En Zamora, el obispo Fernando Valera ha defendido la actuación de la diócesis ante la acusación de abusos sexuales contra un sacerdote diocesano y ha rechazado que el Obispado tuviera conocimiento del caso desde 2023. Según ha explicado, la primera información sobre un posible abuso llegó el 10 de septiembre de 2025 y, a partir de entonces, se abrió la investigación canónica, se contactó con las posibles víctimas, se informó a las autoridades civiles y el expediente terminó siendo remitido a Roma.
Valera ha detallado ahora el procedimiento seguido por la diócesis después de que el pasado 27 de agosto se hiciera pública la existencia del caso. El obispo ha subrayado que incluso se desplazó personalmente a Roma para abordar el expediente y tratar de agilizar su tramitación ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El sacerdote permanece apartado cautelarmente de sus funciones mientras continúan los procedimientos, sin que hasta el momento exista una sentencia.
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La diócesis sitúa el primer aviso en septiembre de 2025
Según la explicación ofrecida por Valera y recogida por ZamoraNews, lo que recibió inicialmente el Obispado no fue una denuncia formal, sino un aviso sobre la posible existencia de un caso de abuso sexual.
El obispo sitúa esa primera comunicación el 10 de septiembre de 2025 y rechaza así que la diócesis tuviera conocimiento de los hechos desde 2023. Tras recibir el aviso, asegura que se contactó con las personas que podían haber sido víctimas para conocer su disposición a prestar declaración y se puso en marcha la correspondiente investigación previa canónica.
Durante esa fase se recabaron testimonios y documentación. Una vez concluida, el expediente fue enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, competente para examinar este tipo de casos.
Valera ha explicado además que viajó personalmente a Roma para tratar el asunto y acelerar su tramitación. Según su relato, una segunda comunicación de la Santa Sede llegó el pasado 27 de julio, después de que la investigación previa hubiera sido remitida al Vaticano. El obispo considera que los plazos seguidos en el procedimiento han sido especialmente rápidos.
Medidas cautelares y comunicación a las autoridades civiles
La diócesis no se limitó al procedimiento canónico. También puso los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia en todo lo que le sea requerido. Esta actuación consta asimismo en el comunicado oficial publicado por el Obispado el 27 de agosto.
En el ámbito eclesiástico se impusieron medidas cautelares al sacerdote: el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión del ejercicio público del ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad.
Valera ha defendido que se actuó preventivamente desde que la diócesis tuvo conocimiento del caso y que se mantuvo contacto con quienes podían haber sido víctimas. Al mismo tiempo, el Obispado ha recordado que las medidas adoptadas son cautelares, no constituyen una declaración de culpabilidad y debe preservarse la presunción de inocencia del sacerdote mientras no exista una resolución de los procedimientos en curso.
«Dolorosa» y «difícil»
El obispo ha calificado la situación de «dolorosa» y «difícil» y ha situado la actuación de la diócesis sobre tres criterios: esclarecer lo ocurrido, colaborar con las autoridades y respetar tanto a las personas denunciantes como al sacerdote investigado.
La explicación de Valera aporta así nuevos detalles a la información conocida a finales de agosto. Entonces, la diócesis comunicó públicamente que los testimonios recibidos atribuían al sacerdote hechos que presuntamente se habrían producido cuando las personas denunciantes eran menores y que la Santa Sede, tras estudiar la investigación previa realizada en Zamora, había determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico.
Formación y prevención de abusos
Valera también ha reivindicado el trabajo preventivo desarrollado en la diócesis. Según ha explicado, durante su episcopado se ha intensificado la formación de quienes trabajan habitualmente con menores en ámbitos educativos, catequéticos y de ocio.
Las acciones de prevención se han dirigido a sacerdotes, catequistas, educadores y monitores de campamentos, dentro del trabajo de protección de menores y personas vulnerables que la diócesis viene desarrollando. Ya en julio de 2025, al presentar el balance anual de la Oficina Diocesana de Protección al Menor, Valera había definido esta cuestión como «prioritaria» y defendido una actuación basada en la «máxima transparencia, seriedad y compromiso».