Ulrich Siegmund tiene treinta y cinco años, una hija pequeña, una sonrisa profesional y el mejor resultado electoral de la historia de Alternativa para Alemania: un 44% en Sajonia-Anhalt que lo deja a un solo escaño de gobernar en solitario un estado federado. Siegmund fue bautizado y criado en la Iglesia católica. En 2017 acudió a una ventanilla del registro civil, abonó la tasa administrativa correspondiente y firmó su salida. No abjuró de nada: él mismo ha declarado que lleva los valores católicos «en el corazón» y que lo que rechaza es la institución alemana que los administra. A ojos del sistema eclesiástico germano, sin embargo, ese trámite lo convirtió en un apestado sacramental: sin comunión, expulsado de la vida parroquial, expuesto incluso incluso a quedarse sin funeral católico si fallece.
El resto de la Iglesia universal contempla esta anomalía alemana con una mezcla de estupor y de envidia mal disimulada. A más de un prelado español le encantaría excomulgar a los que no marquen la X en su declaración. Pero el domingo este sistema lucrativo, que constituye un flagrante abuso espiritual, recibió su primer aviso serio de demolición.
Un peaje sobre el bautismo
El Kirchensteuer funciona con una sencillez brutal. Todo alemán inscrito como católico paga, a través de Hacienda, entre un 8% y un 9% adicional sobre su cuota del impuesto sobre la renta. El Estado recauda, se queda una comisión cercana al 3% y transfiere el resto a las diócesis. La única puerta de salida es el Kirchenaustritt, la declaración civil de abandono de la Iglesia.
Las consecuencias de firmar ese papel no hay que deducirlas: están escritas, negro sobre blanco, en el Decreto general de la Conferencia Episcopal Alemana sobre la salida de la Iglesia, promulgado el 20 de septiembre de 2012 y en vigor desde el 24 de septiembre de aquel año. El texto sienta primero el principio:
«Quien declara su salida de la Iglesia ante la autoridad civil competente, por los motivos que sea, infringe el deber de mantener la comunión con la Iglesia (c. 209 §1 CIC) y el deber de aportar su contribución económica para que la Iglesia pueda cumplir sus fines (c. 222 §1 CIC en relación con el c. 1263 CIC)».
[«Wer vor der zuständigen zivilen Behörde aus welchen Gründen auch immer seinen Kirchenaustritt erklärt, verstößt damit gegen die Pflicht, die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren (c. 209 §1 CIC), und gegen die Pflicht, seinen finanziellen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kirche ihre Aufgaben erfüllen kann (c. 222 §1 CIC i.V.m. c. 1263 CIC)».]
La declaración civil constituye, dice el decreto, «una falta grave contra la comunidad eclesial» («eine schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft»). Y a continuación enumera las penas, con precisión de arancel:
«La declaración de salida de la Iglesia conlleva las siguientes consecuencias jurídicas:
1. La persona que ha salido de la Iglesia
– no puede recibir los sacramentos de la penitencia, la eucaristía, la confirmación y la unción de enfermos, salvo en peligro de muerte;
– no puede desempeñar oficios eclesiásticos ni ejercer funciones en la Iglesia;
– no puede ser padrino de bautismo ni de confirmación;
– no puede ser miembro de los consejos parroquiales ni diocesanos;
– pierde el derecho de sufragio activo y pasivo en la Iglesia;
– no puede ser miembro de asociaciones eclesiásticas públicas».
Para casarse por la Iglesia necesitará permiso expreso del ordinario del lugar, previa promesa de conservar la fe y educar católicamente a los hijos (punto 2). Si trabaja para la Iglesia, se activan las consecuencias laborales previstas, es decir, el despido (punto 4). Y el punto 3 llega hasta la tumba:
«Si la persona que ha salido de la Iglesia no ha mostrado antes de la muerte señal alguna de arrepentimiento, puede denegársele el funeral eclesiástico».
[«Falls die aus der Kirche ausgetretene Person nicht vor dem Tod irgendein Zeichen der Reue gezeigt hat, kann das kirchliche Begräbnis verweigert werden».]
