La lealtad viene descrita como el cumplimiento de lo que exige la fidelidad y el honor. Es una, sino la más, virtud por excelencia que engloba muchas otras como la rectitud, la nobleza, la honradez y el compromiso.
Sin embargo, esta misma grandeza debe cuidarse para no confundirse con amor ciego, complicidad o sometimiento irracional. Es valorada por todos, independientemente de su credo, condición social o coeficiente intelectual.
La política mexicana ha conocido siempre el valor de la lealtad, pero sobre todo en muchos gobernantes y su modo de ejercer su mandato, la lealtad se ha pervertido. No solo lo pensamos de Morena federal o estatal; también sucede y ha sucedido en otros colores.
Ya no es lealtad a la Constitución, a la ley, a los ciudadanos o incluso a los de su mismo partido político. Es una falsa lealtad, una lealtad de grupo, de tribu y de complicidad, que se cuida por encima de cualquier denuncia, de cualquier escándalo y de cualquier prueba de corrupción.
El mecanismo es conocido y se repite. Aparece una denuncia por abuso de poder, por desvío de recursos, por nepotismo o por vínculos con intereses oscuros. La opinión pública exige una explicación. La oposición pide una investigación. Y en lugar de sancionar, el gobierno federal cierra filas.
El presidente, el secretario, el coordinador parlamentario salen a defender al acusado no con argumentos jurídicos, sino con argumentos políticos: es una campaña mediática.
Esa falsa lealtad opera como un seguro de impunidad. Mientras el funcionario sea útil, mientras movilice votos o controle una estructura territorial, estará protegido.
No importa cuántas carpetas de investigación existan en la Fiscalía, que también ha sido cooptada por la misma lógica de obediencia. No importa cuántos reportajes periodísticos documenten contratos a modo, empresas fantasma, o el enriquecimiento y viajes inexplicables de familiares y amigos. La consigna es clara: a los nuestros no se les toca.
Así se explica cómo personajes señalados por corrupción en Segalmex, uno de los mayores escándalos de desvío de dinero público en la historia reciente, no solo no pisaron la cárcel, sino que fueron reubicados en otros cargos.
Cómo funcionarios acusados de acoso, de abuso sexual o de violencia de género fueron mantenidos como candidatos con el pretexto de que eran víctimas de linchamiento político. Cómo gobernadores y ex gobernadores con Estados sumidos en la inseguridad y el saqueo fueron premiados con embajadas o puestos en el gabinete federal.
Esta protección tiene un costo institucional devastador. Primero, destruye el servicio civil. Lo que importa es la cercanía personal y la sumisión. Se crea una burocracia de incondicionales que no sabe decir que no.
Segundo, normaliza la corrupción. Se establece un doble rasero moral: es imperdonable cuando la hace el adversario, pero es un error menor, cuando la hace un compañero. Las falsas lealtades no son lealtades, son pactos de silencio.
Al final, este sistema no protege a nadie. Tarde o temprano, la acumulación de denuncias, de abusos de poder y de corrupción desborda cualquier relato. La lealtad comprada con impunidad siempre termina en traición.
Lealtades equivocadas puede haber en cualquier ámbito, desde el personal (amigos, compañeros, familia), empresarial, institucional… Nos toca identificar lealtades equivocadas y no hacerles el juego provocándolas o guardando silencio.