Demasiadas veces, cuando la cuestión de los abusos sexuales llega al espacio público, la respuesta institucional de la jerarquía de la Iglesia Católica se ha apoyado en una retórica de dilución: «esto pasa en todas partes», «la mayoría de los abusos se producen en el ámbito familiar», «son casos aislados». Las dos primeras afirmaciones son ciertas en términos absolutos. Y, sin embargo, leídas con honestidad, no exculpan en absoluto a la Iglesia.
Hace pocos días, el obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso, declaraba públicamente sobre los abusos: «No basta con perdón, pero hay que decir la verdad, la mayoría de abusos sexuales a menores se dan en el ámbito familiar». La frase es formalmente cierta. Pero es también, en el contexto en que se pronuncia, exactamente el problema. Y lo es por dos razones: por lo que dice y por lo que calla.
Lo que dicen las cifras
El informe del Defensor del Pueblo de octubre de 2023, los trabajos del bufete Cremades & Calvo Sotelo encargados por la Conferencia Episcopal Española, y los grandes informes independientes de Francia (comisión Sauvé), Alemania (estudio MHG), Australia (Royal Commission) y Estados Unidos (John Jay Report) coinciden en una franja estadística estrecha y reveladora. Entre el 3% y el 7% de los clérigos católicos del periodo investigado en cada país aparecen señalados por denuncias de abuso sexual a menores. Es decir: en torno a uno de cada veinticinco sacerdotes, en el escenario más conservador. Uno de cada quince, en el más severo.
Los estudios criminológicos sobre prevalencia de agresores sexuales de menores en la población masculina general adulta, en cambio, sitúan la cifra por debajo del 0,5%. La comparación, hecha con prudencia metodológica, arroja un resultado incómodo pero claro: la probabilidad de que un varón adulto haya cometido abusos a menores es entre cinco y diez veces superior si ese varón es sacerdote. No es un titular incendiario; es la lectura sobria de los informes que la propia Iglesia, en otros países, ha tenido que aceptar.
Decir que «la mayoría de los abusos ocurren en la familia» es matemáticamente correcto: en una España con diecinueve millones de hogares frente a cerca de quince mil sacerdotes diocesanos en activo, los números absolutos no admiten comparación. Obviamente. Pero esa comparación no es la pertinente. La pregunta relevante no es cuántas víctimas produce cada ámbito en términos brutos, sino qué densidad de agresores existe dentro de cada colectivo. Y en esa pregunta —la única honesta— la institución eclesiástica sale muy mal parada.
Que esa frase, además, la pronuncie el obispo de una diócesis donde hace apenas unas semanas se ha producido la detención de un sacerdote por posesión de pornografía infantil, es algo más que una desafortunada coincidencia. Es elegir el púlpito de la estadística agregada antes que el del examen de conciencia institucional. Y mientras eso sucede en el norte, en la archidiócesis de Valencia un cura influencer, dispensador habitual de lecciones morales en redes sociales, resulta que almacenaba fotografías de menores desnudos en su disco duro y la Guardia Civil descubrió descargas de títulos aberrantes. No fue condenado por falta de explicitud sexual en el contenido intervenido, pero ¿qué hizo la Iglesia? No abrió ni proceso, puso al cura primero al frente de un grupo de niños en la colegiata de Gandía, solo ante el escándalo lo movió a un hospital donde tuvo contacto con menores enfermos y – cuando Infovaticana publicó todo- han optado por no tomar medidas y que el cura siga en redes sociales generando una comunidad con decenas de miles de personas en la que se identifica explícitamente como sacerdote. Este es el nivel.
Las objeciones legítimas, y por qué no bastan
Es cierto que el clero ha sido sometido a un escrutinio retrospectivo sin parangón. Comisiones independientes, archivos diocesanos abiertos, llamamientos públicos a víctimas durante décadas: ningún otro colectivo profesional ha pasado por algo semejante en países como España (en otras zonas del mundo no). Es razonable suponer que si profesores, entrenadores deportivos, monitores de tiempo libre o, sí, padres y familiares fuesen investigados con la misma minuciosidad, las tasas detectadas en esos ámbitos también subirían. Esto es verdad. Pero no es una defensa: es, si acaso, una llamada a investigar también en esos otros ámbitos. No a dejar de investigar en el eclesiástico.
También es cierto que el clero no es comparable, sociológicamente, con la «población masculina general». Es un colectivo exclusivamente masculino, en contacto profesional habitual con menores, en posición de autoridad moral y con acceso facilitado a entornos de confianza. La comparación más justa sería con otros varones adultos en posiciones equivalentes de autoridad y contacto con menores. Los pocos estudios que existen en esa dirección estrechan algo la diferencia, pero no la eliminan: la tasa eclesiástica sigue muy por encima.
Y aun aceptando todas las cautelas metodológicas, queda un dato que ninguna estadística puede maquillar: la respuesta institucional. Lo que distingue al caso eclesiástico de otros ámbitos no es solo la prevalencia, sino la existencia documentada, en archivos de medio mundo, de patrones sistemáticos de encubrimiento, traslado de presuntos agresores entre diócesis, presión sobre víctimas y obstrucción a la justicia civil. Esa es la fractura específica. Y esa fractura no se cierra con cifras de contexto.