La denegación es facultativa —decide el párroco, apoyándose en la figura del «pecador manifiesto» del canon 1184— y muchos sacerdotes alemanes no la aplican. Pero la amenaza está escrita en un decreto vigente, y cada alemán que firma la baja recibe además, por mandato del mismo decreto, una carta pastoral tipo de su párroco notificándole, una por una, todas estas consecuencias, incluida la fúnebre.
Semejante arquitectura hace cotizar la comunión eclesial según baremo fiscal: quien deja de pagar deja de ser, en la práctica, católico de pleno derecho, aunque rece el rosario a diario; quien paga el impuesto estatal sigue siéndolo aunque no pise una iglesia desde su primera comunión. Nótese que el decreto no exige indagar si hubo apostasía, herejía o cisma; basta el trámite, «por los motivos que sea». La propia Santa Sede había enseñado exactamente lo contrario. El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, con la decisión previa de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estableció en su carta circular de 13 de marzo de 2006 a todos los presidentes de las conferencias episcopales:
«El acto jurídico-administrativo de abandono de la Iglesia de por sí no puede constituir un acto formal de defección en el sentido que éste tiene en el CIC, porque podría permanecer la voluntad de perseverar en la comunión de la fe» (n. 3).
Para que exista verdadera defección, precisa el documento romano, hace falta «una verdadera separación con respecto a los elementos constitutivos de la vida de la Iglesia: supone por tanto un acto de apostasía, de herejía o de cisma» (n. 2), manifestado por escrito ante el ordinario o el párroco, único competente para juzgarlo (n. 5). Y remata con el principio teológico que el sistema alemán pisotea:
«Queda claro, en cualquier caso, que el vínculo sacramental de pertenencia al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, dado por el carácter bautismal, es una unión ontológica permanente y no se pierde con motivo de ningún acto o hecho de defección» (n. 7).
Seis años después de proclamar esa doctrina, la Congregación para los Obispos otorgaba la recognitio (28 de agosto de 2012, Prot. n. 834/84) al decreto alemán que sanciona sacramentalmente el mero trámite registral, como la propia DBK se encargó de subrayar para revestirlo de «la necesaria aceptación del legislador universal». Roma escribió la doctrina en 2006 y firmó la excepción alemana en 2012; el lector puede calcular cuántos miles de millones pesaron en la balanza.
Condicionar los sacramentos —la gracia, en un vocabulario que los sínodos alemanes ya casi no emplean— al pago de un tributo estatal constituye una forma institucionalizada de abuso espiritual. Simonía con retención en nómina. Sus víctimas se cuentan por millones: alemanes de bautismo y de cultura católica, como Siegmund, empujados a elegir entre su bolsillo y una pertenencia que la propia Iglesia les vendía como mercancía tarifada.
La paradoja del cofre lleno y el templo vacío
Los números de 2025, publicados por la propia Conferencia Episcopal, componen un retrato sin retoques. Las 27 diócesis recaudaron 6.751 millones de euros en Kirchensteuer, el segundo mejor ejercicio de su historia tras 2022. Ese mismo año salieron de la Iglesia 307.117 personas, se celebraron 109.028 bautizos —la mitad que hace una década larga—, 19.478 bodas religiosas, y la asistencia dominical quedó en el exiguo 6,8% de los católicos. En toda Alemania hubo 25 ordenaciones sacerdotales. Veinticinco, para veintisiete diócesis. En veinte años la Iglesia alemana ha perdido más de una cuarta parte de sus fieles y ha aumentado su recaudación un 70%.
La explicación de la paradoja es puramente contable: el impuesto va enganchado a los salarios y a las rentas del capital, que suben, mientras los que se marchan son jóvenes que apenas tributaban. Una máquina de exprimir a la generación que ahora se jubila, la última que paga. Los cálculos internos de las diócesis, que ya han anunciado recortes por más de 550 millones, dan por hecho el desplome cuando la generación del milagro económico abandone la vida laboral; la siguiente ya se dio de baja o nunca fue bautizada.
