El 21 de abril el calendario litúrgico recuerda a Anselmo de Aosta, monje benedictino, abad de Bec, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia. La memoria es obligatoria, los textos del oficio son los de costumbre y en alguna parroquia se leerá una homilía sobre el Proslogion y el argumento ontológico, esa pirueta lógica con la que Anselmo creyó demostrar la existencia de Dios partiendo del solo concepto de Dios. Habrá quien recuerde su Cur Deus homo, su latín pulido, su humildad monástica, su talante conciliador. Lo que casi nadie dirá desde el ambón es por qué Anselmo terminó dos veces en el destierro, por qué Guillermo el Rojo y luego Enrique I de Inglaterra prefirieron tenerlo lejos, y qué tenía aquel anciano frágil que ponía nerviosos a los reyes. La respuesta cabe en una sola frase: Anselmo se negó a que el poder civil designara obispos. Por esa terquedad pasó años fuera de su sede, escribió desde el exilio y murió, en 1109, sin haber visto resuelto el conflicto que en su tiempo desangraba a la cristiandad latina.
El asunto se conoce con un nombre técnico que suena a polvo de archivo, querella de las investiduras, y resume una de las disputas políticas más serias de la Edad Media. La pregunta de fondo era sencilla y demoledora a la vez. Cuando un obispo o un abad tomaba posesión de su cargo, recibía dos cosas indistinguibles para el ojo del feudal: un señorío con tierras, vasallos, rentas y jurisdicción, y un oficio espiritual con cura de almas, sacramentos y autoridad doctrinal. La ceremonia consistía en que alguien le entregaba el báculo y el anillo, símbolos visibles del cargo. La cuestión era quién tenía derecho a entregar esos símbolos. Si lo hacía el rey o el emperador, el obispo era de hecho un funcionario de la corona con un añadido sacramental. Si lo hacía el papa o un metropolitano, el obispo era ante todo un pastor, y su vínculo feudal con el monarca quedaba subordinado a una autoridad superior. La diferencia parece ceremonial. No lo era. Determinaba si la Iglesia era una rama administrativa del Estado o una sociedad jurídica autónoma con jefatura propia.
Durante el siglo XI los emperadores germánicos venían nombrando de hecho a los obispos del Imperio, y los reyes francos e ingleses hacían lo mismo en sus reinos. La práctica se llamaba investidura laica y producía una clase episcopal cortesana, simoníaca con frecuencia, que entendía el cargo como una carrera política. Comprar una sede era costumbre tan extendida que la palabra simonía, derivada de aquel Simón Mago que en los Hechos de los Apóstoles quiso comprar el don del Espíritu, se había convertido en sinónimo del modo normal de hacer carrera eclesiástica. La reforma monástica que partió de Cluny y que cristalizó en el papado de Gregorio VII intentó cortar de raíz este sistema. El Dictatus papae de 1075, los decretos sinodales contra la investidura laica y el pulso con Enrique IV son episodios conocidos. Canossa, en enero de 1077, con el emperador descalzo en la nieve esperando la absolución del papa, pasó a la iconografía como el momento en que el poder espiritual humilló al temporal. La realidad fue más enredada y la querella siguió viva durante medio siglo más, pero el principio quedaba sentado: la Iglesia reclamaba para sí, en exclusiva, el derecho a nombrar a sus pastores.
Anselmo fue, en la isla británica, el rostro de esa reclamación. Llegó a Canterbury en 1093, casi a la fuerza, arrancado a su vida contemplativa de Bec por la insistencia de un Guillermo el Rojo que sólo quería un primado domesticado. Pronto el rey descubrió que aquel monje delgado, latinista exquisito y de oración silenciosa, no era manejable. Anselmo sostuvo que el arzobispo de Canterbury debía recibir el palio del papa y reconocer a Urbano II como pontífice legítimo, contra el cisma que el rey prefería mantener para tener manga ancha. Sostuvo también que las sedes vacantes no debían venderse ni dejarse vacías para que la corona cobrase sus rentas, práctica habitual en aquellos años. Y sostuvo, sobre todo, que la investidura por mano del rey era inadmisible. Por todo eso pidió permiso para ir a Roma en 1097 y el rey se lo dio con alivio, confiscándole de paso las posesiones de la sede. Cuando murió Guillermo y subió al trono Enrique I, Anselmo regresó a Inglaterra. La paz duró poco. El nuevo rey exigía que el arzobispo le rindiera homenaje feudal por sus tierras y aceptara obispos investidos por la corona. Anselmo se negó. Volvió a salir de Inglaterra en 1103 y permaneció fuera hasta 1106. El compromiso al que se llegó entonces, ratificado en el Concilio de Londres de 1107, fue uno de los precedentes del que en 1122 se firmaría en Worms entre el papado y el Imperio: el rey renunciaba a entregar el báculo y el anillo, símbolos espirituales, y se reservaba la recepción del homenaje feudal por las temporalidades. La Iglesia conservaba la elección y la investidura espiritual de sus obispos. La distinción puede parecer académica. No lo es. Significa que durante novecientos años la doctrina católica ha sostenido que ningún poder civil tiene derecho a designar obispos.
