La Diócesis de Zamora, en Castilla y León, ha informado este jueves 27 de agosto de la existencia de un procedimiento canónico contra un sacerdote diocesano por una acusación de abuso sexual. Según los testimonios recibidos por el Obispado, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando las personas denunciantes eran menores de edad.
El sacerdote ha cesado temporalmente en sus oficios como párroco, tiene suspendido de forma cautelar el ejercicio público del ministerio y no puede participar en actividades en las que estén implicados menores. La diócesis precisa que estas medidas son preventivas y «no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso».
El expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe
Tras recibir la acusación, el obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera, inició una investigación previa canónica en la que se recogieron testimonios y documentación para esclarecer los hechos.
Concluida esta fase, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Tras examinar las actuaciones realizadas por la diócesis, el organismo vaticano determinó la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.
El comunicado diocesano no identifica al sacerdote ni precisa el número de denunciantes, cuándo habrían ocurrido los hechos o las parroquias en las que ejercía.
La Cadena SER ha informado este jueves, citando fuentes propias, de que la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil investigan el caso y de que las primeras denuncias habrían llegado al obispo en 2024. Según esta información, los hechos investigados estarían relacionados con campamentos de verano y las medidas para apartar al sacerdote de actividades con jóvenes se adoptaron en 2025. Estos detalles no figuran en el comunicado difundido por la diócesis.
Los hechos fueron comunicados a las autoridades civiles
El Obispado confirma que puso los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y asegura que mantiene «su plena disposición a colaborar con ellas en todo aquello que pueda ser requerido».
La comunicación a las autoridades civiles se produjo paralelamente a las actuaciones desarrolladas en el ámbito canónico. La diócesis no ofrece en su comunicado detalles sobre el estado de las diligencias civiles.
En cuanto al sacerdote, permanecen vigentes tres medidas cautelares: el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad.
La diócesis insiste en el carácter preventivo de estas medidas mientras se determina la eventual responsabilidad del acusado.
La diócesis pide prudencia y respeto a la presunción de inocencia
La Diócesis de Zamora ha reiterado su compromiso con «la protección de los menores y de las personas vulnerables» y con el esclarecimiento de este tipo de casos en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas.
El Obispado dispone además del Proyecto Kumi, creado por decreto de Mons. Valera para la recepción de denuncias y la prevención y atención de posibles abusos. La iniciativa contempla acompañamiento personal, psicológico, espiritual y jurídico para las personas que denuncien abusos.
Respecto al procedimiento actualmente abierto, la diócesis manifiesta su disposición a la «escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas» y solicita prudencia mientras continúan las actuaciones.
Estas, concluye el comunicado, deberán llevarse a cabo «con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado».