El Semanario de Guadalajara.- La búsqueda de la verdad constituye uno de los pilares de toda sociedad libre. El derecho de las personas a recibir información veraz, plural y oportuna forma parte del bien común y fortalece la participación responsable de los ciudadanos en la vida pública. Por ello, la protección de los derechos de las audiencias representa una causa legítima que merece ser promovida y defendida.
¿Defender a las audiencias o controlar la información? En México, la reciente propuesta de lineamientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ha abierto un amplio debate y reflexión. Su propósito es fortalecer la protección de las audiencias y combatir la desinformación. Sin embargo, también ha despertado preocupación sobre los mecanismos mediante los cuales se pretende alcanzar ese objetivo.
Las nuevas disposiciones incorporan elementos que despiertan legítimas preocupaciones, especialmente porque establecen sanciones económicas para quienes difundan información considerada falsa, descontextualizada o presentada fuera de su contexto histórico.
La cuestión central no radica en la importancia de combatir las noticias falsas, sino en determinar quién tendrá la autoridad para decidir cuándo una información es verdadera, falsa o presentada fuera de contexto. La realidad exige investigación, contraste de fuentes, contextualización y una permanente disposición para rectificar cuando aparecen nuevos elementos.
La desaparición de organismos autónomos y la concentración de facultades regulatorias en instancias gubernamentales ha generado interrogantes sobre el delicado equilibrio entre la legítima regulación del Estado y la indispensable libertad de expresión. Una democracia sólida necesita instituciones que protejan simultáneamente el derecho de las audiencias y la independencia de quienes informan.
Esto no significa que los medios de comunicación queden exentos de responsabilidad. Al contrario, están llamados a fortalecer sus códigos de ética, la verificación de la información, el derecho de réplica y los mecanismos de corrección cuando se cometen errores. La credibilidad se construye con transparencia y con un compromiso permanente con la verdad.
También las audiencias tienen una responsabilidad insustituible. En una época marcada por la inmediatez y la sobreabundancia de información, resulta indispensable desarrollar un espíritu crítico que permita distinguir entre información, opinión, propaganda y desinformación. Una ciudadanía formada es la mejor garantía para preservar una comunicación auténticamente libre.
Proteger los derechos de las audiencias es una tarea compartida. Corresponde al Estado establecer un marco jurídico justo; a los medios, ejercer un periodismo ético y profesional y a los ciudadanos, participar con criterio y responsabilidad. Solo así la comunicación podrá seguir siendo un verdadero servicio a la verdad, a la libertad y al bien común.
La libertad de expresión nunca ha sido un derecho cómodo para quienes ejercen el poder, pero tampoco puede convertirse en un privilegio sin responsabilidad para quienes informan. En una democracia madura debe existir un equilibrio que garantice simultáneamente el derecho de la sociedad a estar informada y la independencia de los medios de comunicación.
La mejor protección de los derechos de las audiencias seguirá descansando en periodistas responsables, medios comprometidos con la ética y ciudadanos críticos, antes que en mecanismos que puedan interpretarse como formas de control o censura.