La campaña de control ideológico impulsada por el régimen de Xi Jinping ha dado un nuevo paso con la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de una ley que obligará a las comunidades religiosas a reforzar la identidad nacional china y a promover activamente la adhesión a los principios políticos del Partido Comunista. La medida afecta directamente a la Iglesia católica reconocida por el Estado y ya está siendo difundida en parroquias y comunidades eclesiales de distintas regiones del país.
Según ha denunciado la revista especializada Bitter Winter, sacerdotes de la Asociación Patriótica Católica China participaron recientemente en actos celebrados en Mongolia Interior para explicar a los fieles el contenido de la nueva Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, considerada por numerosos observadores como una nueva herramienta para acelerar la «sinización» de las religiones.
Sacerdotes promoviendo las consignas del régimen en las parroquias
Las imágenes difundidas por Bitter Winter muestran a sacerdotes repartiendo folletos sobre la nueva legislación en el patio de una iglesia de Mongolia Interior, una región especialmente sensible por la presencia de minorías étnicas y por las tensiones surgidas en los últimos años debido a las políticas de asimilación cultural promovidas por Pekín.
Durante el acto, los clérigos explicaron las directrices del Partido Comunista en materia étnica y animaron a los fieles a desarrollar lo que las autoridades denominan «conciencia nacional, cívica y jurídica».
Según la publicación, el mensaje transmitido fue inequívoco: la vida parroquial, la formación de los creyentes y la actividad de las comunidades católicas deben alinearse plenamente con las prioridades políticas del Estado.
La propia Asociación Patriótica Católica China se ha convertido en una de las principales impulsoras de esta campaña, difundiendo materiales de apoyo a la nueva normativa y promoviendo actividades destinadas a reforzar la adhesión de los fieles a los objetivos del Partido.
La nueva ley convierte la sinización en obligación legal
Aunque las autoridades presentan la ley como una iniciativa destinada a fomentar la unidad nacional y la igualdad entre los 56 grupos étnicos reconocidos por el Estado, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos sostienen que su verdadero propósito es consolidar jurídicamente las políticas de asimilación impulsadas por Xi Jinping.
La norma incorpora al ordenamiento legal chino la estrategia de «sinización» de las minorías étnicas y religiosas, un programa que busca subordinar las identidades culturales, lingüísticas y espirituales a una identidad nacional homogénea definida por el Partido Comunista.
En la práctica, ello supone reforzar el uso del mandarín, reducir la presencia de lenguas minoritarias y exigir que las instituciones religiosas colaboren activamente en la construcción de una conciencia nacional única.
«La religión debe adaptarse al socialismo»
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva legislación afecta directamente a las comunidades religiosas. El artículo 46 establece que las organizaciones religiosas, los seminarios y los lugares de culto deberán promover la conciencia de comunidad de la nación china, perseverar en la sinización de las religiones y orientar a creyentes y líderes religiosos hacia la adaptación a la sociedad socialista.
La norma exige además fomentar el patriotismo y contribuir a la armonía religiosa y social según los parámetros establecidos por el Partido Comunista.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha definido la sinización religiosa impulsada por Pekín como la «subordinación completa de los grupos religiosos» a la agenda política del régimen.
Los católicos de las minorías étnicas, en el punto de mira
Las consecuencias de la nueva normativa podrían sentirse especialmente en regiones donde las minorías étnicas conservan una fuerte identidad cultural y religiosa.
Entre ellas figuran Mongolia Interior, Xinjiang, Yunnan y Guizhou, territorios donde las autoridades llevan años impulsando programas de integración cultural y lingüística cada vez más agresivos.
En Mongolia Interior, escenario del reciente acto denunciado por Bitter Winter, las protestas contra la reducción de la enseñanza en lengua mongola han sido frecuentes durante los últimos años.
La región cuenta además con una presencia católica significativa, fruto de la labor misionera desarrollada durante el siglo XIX.
Dentro de este contexto, las autoridades exigen a los fieles asumir los llamados «cinco reconocimientos» promovidos por Xi Jinping: identificación con la patria china, la nación china, la cultura china, el Partido Comunista y el denominado «socialismo con características chinas».
El acuerdo entre Roma y Pekín vuelve al centro del debate
La nueva ofensiva ideológica vuelve a situar en el centro de la discusión el acuerdo firmado entre la Santa Sede y China en 2018 sobre el nombramiento de obispos.
El pacto, cuyos términos siguen siendo confidenciales, fue renovado por tercera vez en 2024 y permanecerá vigente hasta 2028.
Sus defensores sostienen que ha contribuido a reducir divisiones entre la Iglesia oficial y la clandestina, permitiendo que todos los obispos cuenten simultáneamente con el reconocimiento de Roma y de Pekín.
Sin embargo, sus críticos consideran que el acuerdo ha otorgado al Partido Comunista una influencia creciente sobre la vida interna de la Iglesia y no ha frenado la presión ejercida contra los católicos que se resisten a subordinar la fe a los intereses políticos del régimen.
Con alrededor de diez millones de católicos repartidos entre la Iglesia oficial y la clandestina, China sigue siendo uno de los escenarios más complejos para la libertad religiosa en el mundo. La entrada en vigor de esta nueva ley amenaza ahora con profundizar aún más la tensión entre la fidelidad a la Iglesia y las exigencias de un Estado que reclama una adhesión ideológica cada vez más absoluta.