Carlos Morín, condenado a 18 meses de cárcel por matar a once bebés

La sentencia señala que el ginecólogo tenía «plena capacidad para decidir y ordenar el cese de los abortos delictivos en sus clínicas».

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año y medio de cárcel al ginecólogo Carlos Morín por practicar 11 abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona, de los 89 de que estaba acusado, y ha impuesto la misma pena a uno de los psiquiatras de su equipo médico, informa Gaceta.es.

Morin y su esposa, para quienes la Fiscalía pedía cerca de 300 años de cárcel, fueron absueltos en 2013 por la Audiencia de Barcelona al entender que los abortos que practicó en sus clínicas quedaban amparados por la antigua ley o por la aprobada en 2010: o estaban dentro de las 14 semanas de gestación en que se permite la interrupción libre del embarazo o había riesgo de daños físicos o psíquicos para la madre y el feto, sin que se superaran las 22 semanas de plazo máximo, pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio al estimar un recurso de la Fiscalía.

Además ha condenado al psiquiatra Pascual Javier R.M a penas que suman cinco años y medio de prisión, aunque la condena de cumplimiento efectiva es de año y medio de cárcel, tras aplicarles el atenuante de dilación extraordinaria indebida al considerar «injustificados» los casi nueve años transcurridos desde los hechos.

Entiende la sala que solo son contrarios a la ley once de los abortos que se practicaron en sus clínicas Ginemedex, TCB y Emecé de Barcelona, amparados en el supuesto que permite abortar cuando causa un grave riesgo psíquico para la madre. Estos se sustentaron en informes psicológicos «falsos o simulados», por lo que condena además al psiquiatra que firmó los dictámenes, un médico que, añade el fallo, ni siquiera consta que trabajara en la clínica los días en que se llevaron a cabo esas interrupciones del embarazo. La sentencia condena a Morín por entender que no solo era propietario de las clínicas abortivas, sino «el único y verdadero director, artífice y responsable intelectual de toda la actividad que se desarrolla» en sus centros. «El acusado Morín controlaba toda esa actividad hasta en lo que han de considerarse pequeños detalles, de tal manera que ninguna de las personas que trabajaba en alguna de las clínicas tomaba ninguna decisión sin su asentimiento o conformidad», añade el tribunal.

En opinión de la sala, el condenado sabía perfectamente en qué días y en qué horas estaba asegurada la presencia de un psiquiatra en cada una de sus clínicas, «y, por tanto, también sabía con certeza que existían determinados espacios temporales en que no era posible, de ninguna manera», que un médico elaborara el dictamen psicológico exigido. «Al médico ginecológico no se le puede exigir que verifique en cada caso la forma o el procedimiento en que se ha confeccionado el dictamen, sino que es mucho más razonable que su conducta sea analizada desde el principio de confianza entre profesionales de la salud», dice.

El tribunal reprocha en su sentencia al Estado que no haya«asumido ninguna responsabilidad en cuanto al desarrollo reglamentario del sistema legal de indicaciones» ni haya regulado «con un mínimo de profundidad» los contenidos exigibles a los dictámenes en el supuesto de grave daño psíquico para la madre y ha absuelto al resto de procesados por los abortos ilegales, incluida la esposa de Morín, en una sentencia en la que concluye que el ginecólogo tenía «plena capacidad para decidir y ordenar el cese de aquellos abortos delictivos en sus clínicas».