Cuando la Conferencia Episcopal Española se pronuncia sobre inmigración, conviene recordar quién paga el sueldo del que habla. Porque lo que parece una postura pastoral —la insistencia machacona en la acogida, el silencio frente a las consecuencias visibles del fenómeno, la reprimenda automática a cualquier voz crítica e incluso la excomunión retórica de los políticos que la combaten— tiene detrás una contabilidad muy concreta. La Iglesia española no es un observador imparcial del debate migratorio. Es uno de sus principales operadores económicos. Y los operadores económicos, como es sabido, no defienden principios: defienden cuotas de mercado.
El caso más obvio es Accem. Fue creada en 1951 por la propia Conferencia Episcopal con el nombre original de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. En 1990 se desprendió del adjetivo religioso y se reinscribió como entidad civil aconfesional, lo cual no fue un giro ideológico sino una operación administrativa: lo aconfesional accede a líneas de subvención a las que lo confesional no llega. Dos años después firmaba su primer gran convenio con el INSERSO para gestionar Centros de Acogida de Refugiados, y a partir de ahí entró en el círculo cerrado —Cruz Roja, CEAR, Accem— al que el Estado adjudica la acogida sin concurso público real. La presidenta actual sigue siendo religiosa. El vicepresidente, sacerdote. La pintura aconfesional se descascarilla cuando uno mira el organigrama.
Las cifras explican el silencio mejor que cualquier teología. En 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. La estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Es una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al ritmo al que crecen las llegadas irregulares.
Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 movió 486,9 millones de euros, un récord histórico. De esos, 143,4 millones provienen de administraciones públicas: el 29,5% del balance global. La proporción privada es mayor que en Accem porque Cáritas conserva una base de donantes y herencias que la blinda parcialmente, pero ciento cuarenta y tres millones anuales de dinero público no son una propina. Son una dependencia estructural. La propia memoria reconoce que el 47% de las personas atendidas son inmigrantes en situación administrativa irregular: unas 550.000. Cáritas no acompaña residuos del sistema; acompaña, por volumen, sobre todo a quienes han entrado al margen de la legalidad. Y luego defiende públicamente las regularizaciones extraordinarias y la ampliación del arraigo, como hizo durante toda la tramitación de la ILP en el Congreso. La organización que cobra por atender a inmigrantes ilegales hace lobby para que haya más inmigrantes ilegales que regularizar. No hay misterio.
(Por cierto que cuando se habla de Cáritas hay que tener en cuenta que la ONG vive del prestigio y de la reputación de las cáritas parroquiales que nada tienen que ver en esta contabilidad.)
El conjunto del sistema se entiende mejor con una sola cifra: las subvenciones a entidades de acogida sumaron 1.458 millones de euros entre 2020 y 2024 según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión. La acción concertada articulada en 2022 mediante el Real Decreto 220/2022 y la Orden ISM/680/2022 permite adjudicaciones directas, sin concurso, a un grupo cerrado de operadores. Cruz Roja se lleva el 49%. CEAR y Accem rondan, cada una, el 15%. Esas tres entidades concentran alrededor del 85% del total. Dos de ellas —Accem por origen y dirección, Cáritas por dependencia diocesana— son brazos eclesiales. El reparto está cerrado, los actores son siempre los mismos, y los importes crecen año tras año en correlación directa con el flujo migratorio. En 2024 entraron irregularmente 63.970 personas, un 12,5% más que el ejercicio anterior. La industria sigue el mismo ciclo expansivo.
Esto no es caridad. Es contratación pública con etiqueta evangélica. La caridad cristiana, en su definición clásica, supone darle al pobre lo que es tuyo. Lo que aquí ocurre es darle al pobre lo que es del contribuyente, cobrando una comisión por el trámite y reclamando además el monopolio moral de la operación. La diferencia no es semántica. Es estructural. Y explica por qué los obispos españoles, que en el siglo XX se pronunciaron sobre divorcio, aborto, eutanasia, educación o régimen político con energía y a veces con rabia, sobre inmigración ilegal mantienen un nivel de docilidad reverencial. No es que estén convencidos. Es que están comprados. La distinción importa.
Funciona así. Cuando un obispo ve un cayuco en televisión, no ve una cuestión política con dos caras —humanitaria y demográfica, compasiva y prudencial— sobre la que la Iglesia podría aportar matices. Ve una unidad de producción. Cada llegada irregular activa partidas presupuestarias en su diócesis, plazas en pisos tutelados gestionados por Cáritas, contratos con Accem, programas con cofinanciación europea. Cada llegada es facturación. Y cuando alguien se opone públicamente al modelo —un partido, un alcalde, un periodista, un sacerdote díscolo— ese alguien no es un interlocutor: es un competidor que amenaza la cuenta de explotación. La reacción episcopal no se dirige al fondo del argumento sino a la amenaza al ingreso. De ahí el reflejo automático del “racismo”, del “discurso del odio”, del “antievangelio”. No son categorías teológicas. Son escudos comerciales.
La prueba de que esto es así, y no una caricatura, está en el comportamiento asimétrico. Sobre eutanasia, los obispos hablan poco pero hablan. Sobre aborto, han bajado el tono pero todavía emiten alguna declaración anual. Sobre la persecución de cristianos en África, callan casi por completo —ahí no hay subvenciones que defender, así que el celo profético desaparece—. Sobre los abusos sexuales internos, han colaborado lo justo y muchas veces a regañadientes. Pero sobre inmigración hablan constantemente, con doctrina afilada, con condena explícita a quienes disienten, con cartas pastorales, con jornadas, con manifiestos. Es el único tema en el que la Conferencia Episcopal mantiene una activación continuada y sin fisuras. Y es, casualmente, el único tema en el que su red de organizaciones cobra cientos de millones de euros al año.
La hipocresía adicional consiste en que esta militancia se presenta como un cumplimiento del Evangelio. No lo es. El Evangelio no obliga a nadie a abrir las fronteras de su país y mucho menos lo obliga a hacerlo cobrando comisión por la operación. Tomás de Aquino, en cuestiones discutidas que ningún obispo español parece haber releído últimamente, distinguía entre extranjeros pacíficos, extranjeros hostiles y extranjeros peligrosos, y reconocía a la autoridad civil el derecho prudencial de regular su admisión según el bien común. La doctrina social tradicional habla de derecho a emigrar y de derecho del Estado a regular la inmigración como dos principios simultáneos, no como uno solo. La operación intelectual de los últimos veinte años —reducir la doctrina al primero y silenciar el segundo— no es un desarrollo legítimo. Es un ajuste de la teología al modelo de negocio.
Conviene que esto se diga sin adornos. Los obispos españoles no opinan sobre inmigración ilegal: cobran por gestionarla. La hipoteca económica explica la línea editorial. Y mientras esa hipoteca no se levante —mientras Cáritas, Accem y la red diocesana sigan dependiendo del flujo migratorio para sostener su estructura— ninguna intervención episcopal sobre la materia merece ser leída como magisterio. Debe leerse como lo que es: comunicación corporativa de un grupo de interés. El día que un obispo español se pronuncie sobre inmigración después de haber renunciado, en su diócesis, a cualquier subvención pública vinculada al fenómeno, ese día su voz volverá a ser audible. Hasta entonces, lo que se oye no es la Iglesia. Es la facturación.