Señor González:
Ha escrito usted un perfil político legítimo sobre las tensiones entre Vox y los obispos. Hasta ahí, está en su derecho. Pero ha levantado un párrafo entero de su pieza sobre la espalda de unas víctimas a las que su propio periódico manipuló y a las que su propio periódico debe todavía una rectificación. No se puede denunciar la instrumentalización de la Iglesia mientras se instrumentaliza a sus víctimas. No se pueden dar lecciones de rigor desde un texto que pende de un testimonio adulterado.
Empecemos por lo esencial, porque ustedes han hecho todo lo posible por enterrarlo bajo capas de política. En el centro de esta historia a la que se refiere hay unas víctimas de abusos sexuales. Personas reales. Un caso real —el del padre Lute en la diócesis de Chiclayo—, documentado, acreditado y, durante años, desatendido. Esa es la noticia. Todo lo demás —Vox, el cónclave, sus filias y sus fobias— es el ruido con el que pretenden taparla.
El 1 de octubre de 2025 entrevistaron durante dos horas a Ana María Quispe Díaz. De esas dos horas extrajeron una versión que invertía el sentido de lo que dijo. Publicaron que el hoy León XIV había sufrido «una campaña de desprestigio». Lo que la víctima declaró, grabación mediante, fue exactamente lo contrario: «Tristemente, Robert Prevost no actuó bien en nuestro caso». El 7 de octubre ejerció su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984. Ustedes dejaron correr el plazo legal de tres días y no la publicaron. Eso no es una «línea editorial»: es un incumplimiento de la ley y una segunda victimización de quien ya había sido silenciada una vez.
Ocho meses después, en lugar de rectificar, doblan la apuesta. El 6 de junio firman ustedes un artículo —«León XIV, el visitante más incómodo e inoportuno para Vox»— en el que la cobertura que este medio ha dado a esas víctimas se convierte, sin más trámite, en una pieza de su tablero político. La causa de unas niñas abusadas pasa a ser, en su relato, un instrumento de «la ultraderecha», una maniobra, un episodio más del pulso entre Vox y la Conferencia Episcopal. Es difícil imaginar un uso más cínico del dolor ajeno.
Se lo decimos con claridad: piensen ustedes lo que quieran de InfoVaticana. Llámennos «ultracatólicos» cuantas veces gusten; es su derecho y nos trae sin cuidado. Discrepen de nuestra visión sobre la gestión de la Iglesia, sobre el cónclave o sobre lo que les venga en gana. Nada de eso está hoy en discusión. Lo que no pueden hacer —lo que ningún medio que se respete debería hacer jamás— es servirse de unas víctimas de abusos a menores para ajustar cuentas con un partido político.
Porque aquí no hay derecha ni izquierda. Aquí hay una denuncia de abusos sexuales tramitada con graves irregularidades; unas víctimas que piden lo mínimo —acceso al expediente, práctica de prueba, que no se conceda una dispensa para cerrar en falso una investigación, un proceso justo y transparente—; y un caso que es una vergüenza para la Iglesia con independencia de quién lo cuente. Que ese clamor lo haya recogido un medio que a ustedes les desagrada no lo convierte en política. Lo convierte, sencillamente, en el periodismo que ustedes no quieren hacer.
Conviene además aclarar algo que ustedes parecen empeñados en ocultar bajo sus categorías ideológicas. Sí, mi nombre es Javier Tebas Llanas, soy abogado y conocí este caso en junio de 2025 trabajando para InfoVaticana. Después conocí personalmente a Ana María Quispe Díaz, escuché su relato, examiné la documentación disponible y decidí ayudarla hasta que se haga justicia porque estaba muy sola. Todo el mundo la había abandonado y hasta retirado la palabra porque la autoridad que la había atendido negligentemente era ahora la persona más poderosa de la Iglesia. Imagínese la posición de una víctima rota psicológicamente en un momento así. Mi implicación en este asunto nace exclusivamente de una convicción jurídica y moral ante unos hechos gravísimos que merecen ser investigados con rigor. Vox no tiene absolutamente nada que ver con ello. Ningún partido político tiene nada que ver con ello. Quienes intentan convertir este caso en un episodio de confrontación ideológica sólo contribuyen a apartar la atención de lo verdaderamente importante: las víctimas y su derecho a la verdad.
Deseo además todo lo mejor para el papa León XIV. Precisamente por eso considero que esclarecer lo ocurrido es también lo mejor para él. La investigación que estamos realizando apunta a que la estrategia seguida durante meses no ha estado orientada a hacer justicia a las víctimas, sino a clausurar el problema de la forma menos costosa posible desde el punto de vista institucional. Estoy trabajando sobre indicios de que detrás de determinadas maniobras existe algún fontanero de tercera categoría de la Curia, más preocupado por gestionar una crisis de reputación que por buscar la verdad. Si alguien cree que proteger al Papa consiste en abandonar a las víctimas o en intentar cerrar en falso un caso tan grave, no sólo perjudica a las denunciantes: perjudica también al propio León XIV y a la credibilidad de la Iglesia.
Terminamos con un ruego y una advertencia. El ruego: dejen a las víctimas de Chiclayo fuera de su pulso con Vox. No las utilicen. No vuelvan a hacerlo. Quien ayuda a unas víctimas de abusos a ser escuchadas no necesita el visto bueno de El País, pero las víctimas sí merecen no ser convertidas en arma arrojadiza. La advertencia: este medio va a seguir contando este caso —el de las niñas de Chiclayo y el de cuantas víctimas acudan a nosotros, sean del signo que sean— hasta que se haga justicia. Con ustedes en contra, si hace falta. Y quienes estamos colaborando en esa tarea seguiremos haciéndolo hasta el final, porque la justicia para las víctimas no es una causa política: es una obligación moral y jurídica.