Esta doctrina no es una opinión devota. Está codificada. El canon 377 del Código de Derecho Canónico vigente, promulgado por Juan Pablo II en 1983, afirma con la sequedad de los textos jurídicos que el Romano Pontífice nombra libremente a los obispos o confirma a los legítimamente elegidos, y añade que en lo sucesivo no se concede a las autoridades civiles ningún derecho ni privilegio de elección, nominación, presentación o designación de obispos. La frase es deliberadamente categórica porque pretende cerrar de un portazo varios siglos de concordatos en que las monarquías católicas, desde los Habsburgo hasta los Borbones, conservaron resabios de patronato regio. Esa cláusula del 377 es, leída en clave histórica, el monumento jurídico que recoge la victoria final de la línea anselmiana. Nada de investiduras laicas. Nadie ajeno a la Iglesia decide quién es obispo de la Iglesia. Por ese principio sufrieron destierros Anselmo, Tomás Becket y centenares de prelados menos célebres. Por ese principio se enfrentaron Pío VII a Napoleón, Pío IX al Reino de Italia, Pío XI al fascismo y a Calles, Pío XII a Stalin y a los regímenes satélites del Este. Los obispos checoslovacos encarcelados, los húngaros bajo arresto domiciliario, el cardenal Mindszenty refugiado en la legación norteamericana de Budapest durante quince años, el cardenal Wyszynski en Polonia, son nombres que pertenecen a esa misma línea. Roma no negociaba la facultad de elegir a sus pastores ni con los emperadores cristianos del medievo ni con los dictadores ateos del siglo XX.
Hasta 2018. El 22 de septiembre de aquel año la Santa Sede y la República Popular China firmaron un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos cuyo texto íntegro nunca se ha hecho público. Lo que sí se conoce, por confirmaciones del propio Francisco y por la práctica de los seis años siguientes, es el mecanismo. Las candidaturas a obispo se elaboran en el seno de la llamada Conferencia Episcopal Católica China, organismo no reconocido por el derecho canónico universal y tutelado por la Asociación Patriótica, que es a su vez una correa de transmisión del Frente Unido del Partido Comunista Chino. Esos nombres llegan a Roma. Roma puede aceptarlos o, en teoría, no aceptarlos. El acuerdo se renovó en 2020, en 2022 y, por última vez, el 22 de octubre de 2024, en esta ocasión por cuatro años, hasta octubre de 2028, lo que la propia diplomacia vaticana ha presentado como una consolidación. Bajo el pontificado de León XIV el mecanismo ha seguido funcionando con normalidad: el primer obispo nombrado por el nuevo papa fue Giuseppe Lin Yuntuan, auxiliar de Fuzhou, en junio de 2025, y a lo largo de ese año se han producido nuevas ordenaciones en Shanghái y Xinxiang dentro del mismo marco.
Conviene desmontar la cosmética del lenguaje. Se dice acuerdo, se dice consenso, se dice diálogo respetuoso y constructivo. Lo que ocurre, traducido al castellano sin maquillaje, es que un partido único marxista leninista, que tiene en su programa la sinización de las religiones y que mantiene en campos de reeducación a más de un millón de uigures musulmanes, propone los nombres de los obispos católicos de su país y el papa los ratifica. La iniciativa de la candidatura está, de hecho, en manos del Estado. La Santa Sede conserva un derecho de veto cuyo ejercicio efectivo es desconocido y, en al menos dos ocasiones documentadas, las propias autoridades chinas han nombrado o trasladado obispos sin el consentimiento previo del Vaticano, sin que tales actos hayan provocado consecuencia canónica alguna. Roma se ha quejado y ha pasado a otro asunto. La asimetría es estructural. Un régimen que persigue a la Iglesia clandestina, que demuele iglesias, que prohíbe a los menores asistir a la catequesis, que sustituye crucifijos por retratos de Xi Jinping en algunos templos y que considera al obispo de Roma una potencia extranjera, ha conseguido lo que no consiguieron Enrique IV ni Felipe el Hermoso ni Napoleón ni Stalin: ser él quien presenta los candidatos al episcopado católico.