El silencio de los nuestros
Hay aquí, además, una verdad que los católicos tenemos que mirar de frente. Tendemos a protegernos. Cuando llega un escándalo, lo procesamos en clave de ataque externo: la prensa exagera, los enemigos de la Iglesia aprovechan, el contexto se omite, las cifras se descontextualizan. Y en ese reflejo defensivo —humano, comprensible, históricamente arraigado en una memoria de hostilidad real hacia la fe— estamos dejando que se pudra algo dentro de casa sin querer mirarlo. Confundimos lealtad con encubrimiento, prudencia con omertá, caridad con silencio. Lo decimos con todas las letras: hay un silencio católico que se ha vuelto cómplice por inercia.
No es nuevo. Cualquier institución sometida a presión exterior tiende a cerrar filas; las eclesiásticas, por su naturaleza comunitaria y por su dimensión sobrenatural, lo hacen con más fuerza. Pero esa lógica defensiva, que pudo tener sentido en otros tiempos y frente a otros adversarios, hoy es exactamente lo que impide a la Iglesia hacer lo único que puede salvarla: mirar dentro. Analizar qué está pasando en la formación seminarística, en los criterios de selección, en los mecanismos de supervisión, en la cultura de poder y obediencia que rodea al ministerio. Preguntarse, sin coartadas, por qué los datos son los que son. No para entregar a nadie a la turba, sino porque sin ese examen honesto la herida sigue abierta y la pus sigue saliendo, semana tras semana.
Los fieles que callamos por no dar munición al enemigo deberíamos preguntarnos si, callando, no estamos haciéndoselo más fácil al verdadero enemigo, que está dentro y se llama abuso, encubrimiento, vanidad clerical y miedo institucional al escándalo. La fe no se defiende protegiendo a los suyos cuando los suyos delinquen. Se defiende exigiendo a la propia casa el estándar más alto, no el más indulgente.
Las preguntas que no se pueden hacer (y que hay que hacer)
Hay un examen que la Iglesia española lleva décadas sin querer hacerse en voz alta, y que es preciso poner sobre la mesa aunque incomode. ¿Qué tipo de Iglesia estamos proyectando, y qué tipo de candidato atrae ese modelo? Una liturgia blanda, infantilizada, sentimentalizada, ajena a la solemnidad y a la exigencia clásicas; una catequesis blanda; una predicación temerosa de cualquier verdad incómoda; un ambiente parroquial cuya feligresía estable son, mayoritariamente, señoras mayores: esa Iglesia, ¿qué vocaciones genera? ¿A qué perfiles repele y a cuáles atrae? La pregunta no es retórica ni nostálgica: es estrictamente sociológica.
Hay, además, una cuestión que la corrección política impide formular en casi cualquier tribuna pero que cualquier observador serio del clero contemporáneo conoce: la prevalencia de la homosexualidad en el clero católico actual es, según estudios sociológicos diversos y según declaraciones de altos responsables de la propia Iglesia —incluido el documento de la Congregación para la Educación Católica de 2005 sobre admisión de candidatos al sacerdocio—, notablemente superior a su prevalencia en la población general. Esto es un hecho documentado, no una insinuación. Negarse a analizar siquiera la cuestión, por miedo a ser etiquetado, es exactamente la actitud que ha permitido que durante décadas no se mire lo que había que mirar. La pregunta sobre qué cultura sexual y afectiva real existe hoy en seminarios, presbiterios y residencias eclesiásticas, qué redes informales operan en ellos, qué criterios reales —no los del papel— rigen la selección de candidatos, es una pregunta que merece respuesta. Y la merece dentro de casa, antes de que la responda otro desde fuera.
El mito de la solución administrativa
Conviene además decir algo que en estos años ha quedado oscurecido por el ruido. Ni el informe del Defensor del Pueblo, ni el de Cremades & Calvo Sotelo, ni los protocolos episcopales sucesivos, ni las comisiones diocesanas de prevención van a resolver esto. Son útiles como termómetro, como ejercicio de transparencia parcial, como gesto público necesario. Pero, en lo esencial, son fuego político. Y el fuego político no apaga incendios estructurales.
El abuso sexual a menores es un delito. Y, como tal, sólo tiene dos cauces reales de respuesta: el código penal del Estado y el derecho canónico de la Iglesia. El primero funciona, con sus lentitudes, dentro de los estándares del Estado de derecho. El segundo, hay que decirlo con la franqueza que el momento exige, no funciona. Los procesos canónicos en materia de delicta graviora son un bodrio: lentos, opacos, dependientes en última instancia de la voluntad del ordinario, con plazos eternos, criterios desiguales entre dicasterios y diócesis, y una cultura procesal anclada en lógicas premodernas. La reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico de 2021 fue un paso, pero insuficiente. Mientras la respuesta canónica siga siendo la que es, toda comisión, toda auditoría externa y todo plan de reparación llegarán por detrás del problema. Y los fieles seguiremos enterándonos de los casos, una y otra vez, por los titulares de los periódicos y no por los comunicados de la diócesis correspondiente.