InfoVaticana ha tenido acceso en exclusiva a otro audio en el que Mons. Jordi Bertomeu Farnós, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y comisario apostólico para la liquidación del Sodalicio de Vida Cristiana, describe Perú —el país en el que opera con mandato pontificio— como «una selva» donde uno tiene que «apañárselas como pueda». Las palabras, pronunciadas en tono coloquial y desenfadado, retratan con una franqueza inusual la mentalidad con la que el funcionario tortosino encara una misión que, a estas alturas, ya nadie en la Curia se atreve a defender sin reservas.
La transcripción literal del fragmento es la siguiente:
«Imagínate ahora en Perú. Qué haces en Perú. Pues esto es muy fácil criticar con ojos de primer mundo, ya sé que esto es totalmente incorrecto, políticamente incorrecto… pero es así, lo que pasa en un país como Perú, donde aquello es una foresta, es una selva, y apáñate como puedas. Que luego dices: oye Jor, que tú lo quieres justificar todo… pero es verdad que hay fallos que se podían haber evitado, pero no es tan fácil».
Es la lógica continuación de un patrón discursivo en el que Bertomeu, en cuanto se aleja del micrófono institucional, se permite hablar del país que le acoge con un supremacismo impropio de cualquier funcionario diplomático y, mucho más aún, de un sacerdote enviado en nombre del Papa para reparar el daño causado a algunas víctimas peruanas de abusos eclesiales.
Un emisario del Papa que desprecia al país que investiga
Que el comisario pontificio para un caso en Perú considere al Perú «una selva» donde cada cual «se apaña como puede» no es una opinión privada que pueda separarse de su función. Bertomeu no está estos días en Lima como turista. Está en Lima en virtud de un mandato pontificio explícito, otorgado primero por el Papa Francisco y confirmado después por León XIV, para liquidar canónicamente el Sodalicio, sus ramas (Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Siervas del Plan de Dios, Movimiento de Vida Cristiana) y, especialmente, para escuchar a las víctimas y articular su reparación.
Es decir: el sacerdote que llama «selva» a Perú es la misma persona a la que las víctimas peruanas deben contarle, una a una, los peores momentos de sus vidas. Es la misma persona que decide, en última instancia, qué denuncias se elevan a Roma, qué expedientes se archivan, qué reparaciones económicas se proponen y qué nombres se hacen públicos. Difícilmente puede pedirse a una víctima que confíe su intimidad herida a un funcionario extranjero que, fuera de cámara, describe su país como una jungla sin ley.
Y, sin embargo, no es la primera vez. El 14 de abril de 2025, en una entrevista en la emisora catalana RAC1, Bertomeu ya se había referido al Perú como un país donde «el 80% de la economía es sumergida», con «mucha minería ilegal, mucha droga, mucho dinero negro que se blanquea», un país «tendencialmente corrupto» en el que incluso se acusaba sin pruebas judiciales firmes a una Fiscal de la Nación de estar «vendida» a un abogado del Sodalicio. Declaraciones por las que la Asociación Civil San Juan Bautista —una de las afectadas por la operación de Bertomeu— le exigió formalmente pruebas que el comisario nunca aportó.
De juez canónico a comentarista geopolítico de barra de bar
El audio al que ha accedido InfoVaticana revela algo más que una metedura de pata. Revela el marco mental con el que Bertomeu opera: el de un funcionario europeo que se siente legitimado para hablar de un país soberano como si fuera una zona tribal a domesticar. La frase «apáñate como puedas» dicha a propósito de un país entero es, literalmente, la negación del principio de subsidiariedad que el propio Bertomeu invocaba ante la prensa días atrás para justificar su modelo de intervención.
Un patrón ya documentado: arbitrariedad, exposición mediática y conflictos de interés
Estas declaraciones llegan en el peor momento posible para Bertomeu. Como InfoVaticana viene documentando desde hace meses, el modelo del comisario pontificio está bajo cuestionamiento creciente:
Conflicto de intereses estructural. Bertomeu fue, sucesivamente, instructor de la misión especial Scicluna-Bertomeu en julio de 2023, redactor del informe que recomendó las expulsiones, redactor material de las notas de prensa de la Nunciatura sobre dichas expulsiones, juez de facto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y, finalmente, comisario liquidador de la institución que él mismo investigó. Fiscal, juez, verdugo y notario de su propia obra, llena de lagunas, de exceso de protsgonismo mediático y de arbitrariedad.
Intento de excomunión instrumental. Bertomeu obtuvo, según consta documentado, la firma de un Papa Francisco ya muy deteriorado físicamente para un precepto penal con amenaza de excomunión contra dos periodistas laicos peruanos —Giuliana Caccia y Sebastián Blanco— cuyo único «delito» había sido denunciarlo penalmente por presunta violación de secreto profesional. El propio Papa, dos meses después, declaró ante los afectados no recordar haber firmado tal precepto y lo revocó.
Asimetría de trato entre víctimas. Mientras las víctimas vinculadas al Sodalicio acceden a una vía extraordinaria, internacionalizada y mediáticamente blindada, otras víctimas peruanas —incluidas algunas vinculadas a diócesis distintas o incluso al Secretariado General de la Conferencia Episcopal Peruana— permanecen atrapadas en el sistema ordinario, muchas veces sin respuesta. La diferencia no la marca la gravedad de los hechos, sino la proximidad personal del comisario al caso.
Impotencia ante el verdadero núcleo patrimonial. Mientras el comisario concede entrevistas y construye su epopeya personal, el entramado patrimonial real del Sodalicio —fundaciones interpuestas, sociedades instrumentales, cementerios privados convertidos en «islas fiscales», circuitos financieros internacionales— sigue sin ser objeto de un genuino levantamiento del velo corporativo. Figari, el fundador convicto, sigue vivo, protegido y económicamente sostenido. Bertomeu, en este capítulo decisivo, no descubre, no controla y no desmantela nada.
Una pregunta sencilla para el Dicasterio
El problema ya no es Bertomeu. El problema es el modelo Bertomeu. Un sistema en el que un oficial de segunda fila del Dicasterio para la Doctrina de la Fe acumula competencias que el Código de Derecho Canónico y Vos Estis Lux Mundi distribuyen entre instancias distintas y controladas; en el que las relaciones personales en Roma sustituyen a los procedimientos universales; y en el que un país entero, soberano y católico, puede ser despachado en privado como «una selva donde uno se las apaña como puede».
León XIV, que conoce Perú mejor que ningún Papa de la historia reciente —veinte años de pastoral, obispado en Chiclayo incluido—, tiene en sus manos una decisión sencilla: o se permite que el modelo Bertomeu siga consolidándose como precedente para futuras intervenciones vaticanas en Hispanoamérica, o se restablece de una vez la dignidad institucional del proceso, devolviéndolo a sus cauces ordinarios, blindando la igualdad de trato entre víctimas y eliminando las figuras híbridas que confunden investigación, juicio, ejecución y portavocía mediática en una sola persona.
Porque hay algo que el Papa peruano-norteamericano sabrá apreciar mejor que nadie: Perú no es una selva. Y los peruanos no tienen por qué «apañárselas como puedan» con un comisario pontificio que, fuera de micrófono, les habla con un tufo supremacista inaceptable.