La Rota condena al sacerdote Gonzalo Ruipérez a la expulsión del estado clerical

La Rota condena al sacerdote Gonzalo Ruipérez a la expulsión del estado clerical

El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España ha condenado al sacerdote Gonzalo Ruipérez a la expulsión del estado clerical y le ha impuesto la prohibición de residir en Madrid, según ha adelantado este miércoles Religión Confidencial. La sentencia, dictada después de aproximadamente un año y medio de procedimiento, ha sido recurrida por el sacerdote ante la Rota Romana y, por tanto, todavía no es firme.

La resolución supone un paso decisivo en un caso que InfoVaticana desveló en diciembre de 2024, cuando informó de que el entonces párroco de San Juan de Dios, en la UVA de Vallecas, había sido apartado de sus funciones mientras la Rota investigaba denuncias relacionadas con comportamientos contrarios al celibato sacerdotal y presuntas irregularidades en la gestión económica de la parroquia. La investigación que entonces se encontraba abierta ha concluido ahora, en primera instancia, con la condena del sacerdote.

Expulsión del estado clerical

Según la información publicada por Religión Confidencial, la decisión ya ha sido comunicada a Ruipérez, a la persona denunciante, a la Archidiócesis de Madrid y a la Diócesis de Alcalá de Henares. El sacerdote está incardinado en esta última, aunque durante años desarrolló su ministerio pastoral en Madrid.

El tribunal ha decretado su expulsión del estado clerical y la prohibición de residir en Madrid. Ruipérez, sin embargo, ha recurrido la sentencia ante la Rota Romana, presidida por el arzobispo español Alejandro Arellano Cedillo.

Será ahora el tribunal apostólico quien deberá resolver la apelación. Mientras Roma no se pronuncie, la ejecución de la sentencia permanece suspendida. Tanto la Archidiócesis de Madrid como la Diócesis de Alcalá de Henares han confirmado a Religión Confidencial que tienen conocimiento del recurso.

Un caso adelantado en 2024

La investigación fue revelada por InfoVaticana el 10 de diciembre de 2024. Entonces, para preservar su identidad mientras se encontraba abierto el procedimiento, este medio se refirió al sacerdote por sus iniciales, G. R.

La información adelantó que Madrid lo había apartado de sus funciones después de que el Tribunal de la Rota iniciara una investigación. Fuentes conocedoras del procedimiento señalaron entonces que las acusaciones tenían dos vertientes: comportamientos contrarios al estilo de vida célibe sacerdotal y sospechas de irregularidades en la gestión económica de la parroquia.

La información publicada ahora por Religión Confidencial coincide en esos dos aspectos con lo adelantado hace casi dos años. Según el medio, la instrucción ha sido especialmente larga por el elevado número de personas que han prestado testimonio durante el proceso.

Ruipérez había sido párroco de San Juan de Dios desde septiembre de 2014 hasta que fue apartado en 2024. Aunque dependía canónicamente de Alcalá de Henares, los hechos denunciados se habrían producido mientras ejercía su ministerio en Madrid, razón por la que el arzobispado madrileño asumió inicialmente la gestión y tramitación de la denuncia.

De Madrid a Roma

Según Religión Confidencial, el entonces obispo auxiliar de Madrid y actual obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal, fue quien atendió inicialmente a la persona denunciante. Tras su marcha de Madrid, el fallecido obispo auxiliar José Antonio Álvarez asumió la interlocución.

Ruipérez fue durante años un sacerdote conocido en Vallecas por su intensa actividad social. Durante la pandemia, la parroquia llegó a distribuir decenas de miles de kilos de alimentos y a atender a centenares de familias. En 2017 recibió el Premio Alter Christus de Pastoral Social.

Antes de su etapa madrileña había ejercido como secretario personal de monseñor Manuel Ureña durante distintas etapas de su ministerio episcopal.

El procedimiento entra ahora en una nueva fase. La condena canónica existe, pero no es definitiva: al haber ejercido Ruipérez su derecho de apelación, corresponderá a la Rota Romana decidir si confirma o modifica la sentencia dictada en España. Hasta entonces, la pena de expulsión del estado clerical no será ejecutada.

Ayuda a Infovaticana a seguir informando