El arzobispo Renzo Pegoraro, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, ha insistido en la conveniencia de que el Parlamento italiano legisle sobre el final de la vida ante el avance de las normas regionales que regulan el suicidio asistido. El prelado sostiene que «hemos llegado a un punto en el que hay que tomar decisiones» y plantea una regulación nacional después de haber defendido la posibilidad de que los católicos presten su asentimiento a una «ley imperfecta» si con ella pueden evitarse leyes «más permisivas y libertarias».
En una entrevista concedida al Corriere del Veneto y reproducida íntegramente por la Pontificia Academia para la Vida, Pegoraro considera una «señal política equivocada» la reciente ley aprobada en el Véneto para regular los procedimientos sanitarios del suicidio médicamente asistido. Frente a la proliferación de normas regionales, propone que los partidos trasladen la cuestión al Parlamento italiano: «Tiene que haber una decisión a nivel político nacional».
Pegoraro insiste en llevar la cuestión al Parlamento
El planteamiento continúa la posición que Pegoraro había expuesto previamente en una entrevista con Avvenire. Entonces recordó que en Italia «no existe ningún derecho a la ayuda al suicidio» y afirmó que, desde el punto de vista católico, habría que valorar si una eventual norma nacional podría considerarse una «ley imperfecta» a la que fuese moral prestar asentimiento ante el riesgo de que el Parlamento aprobara leyes «más permisivas y libertarias», mucho más lesivas para la dignidad del enfermo y el valor de la vida.
En sus declaraciones al Corriere del Veneto, el presidente de la Academia concreta ahora la vía política que propone. Preguntado directamente si ha llegado el momento de elaborar una ley nacional, responde: «Hemos llegado a un punto en el que hay que tomar decisiones».
Pegoraro señala que el Véneto y otras regiones han optado por legislar, pero cuestiona que esa sea la única alternativa. Propone «presionar a los propios partidos para que el Parlamento discuta una ley sobre el final de la vida», en lugar de que las regiones continúen actuando por separado y la cuestión quede reducida a un asunto administrativo.
«El final de la vida no es solo un problema de procedimiento», sostiene. Según Pegoraro, afecta a la concepción de la vida, la medicina y la sanidad y debe abordarse desde el respeto a la persona, su dignidad y «el valor de la vida humana, que debe ser siempre salvaguardada».
Una «señal política equivocada» desde el Véneto
Las declaraciones llegan después de que el Consejo Regional del Véneto, en el noreste de Italia, aprobara el 2 de septiembre, por 32 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones, una iniciativa popular sobre los procedimientos de asistencia sanitaria regional para el suicidio médicamente asistido. El Véneto se convirtió así en la cuarta región italiana en adoptar una regulación de este tipo, después de Toscana, Cerdeña y Emilia-Romaña.
Pegoraro, natural de Padua, cuestiona precisamente el mensaje que transmite la aprobación de una norma regional sobre esta materia.
El prelado reconoce como positivo que la legislación véneta contemple los cuidados paliativos y el apoyo psicológico, aunque recuerda que los primeros ya deberían estar garantizados. Frente a ello, plantea una «tercera vía» entre «no hacer nada» y aprobar leyes regionales: reclamar a los partidos políticos que impulsen una regulación nacional.
«Preguntémonos qué mensaje político transmite una ley regional», afirma. A su juicio, limitarse a reglamentar las consecuencias de una sentencia judicial supone conformarse con «el mínimo», cuando debería afrontarse la cuestión en su conjunto. «Es complejo, mucho, pero tiene que haber una decisión a nivel político nacional».
Pegoraro contrapone además el protagonismo adquirido por el suicidio asistido a otros problemas de la sanidad italiana. Se pregunta si la población está más preocupada por esta cuestión o por las dificultades para acceder a los tratamientos, las listas de espera, las pruebas urgentes retrasadas durante meses o la falta de atención médica domiciliaria.
«Detenerse no significa colaborar activamente» para provocar la muerte
El presidente de la Pontificia Academia para la Vida acompaña su propuesta legislativa de un rechazo explícito a la intervención médica destinada a provocar la muerte.
Pegoraro recuerda que la medicina puede detener un tratamiento ante la voluntad contraria del paciente, manteniendo siempre la terapia contra el dolor y el acompañamiento. La renuncia a tratamientos desproporcionados o al encarnizamiento terapéutico no equivale, según la enseñanza de la Iglesia, a provocar deliberadamente la muerte.
«Detenerse no significa colaborar activamente con la aceleración del proceso o con provocar la muerte del paciente mediante el suicidio médicamente asistido. Ahí está toda la diferencia», afirma.
Pegoraro invoca expresamente Evangelium vitae, de san Juan Pablo II, y recuerda que el valor de la vida humana debe ser salvaguardado incluso cuando la medicina reconoce sus propios límites y ya no puede curar.
En su entrevista con Avvenire había sido igualmente explícito al afirmar que todo profesional sanitario debe comprometerse a salvar la vida, acompañar al enfermo durante el último tramo de su existencia y nunca provocar su muerte ni colaborar con su suicidio. «El suicidio siempre se ha intentado prevenir, nunca apoyar», sostuvo.
Una «ley imperfecta» y el supuesto de Evangelium vitae
La propuesta de Pegoraro introduce, sin embargo, otra cuestión. El presidente de la Academia no se limita a pedir una aplicación restrictiva de la jurisprudencia existente, sino que plantea que los partidos impulsen una ley nacional sobre una materia que actualmente continúa regulada en Italia por el Código Penal y las sentencias de la Corte Constitucional.
En Avvenire, Pegoraro había explicado el criterio desde el que contempla esa posibilidad. «Desde el punto de vista católico», afirmó, habría que valorar si una eventual norma podría constituir una «ley imperfecta» a la que resultase moral prestar asentimiento ante la posibilidad de que el Parlamento aprobara leyes «más permisivas y libertarias».
El planteamiento remite al número 73 de Evangelium vitae. San Juan Pablo II contempla allí el caso de un parlamentario que, cuando no sea posible evitar o derogar completamente una ley abortista, puede lícitamente apoyar propuestas dirigidas a limitar sus efectos negativos, siempre que su oposición personal absoluta a esa ley injusta sea clara y conocida.
La encíclica se refiere así a una situación en la que una legislación injusta ya existe o no resulta posible conseguir su completa derogación, permitiendo actuar para limitar sus efectos perjudiciales sin que ese voto pueda interpretarse como una aprobación moral de la práctica en cuestión.
La situación italiana presenta unos elementos concretos. La ayuda al suicidio continúa siendo delito y no existe una ley nacional que reconozca un derecho general al suicidio asistido. La sentencia 242/2019 de la Corte Constitucional estableció determinados supuestos de no punibilidad y pidió la intervención del legislador. El propio Pegoraro, sin embargo, ha señalado que el Parlamento es «soberano y libre» y que la aprobación de una nueva ley no puede darse por descontada.
Es en ese escenario en el que el presidente de la Pontificia Academia para la Vida propone ahora que los partidos presionen para que el Parlamento discuta una ley nacional, en lugar de dejar que las regiones continúen aprobando sus propias regulaciones.