La Red Boliviana de Sobrevivientes de Abusos en la Iglesia ha calificado de «mero gesto simbólico» la expulsión del jesuita Francesc Peris, de 84 años, acusado de abusar de 22 menores en España y Bolivia. Así lo declaró su portavoz, Pedro Lima, a The Pillar en un reportaje publicado el 20 de octubre, en el que sostiene que la medida no responde a la complicidad de la Compañía de Jesús y puede servir para eludir la responsabilidad institucional.
La Compañía anunció el 5 de octubre la expulsión de Peris, conocido como «padre Cesc», del estado clerical y de la orden, después de que un proceso penal canónico lo declarase culpable de varios delitos. Sin embargo, el religioso seguirá viviendo en una residencia jesuita, sometido, según el acuerdo suscrito con la orden, a vigilancia y supervisión constantes. InfoVaticana ya informó de aquella decisión y del reconocimiento de «errores graves» por parte de la Compañía.
Las condiciones de su permanencia en la residencia
Según The Pillar, el acuerdo impide a Peris tener contacto con menores o adultos vulnerables, salir de la residencia sin autorización o comunicarse con sus víctimas. Los hechos que se le atribuyen abarcan de 1974 a 2004, y las víctimas sitúan el origen de los abusos en la década de 1960 en un colegio de Barcelona, donde, según su relato, sacaba a los alumnos de clase para llevarlos a su habitación.
Peris fue enviado a Bolivia en 1983, donde trabajó en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, y regresó a España en 1984, de modo que las denuncias continuaron hasta que en 2005 fue trasladado del colegio barcelonés a una residencia. A comienzos de este año, un tribunal español determinó que no podía ser juzgado por la vía penal porque los delitos habían prescrito, extremo que InfoVaticana recogió en enero.
Las víctimas piden que se denuncie a quienes encubrieron
Lima declaró a The Pillar que la expulsión «es meramente un gesto simbólico» y que no hace frente a la complicidad de los jesuitas. Los sobrevivientes acusan además a la Compañía en Bolivia de haber encubierto los abusos de varios sacerdotes, una acusación que han llevado también al ámbito institucional catalán, como publicó este diario en abril. Por su parte, la organización SNAP, red estadounidense de supervivientes de abusos clericales, difundió el mismo día el reportaje bajo el titular de que la expulsión es un «gesto vacío», y resumió la posición de las víctimas con la frase «el perdón no es justicia».
En esa misma línea de reclamar responsabilidades a los superiores, las víctimas del caso Pedrajas han pedido a la Iglesia que excomulgue a los exprovinciales jesuitas Alaix y Recolons, condenados en Bolivia por encubrir los abusos de Alfonso Pedrajas.