Con ese dinero se ha financiado entretanto el aparato eclesiástico mejor pagado del planeta —con sueldos episcopales abonados en gran parte por el Estado en virtud de las viejas Staatsleistungen—, un archipiélago de burocracias diocesanas y el juguete más caro de todos: el Camino Sinodal, esa asamblea permanente que lleva años exigiendo a Roma bendiciones para parejas homosexuales, diaconado femenino y revisión de la moral sexual, sostenida íntegramente por la caja del impuesto. La Iglesia con menos vocaciones y menos práctica de Occidente pretende dar lecciones doctrinales al resto, y puede hacerlo por una sola razón: paga.
Por qué cunde el pánico
Lo del domingo en Sajonia-Anhalt explica el nerviosismo episcopal mejor que cualquier encuesta. El programa con el que Siegmund rozó la mayoría absoluta propone suprimir los pagos del estado federado a las iglesias, acabar con la recaudación estatal del Kirchensteuer y pasar factura al asilo eclesial. El obispo de Magdeburgo, Gerhard Feige, pidió el voto contra AfD hasta la misma mañana electoral; el 44% de los votantes le respondió lo que piensa de sus consejos. En dos semanas votan Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín. En Sajonia-Anhalt los católicos rondan apenas el 3% de la población. El Este alemán ya es tierra postcristiana, y los pastores no combaten allí por unas almas que perdieron hace décadas, sino por el modelo de financiación que el Este puede empezar a desmontar.
Ahí reside la verdadera fragilidad del sistema: el Kirchensteuer no descansa sobre ningún derecho divino sino sobre la inercia histórica y sobre la voluntad del poder político de seguir prestando su aparato recaudatorio. Bastaría con que un gobierno regional, y después uno federal, retirase a Hacienda de la ecuación para que la Iglesia alemana tuviera que hacer lo que hacen todas las demás: pedir a sus fieles que den libremente. Con un 6,8% de práctica dominical, todos en Bonn y en Fulda saben lo que eso significaría.
La factura llega a Roma
El asunto dejó hace tiempo de ser un problema alemán. La Santa Sede arrastra déficits estructurales de decenas de millones y un agujero multimillonario en su fondo de pensiones, y en ese cuadro Alemania ha sido durante décadas el contribuyente silencioso e imprescindible: aportaciones de la Asociación de Diócesis (VDD) al sostenimiento de instituciones de la Sede Apostólica, financiación de universidades, colegios y causas romanas, el Óbolo de San Pedro, y el gigantesco entramado de las obras de ayuda —Adveniat, Misereor, Missio, Renovabis— que riega a la Iglesia de medio mundo, de América Latina al Este europeo, y que compra de paso una influencia formidable en los episcopados receptores.
Ese dinero explica muchos silencios. Explica que un Camino Sinodal en rebeldía doctrinal casi permanente haya sido tratado con guante de seda mientras a otros se les aplicaba la cirugía sin anestesia. Roma ha tolerado a la Iglesia alemana lo que no toleraría a ninguna otra porque ninguna otra sostiene su presupuesto en semejante medida. La pregunta que León XIV tendrá que hacerse, y que su Secretaría de Economía ya se hace en voz baja, es qué ocurre cuando esa fuente se seque: por demografía, con la jubilación de los últimos contribuyentes, o por política, si el desmontaje que asoma en Magdeburgo llega a Berlín. Las dos vías conducen al mismo sitio, la primera es matemáticamente segura pero la segunda parece inminente.
La Iglesia alemana naufraga ante una sociedad que le ha dado la espalda, aferrada a la tabla de salvación de un impuesto que fabrica apóstatas administrativos a razón de trescientos mil por año. Cuando esa tabla se hunda —y los votantes de Sajonia-Anhalt acaban de darle el primer hachazo—, el Vaticano descubrirá cuánto de su gobierno de las últimas décadas estuvo hipotecado a la caja registradora renana. Quizá entonces alguien recuerde que la Iglesia vivió diecinueve siglos sin funcionarios de Hacienda haciendo de sacristanes, y que hoy solo crece allí donde dar es un acto de fe y no una retención salarial.