El PSOE y Sumar encabezan la lista de responsables políticos de ataques a la libertad religiosa en España

El PSOE y Sumar encabezan la lista de responsables políticos de ataques a la libertad religiosa en España
02/05/2012 Pintadas En La Iglesia De Santa María Magdalena SOCIEDAD GRANADA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA EUROPA PRESS/ARZOBISPADO

El PSOE y Sumar, los dos partidos que integran el Gobierno de España, encabezan la lista de formaciones políticas a las que el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) atribuye ataques a la libertad religiosa durante 2025. De los 306 casos documentados durante el año —la cifra más alta desde que comenzó la serie en 2012—, 105 tienen su origen, según el Observatorio, en representantes políticos o formaciones parlamentarias.

El Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2025, presentado el pasado 15 de septiembre, atribuye 31 casos al PSOE, 26 a Sumar y 18 a Podemos. Para el OLRC, que los dos partidos del Ejecutivo ocupen los primeros puestos supone una «grave responsabilidad institucional».

El Gobierno, «al frente de la responsabilidad política»

El propio Observatorio encabeza este apartado de sus conclusiones con una afirmación inequívoca: «El Gobierno de España, al frente de la responsabilidad política».

Los 105 casos vinculados por el informe a representantes políticos o formaciones parlamentarias representan aproximadamente uno de cada tres ataques registrados durante 2025. PSOE, Sumar y Podemos concentran 75 de ellos.

«Es igualmente inadmisible que los partidos del Gobierno encabecen la lista de responsables políticos. Esto no es laicidad: es laicismo beligerante y hostilidad hacia el hecho religioso», afirma María García, presidenta del OLRC.

La organización incluye dentro de su categoría de «laicismo beligerante» actuaciones que considera orientadas a excluir activamente la religión de la vida pública. Durante 2025 contabilizó 105 casos de este tipo, un 12% más que en 2024, convirtiéndola por segundo año consecutivo en la categoría más numerosa.

El señalamiento del Observatorio llega, además, en un momento en que PSOE y Sumar han acordado impulsar una reforma del Código Penal que contempla la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Ambos grupos presentan la modificación como una ampliación de la protección de la libertad de expresión.

Récord de ataques y los católicos como principal objetivo

El componente político se encuadra en un crecimiento generalizado de los ataques documentados. El OLRC registró 306 casos en 2025, frente a 243 en 2024 y 195 en 2023. Esto supone un incremento del 26% en un año y del 57% en dos años, y constituye el máximo de la serie histórica iniciada en 2012.

Los católicos fueron el principal objetivo, con 173 de los 306 casos, el 56,5% del total. Si se añaden los 33 dirigidos contra cristianos en general, cinco contra evangélicos y uno contra ortodoxos, el número asciende a 212 casos contra cristianos: aproximadamente dos de cada tres.

Entre los cristianos, las dos categorías con mayor incidencia fueron precisamente el «laicismo beligerante», con 60 casos, y el escarnio religioso, con 40.

 

La comunidad judía aparece en segundo lugar, con 40 casos, el 13% del total. El Observatorio destaca que los ataques contra judíos se han multiplicado por trece desde 2022. Los musulmanes sufrieron 26 casos, los Testigos de Jehová 11 y otros 17 fueron clasificados como dirigidos contra todas las confesiones.

Casi un 60% más de ataques contra templos y símbolos

El deterioro registrado por el OLRC también se observa en los ataques materiales. Durante 2025 contabilizó 73 ataques contra lugares de culto y símbolos religiosos, frente a 46 el año anterior, lo que supone un incremento del 59%.

Las vejaciones contra creyentes aumentaron un 67%, hasta alcanzar las 50, mientras que los casos de escarnio religioso crecieron un 7%, hasta los 72. El informe documenta además seis episodios de violencia física contra creyentes, la misma cifra que en 2024.

«Que los ataques a lugares de culto hayan crecido casi un 60% en un solo año es un dato que debería alarmar a cualquier gobierno que se tome en serio la convivencia», advierte García. El Observatorio señala que en buena parte de estos ataques los autores son desconocidos, circunstancia que dificulta su persecución judicial.

RTVE también aparece en el informe

El informe no limita su análisis al ámbito estrictamente partidista. En el apartado mediático, el OLRC atribuye cinco casos a RTVE y recuerda lo ocurrido durante las Campanadas del 1 de enero de 2025, cuando en la televisión pública se mostró una estampa que parodiaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

El Observatorio sostiene que durante 2025 se recurrió de manera reiterada a la libertad artística y de expresión para justificar el escarnio y la ridiculización de los creyentes, especialmente de los católicos, y menciona casos registrados en televisión, radio, cartelería política y actuaciones de carnaval.

«Es inaceptable que la televisión pública, financiada con los impuestos de todos los españoles, incluidos los creyentes, sea uno de los actores que más ataques a la libertad religiosa protagoniza», sostiene García.

El OLRC reclama proteger los sentimientos religiosos

Ante los datos recogidos, el Observatorio exige al Gobierno y a los legisladores proteger los símbolos y lugares de culto, mantener en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, respetar el derecho a rezar en la vía pública y erradicar lo que denomina «laicismo beligerante» de las instituciones y los medios públicos.

El OLRC se define como una asociación civil independiente fundada en 2006. Su informe anual recopila agresiones sufridas por personas debido a su confesión religiosa y ataques contra símbolos y lugares de culto. La organización participa además como asesora en la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio, dependiente del Ministerio del Interior.

«España tiene la obligación, ante sus ciudadanos y ante el derecho internacional, de garantizar que la libertad religiosa no sea un derecho de segunda clase», concluye la presidenta del Observatorio.

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