El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, nonagenario, ha denunciado el acuerdo desde el primer día con palabras que la curia ha preferido no oír. Habló de traición, de venta de la Iglesia clandestina, de abandono de los obispos y sacerdotes que durante décadas pagaron con cárcel y trabajos forzados su fidelidad a Roma. Fue procesado en Hong Kong en 2022 por colaboración con un fondo de ayuda a manifestantes pro democracia y la diplomacia vaticana apenas movió un músculo en su defensa. La razón es transparente. Cualquier gesto enérgico habría irritado a Pekín y comprometido el acuerdo. La política exterior de la Santa Sede de los últimos años, articulada por el cardenal Pietro Parolin con la lógica realista de la antigua Ostpolitik de Casaroli, ha decidido que en China hay que estar dentro a cualquier precio, que las décadas de catacumba no produjeron resultados, y que vale más una Iglesia oficial controlada y comunicante con Roma que una clandestinidad heroica e incomunicada. Es una opción discutible. Lo que no es discutible es que choca de frente con la doctrina sobre la libertas Ecclesiae que la propia Iglesia ha defendido desde Gregorio VII.
Aquí es donde la fecha de hoy adquiere relieve. Mientras en cada catedral del mundo se celebra la memoria de Anselmo, doctor por antonomasia de la libertad de la Iglesia frente al poder temporal, el sucesor de Pedro mantiene en vigor un acuerdo cuyo contenido sigue secreto, cuya práctica concede al Partido Comunista Chino la iniciativa en el nombramiento de los obispos del país más poblado del planeta, y cuya renovación reciente prolonga la situación hasta 2028. Anselmo escribió desde el exilio que prefería perder la sede antes que recibir el báculo de mano del rey. Hoy se reciben de mano de un comité del Frente Unido. La distancia entre lo que se predica en la liturgia y lo que se firma en la Secretaría de Estado es la medida de una incoherencia que ningún comunicado conjunto disimula.
Se argumentará que la situación china es excepcional, que doce millones de católicos divididos durante setenta años necesitaban una solución pragmática, que el bien posible vale más que el bien ideal, que la unidad sacramental con Roma de todos los obispos es ya un fruto del acuerdo. Algunos de estos argumentos tienen peso y la situación de la Iglesia perseguida en China no admite respuestas simples desde un escritorio europeo. Pero el problema no es prudencial sino doctrinal. Lo que estaba en juego en la querella de las investiduras no era la conveniencia de tal o cual concordato, sino la cuestión teológica de quién es la Iglesia: una sociedad fundada por Cristo con un principio de autoridad propio o una asociación cuya jefatura puede ser cooptada por el poder civil. Anselmo respondió, con la cortesía monástica de Bec y con la firmeza que le costó dos destierros, lo primero. La práctica vigente con Pekín, sin enunciarlo así, responde lo segundo.
La hipocresía no consiste en haber firmado el acuerdo, decisión que pertenece a la prudencia política de los pastores y que admite defensa. Consiste en seguir celebrando con normalidad la fiesta del santo que encarna la doctrina contraria sin ofrecer una sola palabra que reconozca la tensión. Consiste en leer en el oficio de hoy las cartas de Anselmo desde el destierro como un episodio edificante del pasado, sin advertir que la situación que él denunciaba se reproduce, con otros vestidos, en el presente. Consiste en proclamar urbi et orbi el canon 377, redactado precisamente para clausurar la era de las investiduras laicas, mientras se admite de hecho una excepción cuya magnitud demográfica supera la de cualquier otra Iglesia particular en cuya designación episcopal pudieran injerirse los antiguos príncipes cristianos.
Anselmo murió el 21 de abril de 1109, hace novecientos diecisiete años exactos, en Canterbury, después de una vida que combinó la metafísica más fina de su siglo con un pulso largo y desigual contra dos reyes. La Iglesia lo canonizó, lo proclamó doctor en 1720, y lo celebra cada año. La coherencia entre ese homenaje y la práctica diplomática actual con Pekín es asunto que la propia Iglesia tendrá que resolver. Mientras tanto, el lector que asista hoy a una misa en su honor puede plantearse si las palabras del prefacio, que recuerdan su valentía frente a los poderes del mundo, designan únicamente a un personaje del siglo XII o si interpelan también al cuerpo eclesial que las pronuncia.