En una entrevista concedida a El Correo, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, afirmó que «el Papa cree que el cierre del caso Gaztelueta que hizo aquí la Iglesia no fue bueno y que debe cerrarse de otra forma».
Hace algunos días que el Papa Francisco decidió reabrir el caso por la vía canónica. De ahí se entiende las numerosas visitas del cardenal Ladaria, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al Santo Padre.
El Papa Francisco nombró un Tribunal, que estará presidido por el obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué. Este Tribunal también estará formado por José Luis Perucha Rojo, Rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Mirian Cortés Diéguez, Rectora del Universidad Pontificia de Salamanca, y Federico Mantaras, actual delegado para la Causa de los Santos en la diócesis de Jerez y que acaba de ser recientemente relevado como Vicario general de la Diócesis.
¿Investigación canónica contra un laico?
No son pocos los estudiosos que apuntan a este medio el atropello que se está cometiendo al iniciar una investigación canónica contra un laico, ya que este tipo de investigaciones que realiza la Iglesia está reservado a sacerdotes y religiosos.
Menos aún se entiende con el reciente Motu propio “Ad charisma tuendum” en el que se pretende que los laicos miembros del Opus Dei pasean a ser colaboradores sin vínculos jurídicos con la prelatura, aunque esto último está por ver y dependerá de la reforma que haga la Institución de sus Estatutos.
Expertos canonistas señalan a InfoVaticana que no se comprende esta decisión del Papa. En esa misma línea se expresa el periodista José Francisco Serrano en un reciente artículo publicado en Religión Confidencial. Serrano afirma que «me sigue sorprendiendo que un caso juzgado por la justicia civil, el foro al que con frecuencia recurre la Iglesia en primera instancia para este tipo de delitos, se retome ahora en el foro canónico, cuando hasta el presente nadie había denunciado esta situación. Si el problema era que no hubo proceso canónico, porque se entiende que no lo hubo, se supone que fue por motivo y causa consolidada. ¿Cuál fue entonces, y es ahora, el papel de la Congregación para la Doctrina de la fe?», se pregunta el periodista.
Lo que si está confirmado es que en su momento se inició una investigación por parte de la Iglesia que se cerró a los seis meses al no ver indicios sólidos y suficientes para seguir adelante. La justicia civil sí dictaminó sentencia y condenó al profesor a 11 años de prisión, pena que fue rebajada posteriormente a dos años.
Además, como ya publicó este medio, el Tribunal que se ha creado para esta ocasión está hecho a imagen y semejanza de lo dictado por Omella y Arana. Este medio pudo saber que alguno de los miembros de este Tribunal son dirigidos espiritualmente por el propio Arana.
InfoVaticana ha podido saber de fuentes bien informadas de Roma que la pretensión de Omella y Arana sería causar un perjuicio económico al Opus Dei y en el peor de los casos, forzar con esta investigación a que la prelatura expulse al profesor de la Institución fundada por Escrivá de Balaguer.