La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, que agrupa a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, ha presentado una querella eclesiástica en la que pide la excomunión y la expulsión del estado clerical de los jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, exprovinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, condenados por la justicia boliviana por encubrir los abusos del también jesuita Alfonso Pedrajas. La denuncia, presentada el miércoles 28 de octubre y dirigida al arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio, solicita además que se les prohíba de por vida ejercer cualquier cargo eclesiástico y residir en casas religiosas o cerca de menores, según la agencia EFE.
Los denunciantes acusan a los dos sacerdotes de varios delitos que, según el escrito, están tipificados en el Código de Derecho Canónico: el encubrimiento de delitos contra el sexto mandamiento cometidos por otro clérigo, la absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento con un menor, el abuso de la potestad eclesiástica y delitos contra la dignidad humana. Piden que se abra una investigación previa, que se declare culpables a ambos, que se les imponga la pena máxima y que el expediente se remita al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, según el diario boliviano Opinión, que cita el canon 1717 como base de la petición de investigación.
Alaix, de 86 años, dirigió a los jesuitas en Bolivia entre 1999 y 2007. Recolons, de 82, fue provincial entre 1993 y 1999 y ocupó después un alto cargo de la orden en Roma. En septiembre de 2025, un tribunal boliviano los condenó a un año de prisión por encubrimiento, una condena que, según EFE, se mantuvo pese al recurso de la defensa. El juicio se celebró entre el 16 de julio y el 2 de septiembre de 2025 y se apoyó en el testimonio de cerca de veinte víctimas, en el diario de Pedrajas y en las confesiones a través de las cuales, según esa misma agencia, los superiores habrían tenido conocimiento de los abusos. La sentencia afirma que Pedrajas «involucró a siete provinciales de los jesuitas» y «recibió la protección de la orden», según recoge EFE.
Pedrajas, que murió en 2009, dirigió desde 1971 el colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde, según la investigación que el diario El País publicó el 30 de abril de 2023 a partir de su diario, abusó de decenas de niños. Aquel reportaje sacó el caso a la luz. Desde entonces, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes ha llevado su denuncia más allá de los tribunales bolivianos: en abril de este año, el Parlamento de Cataluña admitió a trámite su petición de investigar el traslado a Bolivia de jesuitas catalanes acusados de abusos.
La querella se presenta pocas semanas después de que la Compañía de Jesús expulsara del estado clerical y de la orden al jesuita Francesc Peris, acusado de abusar de menores durante décadas en España y en Bolivia, tras declararlo culpable en un proceso penal canónico, y de que la orden reconociera entonces «errores graves» ante sus abusos. Ni la Compañía de Jesús ni el arzobispado de Cochabamba se han pronunciado sobre la nueva denuncia, según las informaciones publicadas hasta ahora.
Con esta querella, las víctimas trasladan el caso de los dos exprovinciales del terreno penal al canónico: piden que la Iglesia los juzgue con sus propias leyes por los mismos hechos por los que ya los condenó la justicia boliviana. La decisión de abrir o no una investigación previa corresponde ahora a la autoridad eclesiástica de Cochabamba.
Condenados por la justicia boliviana por encubrir a Pedrajas, los dos exprovinciales jesuitas siguen siendo sacerdotes; sus víctimas piden ahora a la Iglesia que los juzgue.
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