de reversión del aborto farmacológico, dirigido a mujeres que, después de haber tomado la primera píldora abortiva, deciden continuar con su embarazo.
El aborto químico suele realizarse mediante dos medicamentos. El primero, la mifepristona, bloquea la acción de la progesterona necesaria para mantener el embarazo. El segundo, el misoprostol, provoca las contracciones que culminan el aborto.
La reversión consiste en administrar progesterona antes de que se ingiera la segunda medicación. Diversos médicos y asociaciones como la American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists (AAPLOG), que reúne a miles de especialistas, sostienen que este tratamiento puede permitir la continuidad del embarazo cuando se aplica con rapidez. Otras organizaciones médicas, entre ellas el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), cuestionan su eficacia y seguridad.
La demanda no cuestiona el tratamiento
Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento, según la defensa, es que el Estado de California no sostiene que la reversión del aborto químico sea ilegal.
La demanda se dirige contra la forma en que las organizaciones comunican la existencia de este tratamiento y difunden testimonios de mujeres que lograron continuar con su embarazo. El fiscal considera que esos testimonios constituyen publicidad comercial y, por tanto, están sujetos a la legislación estatal sobre publicidad engañosa y competencia desleal.
La Thomas More Society rechaza esa interpretación y sostiene que Heartbeat International y RealOptions no realizan actividades comerciales, sino que prestan gratuitamente asistencia a mujeres embarazadas como parte de su misión provida inspirada en principios cristianos.
La defensa asegura que no existe ninguna víctima
Tras casi tres años de investigaciones y de fase probatoria, la defensa afirma que el Estado de California no ha presentado ninguna mujer que asegure haber sido perjudicada por la actuación de las organizaciones demandadas.
«El Estado no ha identificado a una sola mujer que afirme haber sufrido daños, haber sido engañada o siquiera haberse mostrado insatisfecha», sostiene la Thomas More Society, que asegura que durante el procedimiento únicamente han aparecido madres agradecidas por la ayuda recibida.
Además, el fiscal solicita multas de hasta 5.000 dólares por cada mujer que contactó con estas organizaciones para informarse sobre el tratamiento de reversión, una petición que la defensa considera desproporcionada.
Un proceso con consecuencias para todo el movimiento provida
Más allá de la situación de Heartbeat International y RealOptions, el caso está siendo seguido con atención por organizaciones provida de todo Estados Unidos.
La Thomas More Society considera que una sentencia favorable a la Fiscalía podría abrir la puerta a nuevas acciones contra entidades religiosas y organizaciones sin ánimo de lucro que informen sobre alternativas al aborto o difundan testimonios relacionados con su actividad asistencial.
Según la defensa, el proceso también plantea interrogantes sobre la aplicación de la propia legislación californiana, ya que la normativa estatal reconoce la protección de quienes ayudan a una mujer embarazada a ejercer sus derechos. En opinión de las organizaciones demandadas, entre esos derechos se encuentra también el de continuar con el embarazo cuando una mujer decide no seguir adelante con el aborto farmacológico.