Los cuatro obispos católicos de Massachusetts han respondido con dureza a la gobernadora demócrata Maura Healey, que el viernes 6 de noviembre declaró de emergencia la ley que amplía el aborto a partir de la semana 24 de gestación y bloqueó así la suspensión que sus opositores habían conseguido con una recogida de firmas. En un comunicado conjunto del 7 de noviembre, el arzobispo de Boston, Richard Henning, y los obispos William Byrne (Springfield), Robert McManus (Worcester) y Edgar da Cunha (Fall River) afirman: «Discrepamos respetuosa y apasionadamente de que el aborto, que es quitar una vida humana, pueda considerarse atención sanitaria».
La norma, el capítulo 188 de las Leyes de 2026, fue aprobada por el Legislativo estatal el 31 de julio y firmada por Healey el 10 de agosto. Suprime los límites legales al aborto a partir de las 24 semanas, que hasta ahora exigían un riesgo para la vida o la salud de la madre o una anomalía fetal letal o grave, y deja la decisión al «juicio profesional» del médico. Impide además que un proceso de revisión médica se imponga al médico y a la paciente, y permite ciertos procedimientos en centros autorizados fuera de los hospitales. Debía entrar en vigor el fin de semana del 8 de noviembre.
La coalición Repeal188, encabezada por Massachusetts Citizens for Life y Massachusetts Family Action, presentó más de 113.000 firmas, según los obispos y la prensa diocesana. Bastaban unas 49.700 firmas certificadas para suspender la ley hasta la votación y unas 37.300 para someter su derogación a referéndum en noviembre de 2028. Healey se adelantó a la certificación definitiva y firmó un preámbulo de emergencia al amparo del artículo 48 de la Constitución del estado. «Declaro que esa ley es una ley de emergencia», escribió al secretario de Estado de Massachusetts, William Galvin, según The Boston Globe. La ley queda en vigor de inmediato y el referéndum seguirá su curso, pero sin efecto suspensivo.
La gobernadora sostuvo que la demora prolongaría la incertidumbre de pacientes y médicos, y que las restricciones anteriores obligaban a mujeres con complicaciones graves a salir del estado. Las familias, dijo, no deben quedarse sin la atención que necesitan mientras los votantes deciden. Sam Miele, de Massachusetts Family Action, replicó que la decisión socava el proceso democrático. No es la primera vez que Healey recurre a esta vía: en 2024 declaró de emergencia una ley de control de armas días antes de que sus opositores entregaran las firmas para derogarla.
Los obispos niegan que haya una emergencia que justifique ampliar una ley ya permisiva y piden a los legisladores que reconsideren lo que llaman un «enfoque utilitarista y despiadado» hacia los ancianos, los enfermos, los vulnerables y los no nacidos. Citan a León XIV, que en su primer discurso en Uruguay afirmó que los niños por nacer ya pertenecen a la familia humana. Agradecen el trabajo de los voluntarios que reunieron las firmas en pocas semanas, piden a los católicos que recen por la gobernadora y por los legisladores, y que acompañen a las madres y los padres ante embarazos difíciles. Las citas del comunicado están traducidas del inglés.
No es la primera advertencia de los prelados. En agosto, Henning calificó la ampliación de «grave ofensa contra la santidad y la dignidad de toda persona», y en septiembre los cuatro obispos escribieron que la ley ponía en «peligroso riesgo» a los ciudadanos vulnerables y que sus defensores católicos habían causado un «grave escándalo». La decisión de Healey llega días después de que los votantes de Virginia y Nevada aprobaran en referéndum blindar el aborto en las constituciones de sus estados, en las elecciones del 3 de noviembre.
La gobernadora ha puesto en vigor por la vía de urgencia una ley que más de 113.000 ciudadanos habían pedido suspender hasta poder votarla.
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