El Parlamento de Navarra se ha convertido en escenario de críticas y ataques a la asociación Abogados Cristianos que consiguió que el Ministerio del Interior revocara la declaración de «entidad de utilidad pública» a una asociación abortista.
El pasado jueves 5 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía pública la decisión del Ministerio del Interior de declarar entidad de “utilidad pública” a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). Tan sólo unas semanas después, Interior revocaba la declaración de «entidad de utilidad pública» gracias a un recurso de reposición presentado por la asociación Abogados Cristianos. Interior justificaba esta revocación afirmando que FPFE había ocultado una sanción impuesta por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por publicidad ilegal.
La decisión de retirar la calificación de utilidad pública- y por tanto de denegar el acceso a ciertos beneficios económicos y fiscales- a una asociación que promueve el aborto y la anticoncepción ha levantado ampollas entre los que se consideran adalides de los «derechos sexuales y reproductivos», que no han dudado en arremeter contra la asociación Abogados Cristianos, responsable de denunciar la financiación ilícita de FPFE.
En este contexto, los grupos Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSOE e Izquierda-Ezkerra en el Parlamento de Navarra han invitado a la Comisión de Salud de este viernes al presidente de FPFE, Luis Sánchez, para que expusiera su caso. Abogados Cristianos, por su parte, no sólo no ha recibido una invitación a participar en la comisión, sino que esta asociación ha sido protagonista de la sesión por las críticas lanzadas contra ella.
El presidente de FPFE ha definido a Abogados Cristianos como una asociación «ultraconservadora» y ha denunciado que se han sentido «acosados» y «perseguidos» por ella. Asimismo, ha restado importancia al hecho de haber ocultado al Ministerio del Interior la sanción impuesta por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por publicidad ilegal y ha sostenido que la retirada de la calificación de utilidad pública a su asociación se ha debido a «motivos ideológicos».
EH Bildu, Podemos y PSOE se unen contra Abogados Cristianos
Por su parte, Asunción Fernández de Garayalde, miembro de EH Bildu, ha confirmado que uno de los objetivos de convocar al presidente de FPFE era denunciar la actitud restrictiva «de un grupo de abogados» y el trasfondo ideológico de la medida llevada a cabo por el Ministerio del Interior. Esta parlamentaria ha acusado a Abogados Cristianos de trabajar «contra las conductas saludables, respetuosas y de disfrute de manera saludable de la sexualidad».
Durante la sesión y por parte de Podemos, María Teresa Sáez Barrao ha defendido «el carácter de utilidad pública» de la asociación que promueve el aborto y la anticoncepción y ha criticado que desde las entidades públicas se «haga caso» a ciertos grupos por razones ideológicas.
También el Partido Socialista de Navarra se ha unido a las críticas a Abogados Cristianos y ha realizado un alegato en defensa del aborto. La diputada Nuria Medina ha asegurado que retirar la calificación de utilidad pública a FPFE «es un recorte más de derechos del PP» que gobierna «bajo el amparo de grupos de presión ultracatólicos».
Medina ha aprovechado su intervención para realizar una reivindicación laicista y pedir que la religión se mantenga en el ámbito privado. La socialista también se ha lamentado de haber sufrido las «presiones» de grupos católicos y ha ridiculizado a los grupos que «hasta hace dos días teníamos rezando cuando iban mujeres a interrumpir su embarazo».
Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha acusado a Abogados Cristianos de actuar con la intención de «fastidiar al prójimo» y de pretender imponer su moral al resto de la sociedad.
El PP recuerda a FPFE que ocultó una sanción al Ministerio
La nota discordante en una sesión plagada de críticas a Abogados Cristianos la ha protagonizado la diputada de UPN Begoña Ganuza. Ganuza ha manifestado el respeto absoluto de UPN «a otras asociaciones que no piensan como ustedes»– en referencia a Abogados Cristianos- y ha recordado que en democracia existe el derecho «a presentar los recursos de reposición» que se consideren oportunos.
Javier García, diputado del Partido Popular navarro, por su parte, ha recordado al presidente de FPFE que el motivo de la revocación ha sido una sanción administrativa que fue ocultada por la asociación y ha negado que existan «motivos ideológicos» detrás de la decisión del Ministerio del Interior. Ha expresado, asimismo, su sorpresa por el interés de EH Bildu por una cuestión de ámbito estatal.
Castellanos: ‘Sólo han dado voz a una de las partes’
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos ha asegurado que la decisión del Ministerio del Interior «está al margen de una cuestión ideológica» y se basa en la sanción impuesta por la Consejería de Sanidad madrileña.
«Han realizado publicidad ilegal de medicamentos y el ministerio considera que esa publicidad pone en riesgo la salud», defiende Castellanos, al tiempo que ha denunciado que en el Parlamento de Navarra sólo se haya dado voz a una de las partes, a FPFE. «Es una vergüenza y es totalmente sectario», ha criticado.
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