El Observatorio de Ciudadanía Católica y Análisis Social publicó el 26 de octubre de 2026 su Boletín núm. 78, en el que analiza la Ley de Ingresos 2027 y las medidas fiscales asociadas al Paquete Económico. El documento sostiene que se trata de un hito que, junto con las reformas de la llamada Cuarta Transformación, configura un ataque sin precedentes a la economía de las clases medias mexicanas.
El criterio ético que enmarca el análisis es la afirmación de Benedicto XVI en Deus caritas est (n. 28): la justicia es el objeto y la medida intrínseca de toda política y el Estado debe preguntarse no solo cómo realizarla, sino qué es la justicia misma, ante el riesgo permanente de que la razón práctica sea deslumbrada por el interés y el poder.
El boletín parte de tres preguntas: ¿Cómo afectan las decisiones legislativas nacionales a las familias mexicanas? ¿Qué resultado busca la Ley de Ingresos 2027 y a quiénes beneficia o perjudica? y si es justa, ética y necesaria. La respuesta del Observatorio es crítica. Señala que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo dilapidaron recursos públicos y toleraron corrupción y saqueo en beneficio de grupos particulares, entre ellos el denominado Grupo Tabasco. El Paquete Económico 2027, entregado el 8 de septiembre y aprobado sin modificaciones sustantivas, llega en un momento en que se pagan las consecuencias de esas decisiones.
Según el informe, el gobierno busca mayores ingresos de las micro, pequeñas y medianas empresas, de profesionistas, comerciantes, manufactureros y de los trabajadores de la economía informal. Datos de la ENOE-INEGI de septiembre de 2026 sitúan en 32,56 millones los empleos y autoempleos informales frente a 27,41 millones formales. La población ocupada total rondaba los 59,97 millones, con retroceso en informalidad y avance más débil en el sector formal. El Observatorio recuerda que, en los últimos dos años, más de 25 mil empresas se dieron de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por inseguridad, incertidumbre jurídica, reforma judicial, aumentos al salario mínimo, más vacaciones, reducción de jornada y alta carga fiscal.
Las cifras oficiales contrastan con las declaraciones. La presidenta aseguró que se obtendrían mayores ingresos combatiendo elusión y evasión, sin gasolinazos, nuevos impuestos ni mayor endeudamiento. El boletín califica estas afirmaciones de “flagrantes mentiras”. El techo de endeudamiento interno llega a 1,7 billones de pesos y el externo a 13.500 millones de dólares; la deuda pública se situaría en el 55 % del PIB en 2027. El gasto neto propuesto es de 10 billones 636.488 millones de pesos, con ingresos esperados de 9,15 billones (23,2 % del PIB). La recaudación tributaria se proyecta en 6 billones 263.886 millones (15,9 % del PIB), equivalente al 68,4 % de los ingresos. El incremento tributario del 5,9 % se descompone en 2 % por crecimiento económico y 3,9 % por nuevas medidas, casi el doble de lo que se espera del crecimiento (estimado entre 1,5 y 2,5 %).
Entre las reformas destacan límites más estrictos en el ISR para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos (deducciones al 96,67 % o 99 %, amortización de pérdidas al 50 %, reducción del límite de intereses netos del 30 % al 20 %), ajustes en el RESICO (límites de 5 millones para personas físicas y 50 para morales), retenciones en plataformas digitales (2,5 % o 20 % sin RFC), retención de 0,68 % sobre intereses y estímulos selectivos (repatriación al 7,5 %, Plan México, ofertas públicas iniciales). También suben el derecho de no residente y las cuotas de aeronaves y vías férreas. El Observatorio subraya que las grandes empresas son solo el 0,2 % (13.371 unidades) de 5,5 millones; las mipymes generan alrededor del 52 % del PIB y el 72 % del empleo formal, y emplean a cerca de 27 millones de personas.
El gasto no se reduce en programas sociales prioritarios (1 billón 25.388 millones, con pensión de adultos mayores y becas Benito Juárez como mayores rubros), ni en subsidios a obras del sexenio anterior (Tren Maya e Interoceánico, unos 42 mil millones; apoyo a Pemex, 81 mil millones). El endeudamiento de 1,7 billones equivale prácticamente al servicio de la deuda (1,6 billones) y supera lo pagado por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario en 30 años. El boletín advierte sobre la “discrepancia fiscal”, que puede acarrear hasta nueve años de prisión, y sobre la bancarización y digitalización de pagos, orientadas a “atrapar” contribuyentes más que a modernizar. Califica el conjunto de acoso y “terrorismo fiscal” con fines confiscatorios, al inhibir deducciones legalmente reconocidas.
En conclusión, el Observatorio señala que la economía no crece, los recursos se dilapidaron en corrupción y obras faraónicas, la deuda es elevada y las calificadoras acercan a México a la categoría de bonos basura. La pretendida consolidación fiscal (más ingresos, menos déficit, estabilización de deuda) se traduce en la práctica en mayor presión sobre la base cautiva de empresas y trabajadores formales e informales. Anticipa una recaudación inferior a las estimaciones oficiales y un empobrecimiento de millones de familias. Propone acciones ciudadanas: informarse con análisis independientes, conversar el tema y permanecer atentos para actuar de manera organizada si es necesario.
El boletín no niega la necesidad de finanzas públicas sanas, pero insiste en que la medida de toda política es la justicia y que las medidas actuales, al gravar desproporcionadamente a quienes generan empleo y actividad en un entorno de bajo crecimiento e inseguridad, no cumplen ese criterio.
El reporte completo puede ser leído aquí: