Conviene empezar por entender qué ha dicho exactamente José Enrique Escardó y por qué importa, porque no estamos ante un crítico más de Jordi Bertomeu. Escardó es el primer denunciante público de la violencia del Sodalicio —desde el año 2000—, el superviviente más visible del caso y la voz que ha encabezado a las víctimas durante un cuarto de siglo. Es también el hombre que en 2025 salió a defender a Robert Prevost de las acusaciones de encubrimiento en Chiclayo, calificándolas de «absolutamente falsas» y atribuyéndolas a una campaña del propio Sodalicio para impedir que llegara a ser Papa. Y es, finalmente, parte del mismo entorno de víctimas que no hace tanto pedía a Roma que respaldara al comisario. Cuando alguien con esa hoja de servicios rompe en público con Bertomeu, no asistimos a una crítica: asistimos al desmoronamiento del aval que legitimaba moralmente todo el proceso.
La ruptura, además, es explícita y va al hueso. Escardó sostiene que el papa Francisco le aseguró que firmaría cuanto le pidiera respecto a Bertomeu, y que el comisario, sabiéndolo, «en ningún momento aceptó ni la más mínima sugerencia de una víctima»; que hace «lo que él quiere»; y que lo que quiere es «hacerse conocido para ser ascendido en la Iglesia mientras engaña a las víctimas». El cargo no es teológico ni doctrinal: es operativo. Acusa de no escuchar precisamente al hombre que personifica el «canal de escucha». Conviene apartar la hojarasca retórica —que Escardó llame a la Iglesia «la institución más corrupta de la Tierra» es una hipérbole de damnificado que cada cual ponderará como quiera—, porque el reproche concreto sobrevive sin ella, intacto: el gestor de la reparación instrumentaliza a quienes dice reparar.
Y hay todavía algo más demoledor. Reafirmándose como primer denunciante, Escardó afirma que la supresión del Sodalicio «ha sido solo nominal», que la estructura sigue operando «con otros nombres y testaferros» y que las escuchas y reparaciones son «baldazos de agua fría para calmar a algunas víctimas y engañar a la opinión pública». Es, palabra por palabra, el diagnóstico que medios como este vienen documentando desde hace meses —el entramado patrimonial intacto, Figari vivo y sostenido, ningún levantamiento real del velo societario—, pero formulado ahora desde el único lugar que ninguna campaña puede deslegitimar: el de la víctima fundacional. Cuando coinciden en el diagnóstico el denunciante histórico y el medio crítico, aunque lleguen por caminos opuestos, al gestor que queda en medio ya no le queda relato.
Porque lo que Escardó añade no cae en el vacío. Cae sobre un expediente que Roma conoce de sobra y que no ha dejado de engrosarse. El comisario que consiguió que un Francisco anciano y deteriorado firmara una amenaza de excomunión contra los dos laicos que lo habían denunciado —decreto que el propio Papa revocó de su puño y letra al comprender el disparate jurídico que le habían colocado delante—. El comisario en cuyo entorno aflora una denuncia falsa contra un sacerdote crítico veintidós días después de que este alzara la voz, con una presunta víctima que ni firmó el documento ni conocía su existencia. El comisario que, fuera de micrófono, despacha el país que investiga como «una selva» donde cada cual «se apaña como puede». El instructor que fue, sucesivamente, redactor del informe, autor de las notas de prensa de la Nunciatura, juez de facto y liquidador de aquello que él mismo había investigado: fiscal, juez, verdugo y notario de su propia obra. Y, mientras tanto, una de las asociaciones afectadas lo lleva a los tribunales en España, con vista señalada para el 22 de junio. No es una sospecha acumulada: es un patrón documentado.
Y aquí está lo que de verdad sorprende, porque no es Bertomeu. Funcionarios con más apetito de protagonismo que solidez técnica los ha habido siempre; es una especie conocida y, en el fondo, menor. Lo que resulta extremadamente difícil de explicar es el empeño de León XIV en sostenerlo. Hablamos del Papa que conoce el Perú mejor que ningún pontífice reciente —veinte años de pastoral, el obispado de Chiclayo incluido—, que tiene el expediente completo sobre la mesa, que ha visto crujir incluso el respaldo de las propias víctimas y que, aun así, en noviembre nombró tres comisarios adjuntos precisamente para reforzar la gestión cuestionada. Prevost ha recibido, de los críticos, de los canonistas y ahora del primer denunciante del caso, exactamente el mismo consejo convergente: que este comisario daña más de lo que repara. Y ha decidido, contra todos ellos, mantenerlo. Que un pontificado que cimentó buena parte de su crédito antiabusos sobre el caso Sodalicio se obstine en conservar a la única figura que lo está erosionando es, sencillamente, la pregunta sin respuesta de todo este asunto.