Apenas unas semanas después de que el Gobierno intentara capitalizar políticamente la visita del Papa León XIV a España, PSOE y Sumar han decidido reactivar una de las iniciativas más simbólicas de su programa ideológico: la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. Cuando aún no se han apagado los ecos de una visita que el Ejecutivo esperaba convertir en un respaldo implícito a su proyecto político, los socios de Gobierno vuelven a poner sobre la mesa una reforma dirigida directamente contra uno de los pocos instrumentos legales que todavía protegen el respeto público a las creencias religiosas.
La propuesta pactada entre PSOE y Sumar contempla la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona, entre otros tipos penales relacionados con instituciones del Estado. La iniciativa llevaba años bloqueada en el Congreso, pero ha sido rescatada precisamente en un momento en el que el Gobierno atraviesa dificultades políticas y en el que la utilización propagandística de la figura del Papa no ha producido los resultados esperados.
Durante los días previos a la visita pontificia, diversos sectores próximos al Ejecutivo intentaron presentar a León XIV como un aliado natural de las posiciones políticas de la izquierda española. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos frustró en buena medida esa narrativa. El Pontífice evitó cualquier identificación partidista y mantuvo un discurso centrado en los principios tradicionales de la doctrina social de la Iglesia, la defensa de la dignidad humana, la familia y la libertad religiosa.
Concluida la visita sin los réditos políticos deseados, el Ejecutivo vuelve ahora a un terreno mucho más familiar: la confrontación cultural con las instituciones tradicionales y, particularmente, con la Iglesia católica. La derogación del artículo 525 del Código Penal constituye desde hace años una reivindicación histórica de los sectores más laicistas de la izquierda, que consideran incompatible con su concepción de la libertad de expresión cualquier protección específica frente a actos de escarnio o burla contra las creencias religiosas.
Los defensores de la reforma argumentan que se trata de adaptar la legislación española a los estándares europeos sobre libertad de expresión. Sin embargo, sus críticos señalan una evidente asimetría. Mientras se eliminan las protecciones penales frente a ataques dirigidos contra las creencias religiosas, especialmente las católicas, el ordenamiento mantiene e incluso amplía la tutela de otros colectivos y sensibilidades consideradas merecedoras de protección reforzada.
No es la primera vez que un Gobierno español recurre a cuestiones religiosas en momentos de desgaste político. La experiencia demuestra que las batallas culturales suelen ofrecer una vía rápida para movilizar a determinados electorados cuando otros asuntos resultan más incómodos. En este contexto, la recuperación de una reforma aparcada durante años parece responder menos a una urgencia jurídica que a una oportunidad política.
La eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos supondría la desaparición de una figura que, aunque raramente terminaba en condenas, expresaba un principio básico: que la convivencia exige también ciertos límites frente al insulto gratuito y la humillación pública de las creencias de millones de ciudadanos.
Su derogación será presentada como una victoria de la libertad de expresión. Para muchos católicos, sin embargo, constituye un nuevo episodio de una estrategia política que alterna la búsqueda de fotografías con el Papa cuando conviene y la reactivación del anticlericalismo legislativo cuando aquellas fotografías dejan de ser útiles.