Diez años después de la legalización de la denominada Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés), la eutanasia se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Canadá. Más de 100.000 personas han fallecido mediante este procedimiento desde su entrada en vigor en 2016 y el país registra actualmente el mayor número de muertes por eutanasia del mundo.
Según datos oficiales del Gobierno canadiense, durante 2024 murieron 16.499 personas mediante MAID, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha. Aunque las autoridades sostienen que el crecimiento parece comenzar a estabilizarse, el número de fallecimientos continúa aumentando año tras año.
La evolución de estas cifras coincide además con un intenso debate sobre la ampliación de los criterios de acceso al programa y sobre las salvaguardias destinadas a proteger a los pacientes más vulnerables.
De excepción legal a una de las principales causas de muerte
La legalización de la eutanasia en Canadá fue consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema dictada en febrero de 2015, que declaró inconstitucional la prohibición vigente hasta entonces. Tras un periodo transitorio, el programa entró plenamente en vigor el 16 de junio de 2016.
Desde entonces, el número de casos ha crecido de forma constante. Entre 2019 y 2022 los fallecimientos por eutanasia aumentaron a un ritmo superior al 30 % anual, una tendencia que convirtió a Canadá en el país con más muertes registradas por esta práctica.
En abril de este año se alcanzó oficialmente la cifra de 100.000 procedimientos realizados desde la entrada en vigor de la ley, un dato que ha reavivado el debate sobre el alcance que ha adquirido el programa una década después de su aprobación.
Los informes gubernamentales señalan que la mayoría de los pacientes fallecidos presentaban una condición médica grave con una muerte considerada «razonablemente previsible». Sin embargo, aproximadamente el 4,5 % de las personas que accedieron a MAID en 2024 no cumplían ese criterio.
Las dudas sobre los controles y las salvaguardias
A medida que aumentan los casos, también crecen las preguntas sobre la capacidad del sistema para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas por la ley.
Un informe publicado en 2024 reveló que los organismos reguladores de Ontario habían identificado más de 400 incumplimientos relacionados con la aplicación de la normativa sobre eutanasia desde 2018. Entre las irregularidades detectadas figuraban errores en la evaluación de la elegibilidad de los pacientes y deficiencias en los procedimientos de notificación obligatoria.
Según el mismo informe, ninguna de estas infracciones dio lugar a actuaciones judiciales.
Las preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema han llegado incluso a organizaciones que respaldaron originalmente la legalización de la eutanasia. La Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica, que participó en las acciones legales que condujeron a la aprobación de MAID, pidió el año pasado nuevas salvaguardias para reforzar la protección de los pacientes.
La polémica ampliación a las enfermedades mentales
Uno de los aspectos más controvertidos del modelo canadiense es la posibilidad de ampliar el acceso a la eutanasia a personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental.
Aunque la entrada en vigor de esta medida ha sido aplazada hasta 2027, la cuestión continúa ocupando un lugar central en el debate público.
La propuesta ha suscitado preocupación entre organizaciones médicas, asociaciones de discapacidad y organismos internacionales. En 2025, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió formalmente a Canadá que suspendiera la ampliación prevista para pacientes con trastornos mentales como única condición de acceso.
Diversos informes han advertido además de que las personas con enfermedades mentales ya aparecen representadas en proporciones significativas entre quienes solicitan acogerse al programa.
Alberta impulsa nuevas restricciones
Frente a la tendencia expansiva observada a nivel federal, la provincia de Alberta estudia actualmente medidas destinadas a reforzar las garantías existentes.
Entre las propuestas figura la protección explícita del derecho de objeción de conciencia de médicos y profesionales sanitarios, así como la prohibición de que el personal médico sugiera por iniciativa propia la eutanasia como opción terapéutica.
Las medidas también contemplan mecanismos específicos para reforzar la protección de menores de edad y de personas que padecen trastornos mentales.
Un modelo observado desde todo el mundo
En los últimos meses, varios proyectos legislativos han encontrado resistencia en distintos parlamentos occidentales. Organizaciones de ambos lados del debate citan con frecuencia el caso canadiense como ejemplo de las consecuencias que puede tener la implantación de este tipo de políticas.
Diez años después de su legalización, Canadá se ha convertido en el principal laboratorio mundial de la eutanasia. Mientras el número de muertes continúa creciendo y persisten las propuestas para ampliar los supuestos de acceso, aumentan también las preocupaciones sobre el impacto que estas políticas pueden tener en las personas más vulnerables y sobre los límites que deben establecerse para proteger la vida humana al final de la existencia.
Fuente: EWTN News